Oaxaca, Oax., Con poco más de dos años en el poder, el gobernador Salomón Jara Cruz logró poner en su contra a importantes sectores de una sociedad oaxaqueña altamente politizada, que protesta por la aplicación de medidas impopulares, el incremento de la delincuencia, un alto índice de desapariciones forzadas, feminicidios, evidentes casos de corrupción, nepotismo y hasta presuntos vínculos de funcionarios del gabinete, alcaldes y legisladores, con la delincuencia organizada.

El descontento se articula en un movimiento que desde ahora llama a votar por la revocación de mandato en 2026, cuando se cumpla la mitad del periodo gubernamental.

Bajo la capa de la propaganda de la primavera oaxaqueña y el discurso machacón de Jara Cruz, quien sostiene que nuestra gente está feliz, subyace en el estado la abierta molestia entre buena parte de la población por la escasez de medicamentos, falta de atención en hospitales y una ola creciente de violencia, asesinatos, ejecuciones, desapariciones, feminicidios, robos y asaltos, incluso en pleno centro de la capital. La inseguridad es tal que el equipo de coordinación de giras de Jara sufrió, el 6 de febrero, un intento de asalto, cerca de Ayotzintepec.

Según la estadística mensual de la Fiscalía General del estado de Oaxaca, 697 personas sufrieron desaparición forzada por particulares en 2024. Enero de este año cerró con 69 homicidios.

El panorama se agrava por la imposición de proyectos, como un basurero de tres hectáreas en Xoxocotlán, obra controlada y vigilada por el sindicato Catem Joven y sus grupos de choque.

Al entrar a su tercer año de gobierno, la gestión de Jara Cruz se caracteriza, además, por una incidencia de nepotismo sin precedente y que tiene su ejemplo más claro en el control que ejerce su hermano Noé en el ayuntamiento de la capital, por encima del alcalde Raymundo Chagoya (PVEM). Apenas el martes pasado, la hija mayor del gobernador, Shunaxhi Nabaany, fue designada delegada del Infonavit en el estado.

Persisten las denuncias de corrupción y una política de persecución contra movimientos sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, mientras crece la presencia de la delincuencia organizada.

Agrupaciones sociales como Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (Oidho) y el Frente Popular Revolucionario (FPR), así como actores políticos, como el delegado del PT en el estado, Benjamín Robles Montoya –que compartió gabinete con Jara Cruz en el sexenio de Gabino Cué, postulado por la coalición PAN-PRD–, señalan abiertamente los presuntos nexos de funcionarios y legisladores con el crimen organizado.

Robles Montoya llama hamponino o Nino el Sospechoso a Antonino Morales Toledo, senador por Morena y aspirante a relevar a Jara Cruz en 2028. La Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas en 2020, cuando era alcalde de San Blas Atempa, tras una investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado.

En junio pasado, Robles Montoya llamó criminal al gobernador por sus presuntos nexos con grupos delincuenciales y lo señaló por financiar a lo mejor del huachicoleo: la campaña del PVEM para la capital.

En entrevista, Carlos Daniel Lara Juárez, del FPR, sostiene: hoy, Oaxaca es el claro ejemplo de que el crimen organizado es ya un poder político y económico legal, que impone a diputados locales, alcaldes, diputados federales y a un senador.

Alejandro Cruz, de Oidho, señala que la presencia del crimen organizado y su penetración en las esferas de gobierno es inocultable y que, si hace una década había cierto control de la seguridad, ahora se diluyó. El estado está totalmente rebasado, el crimen organizado controla muchas cosas, incluyendo la cuestión política. Muchos presidentes municipales provienen del crimen organizado y nosotros no podemos ocultar eso.

El profesor Rogelio Vargas Garfias, de la Unión de Trabajadores de la Educación e integrante de la sección 22 del sindicato magisterial, afiliada a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), señala, por su parte, que el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo), Emilio Montero Pérez, tiene muy mala reputación. Fue alcalde de Juchitán, el municipio más violento e invadido por el crimen organizado.

Es además –dice– socio del ex alcalde de San Blas Atempa, el senador Antonino Morales Toledo, que ahora es el representante del Senado ante el Corredor Interoceánico.

Bajo la administración de Montero Pérez, añade, el Ieepo es un instituto podrido. ¿De dónde sale el dinero para comprar consciencias? Pellizcándole al presupuesto, que debería destinarse a las escuelas.

En ese contexto, la inseguridad no cesa. Enero cerró con 69 asesinatos, el más reciente, el viernes 31, en el estacionamiento de un centro comercial, a siete calles de la alcaldía de la capital. Por otro lado, un grupo de 14 jóvenes que regresaba de vacaciones de Puerto Escondido continúa desaparecido desde el 7 de enero.

El año pasado hubo registro de mil siete asesinatos, 3.4 por ciento más que 2023, cuando llegaron a 970, una estadística que dejó fuera a Oaxaca de los cinco estados más seguros. Pero la versión oficial es distinta y en redes sociales el gobierno del estado paga campañas que ubican a Jara Cruz entre los mejores 10 gobernantes del país.

Todos los días hay reportes de homicidios, desapariciones, ejecuciones. Pero a la información y a las críticas de organizaciones, activistas y actores políticos por la inseguridad, la respuesta del gobernador y su secretario de Gobierno, José de Jesús Romero López, es la descalificación.

El miércoles 29 de enero, en una conferencia de seguridad, Romero López se quejó de la difusión de la protesta de la saxofonista María Elena Ríos, en la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum, el viernes 24 en Mitla.

Según el funcionario, existe una narrativa en contra de Jara Cruz que, “más lo de La Jornada, más algunos columnistas nacionales de paga –que conocemos bien que disparan para un lado, les decimos sicarios mediáticos, se dedican a eso– buscan crear un escenario artificial… la Presidenta se fue muy feliz de Oaxaca”.

Ese es el sello de la casa. Activistas y legisladores reprochan que, a cualquier inconformidad social y a los reclamos por falta de justicia ante desapariciones y feminicidios, la respuesta es una campaña de desprestigio desde el palacio de gobierno.

Ante las críticas, la consigna política es la persecución. Todo mundo se queja de la inseguridad, de los crímenes en las ocho regiones; todos los días hay señalamientos de corrupción, pero quien no habla en favor, inmediatamente es descalificado y sujeto a persecución política, a buscarle debajo de la tierra para atacarlo. Ojalá la presidenta Claudia Sheinbaum, con lo poquito que vio, se dé cuenta de esta preocupación, señala la diputada federal del PT, Margarita García García.

Describe que el ambiente en el estado es, al mismo tiempo, de enojo y miedo de levantar la voz. Se siente un Oaxaca infeliz y la pregunta es por qué los funcionarios se perdieron tan rápido y lo único que les interesa es el dinero, el saqueo, cómo enriquecerse.

La legisladora García García encabeza la asesoría jurídica para cientos de despedidos por un decreto del 12 de diciembre, que dejó sin empleo a mil 334 trabajadores del gobierno, acusados de aviadores o de ser priístas, y de los cuales ya fue restituida la mitad.

Este diario asistió el miércoles 29 de enero a una asamblea de cesados en la casa comunal Emiliano Zapata, en Xoxocotlán, donde algunos asistentes, incluso personas vulnerables y con enfermedades crónicas, revelaron que, al ser despedidos, de inmediato les retiraron la seguridad social. A invitación de la diputada petista, que calificó el cese masivo de atrocidad, los afectados tomaron el micrófono para contar sus historias.

No somos aviadores, somos de los que sí trabajaban. Fue muy baja la forma en que nos despidió este señor corrupto, que no tiene lealtad a su pueblo, resumió Mariela Amaya.

El ex trabajador José Ramírez narró que la notificación del despido se hizo por redes sociales. Nunca lo hicieron vía administrativa, ni siquiera por nuestros nombres, sino por número de empleado y plaza.

Lizeth Morales Cruz es madre soltera y sostuvo: “el gobierno de la ‘primavera oaxaqueña’ se dice humanista, pero no lo es. ¡La revocación de mandato en 2026 es un hecho para Jara Cruz! No tiene principios, no tiene valores, no es humano”.

Lloró cuando relató: mi papá dependía de mí y murió 15 días antes del decreto. Todo el duelo me lo he llevado en manifestaciones. No he tenido tiempo ni de extrañarlo.

A modo de cierre, los despedidos gritaron: ¡Revocación, revocación!

La medida contrasta con la política de colocar en cargos públicos y de la dirección estatal de Morena a familiares del gobernador y de sus funcionarios, fenómeno que no se había registrado en gobiernos pasados.

El partido en la entidad lo dirige su sobrino Emanuel Jara, mientras Shabín Jara –hijo del gobernador–, es el secretario de organización, el segundo cargo en importancia en la estructura morenista estatal.

La primavera oaxaqueña ha beneficiado a sus sobrinos Sheila Bolaños, Lourdes Bolaños, Irving López, Katia Bolaños y Benjamín Viveros, como titulares de Administración, IMSS Bienestar, Giras, Licencias y de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, respectivamente. Su hija Bxido Xishe Jara es secretaria de Pueblos Indígenas en la dirigencia nacional de Morena.

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