Este se jueves se entregará a la Cámara de Diputados por parte del nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade el proyecto de Paquete Económico 2017.

De acuerdo con Meade, el proyecto del presupuesto de México para el 2017 incluirá un fuerte recorte al gasto y un compromiso de estabilizar la deuda del país debido al complicado entorno externo.

Ciudad de México.-Apenas en tres años la planta laboral del Instituto Nacional Electoral (INE), creció a mil 859 puestos y tuvo remanentes por 2 mil 817.9 millones de pesos en un lustro,  incluidos fondos para pagar personal que nunca se contrató, convirtiéndose el ‘almacén de recursos’, o sea, en una especie de ‘cochinito’ presupuestal.

La contraloría general del instituto, encabezada por Gregorio Guerrero Pozas, da cuenta de esta situación en su informe previo de gestión 2016, donde señala que la solicitud creciente de recursos para pago de personal ‘‘no parece encontrar un asidero objetivo ni una justificación auténtica, lo que resulta altamente cuestionable’’.

El informe critica un ‘‘errático’’ contrato con Price Waterhouse y rezagos en los proyectos inmobiliarios, y plantea eliminar la entrega de un bono al personal por sobrecarga de trabajo en los procesos electorales locales.

No se observó la voluntad de otros meses por construir una ruta de modernización cierta que alcance avances definitivos y ponga solución a los problemas administrativos del INE. Si bien se reconoce la apertura y la comunicación fluida, cordial y respetuosa con la contraloría general, ésta no se traduce en avances concretos que transformen administrativamente al órgano electoral nacional.

Identificó 795 plazas presupuestales que permanecieron vacantes durante las 12 primeras quincenas de este año, equivalentes a 88.7 millones de pesos no erogados, así como 215 plazas por honorarios desocupadas.

La tendencia institucional es la de, año con año, solicitar más recursos presupuestales, sin que se haya llevado a cabo un análisis profundo sobre las necesidades reales de plazas y por ende del tamaño óptimo de sus estructuras, refiere el contralor general.

Explica que por esta razón del año 2011 a 2015 hubo sobrantes que han permitido destinar más de 810.4 millones de pesos al Fideicomiso de Pasivo Laboral.

Censura además que “dichos recursos permanecen ‘comprometidos’ en el presupuesto hasta que se determina considerarlos ‘ahorros y economías’ y se opta por readecuarlos para hacer frente a operaciones que no se tuvieron oportunamente previstas, lo que apunta a que este capítulo pareciera cumplir una función de ‘almacén’ de recursos que conviene tener comprometidos para después disponer de ellos’’.

Se volvió a ‘‘cuestionar’’ los cuantiosos remanentes registrados desde 2011: el más alto de 731 millones de pesos en 2013, y el más bajo, de 300 millones en 2012. Estas cantidades incluyen recursos destinados a fideicomisos laborales y de infraestructura, al fondo de prerrogativas para partidos políticos y reintegros a la Tesorería de la Federación.

Ciudad de México.-Un tribunal federal revocó el auto de formal prisión por delincuencia organizada dictado en octubre de 2014 contra Sidronio Casarrubias Salgado o Santiago Jaurer Cárdena, alias ‘El Chino’, líder del grupo delictivo Guerreros Unidos y uno de los principales implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Actualmente Sidronio enfrenta dos causas penales: una por portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y otra por delincuencia organizada por delitos contra la salud, con fines de fomento.

Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado Penal en Toluca encontró cinco violaciones a Derechos Humanos de Casarrubias en el auto de prisión dictado por el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México.

Cabe mencionar que esta sentencia notificada el 26 agosto, no implica que Casarrubias será liberado, pero sí obliga al juez Oscar García Vega a encontrar elementos para dictar un nuevo auto de prisión y justificar la existencia del cargo de delincuencia organizada.

Esta vez, el juez no puede tomar en cuenta dos autos dictados en otras causas penales, que sirvieron de sustento para probar la existencia de Guerreros Unidos, pues esos documentos no fueron aportados por la PGR, sino recabados por el propio juzgado de un sistema de internet del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Otra orden del tribunal colegiado al juez es investigar, con base en el Protocolo de Estambul, si existió la tortura denunciada por Casarrubias y en su caso si tuvo efectos sobre las pruebas del proceso.

No obstante, los peritos médicos de PGR afirmaron en sus dictámenes de octubre de 2014 que el detenido estaba en buenas condiciones, y Casarrubias solo mencionó la tortura hasta que compareció ante el juez, no en la declaración ministerial que rindió en presencia de defensor público.