Por: Esmeralda Ixtla Domínguez
“Vamos a cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. Es un hermoso nombre y es apropiado”. Con esta promesa de campaña, el ahora presidente de los Estados Unidos, comenzó su mandato y firmó el decreto para el cambio de la denominación que ya se refleja en documentos oficiales, dejando atrás que el Golfo de México fue nombrado así por exploradores europeos durante la conquista española en el siglo XVI, incluso antes de que Estados Unidos tuviera su conformación actual.
Trump y sus seguidores argumentan que dado que una parte del golfo toca territorio estadounidense, debería llevar un nombre más “patriótico”, pero bajo esa lógica ¿Cuba podría también exigirlo?
En el ámbito jurídico el cambio de nombre no es solo un capricho, es parte de un consenso histórico y por supuesto diplomático, es por ello que si el cambio excede de la plataforma continental que corresponde a cada país representaría una violación de normas internacionales, ya que según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los nombres no pueden ser modificados de manera unilateral, ya que no son propiedad exclusiva de ninguna nación.
Sin embargo, Google Maps, hizo el cambio de nombre no solo al territorio marítimo comprendido en la plataforma continental que corresponde a Estados Unidos, sino también al ubicado en el territorio mexicano, esto desde el punto de vista jurídico infringe leyes por caer en desinformación y violar los derechos internacionales de las materia, al contradecir la nomenclatura oficial reconocida por la Organización Hidrográfica Internacional y la ONU.
Claudia Sheinbaum, anunció que podría presentar una queja formal, con ello el derecho internacional moderno vislumbraría un nuevo debate sobre el impacto de las empresas tecnológicas sobre la percepción global de la geografía y también de la soberanía de los países.
Más allá de la vía legal, el gobierno mexicano tiene opciones diplomáticas y regulatorias para presionar a Google, pudiendo exigir que se respete el nombre oficial en todas las versiones del servicio, invocando precedentes de rectificaciones cartográficas previas, además, si este cambio afecta acuerdos comerciales de navegación, México podría elevar el asunto a instancias internacionales, siendo de los primeros países en desafiar a una empresa tecnológica en temas de geopolítica, y este caso podría sentar un precedente sobre hasta qué punto el sector privado puede influir en la narrativa global.
Algo está dicho, renombrar el Golfo de México, no tiene sustento legal y es solo un gesto simbólico sin validez, pero que representa una clara violación jurídica, los nombres históricos no se cambian solo porque a un líder o a una empresa se le antoja, así que, por mucho que Trump insista, como lo dijo la presidenta, el Golfo de México seguirá llamándose así, les guste o no.
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