Ciudad de México. Con el voto de Morena y aliados, el Senado aprobó hoy en comisiones las leyes secundarias por las que se transfiere a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) las funciones que realizaba el desaparecido Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).
Con 20 votos a favor y siete en contra, éstos últimos de la oposición, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera aprobaron el dictamen que expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El dictamen fue turnado a la mesa directiva del Senado y se prevé que se apruebe la próxima semana. Las reservas , así como los votos particulares se presentarán ante el pleno senatorial.
Transparencia para el Pueblo, es el órgano administrativo, desconcentrado de la SABG, que ejercerá “las atribuciones que tenía conferidas” el INAI, “ bajo esquemas más funcionales y eficaces y de acuerdo a los principios de racionalidad y austeridad republicana”, se establece en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La secretaría que encabeza Raquel Buenrostro tendrá la atribución para regular la Plataforma Nacional de Transparencia.
En la exposición de motivo se resalta que Transparencia para el Pueblo, en base a la reforma al Artículo Sexto Constitucional, velará por los derechos de acceso a la información y protección de los datos personales, “ ya que estos derechos humanos reconocidos por la Carta Fundamental son inherentes a la persona y el Estado tiene la obligación de garantizar su ejercicio”.
Por lo que se refiere a la resolución de recursos de revisión en materia de acceso a la información pública, los responsables de ello serán las autoridades garantes. Es decir, el Instituto Nacional Electoral (INE) en el caso de los partidos políticos, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por lo que corresponde a los sindicatos.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púlica, prevé también un recurso de inconformidad en contra de resoluciones de esas autoridades. La tutela de la protección de los datos personales recaerá en el ejecutivo federal.
Durante el debate, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya expresó que votarán en contra, porque “se avanza hacia un régimen autoritario , donde Morena controla el ejecutivo, el legislativo, el Judicial y va por el control de los órganos autónomos”.
Ahora, con la desaparición del INAI, que “ era un órgano autónomo e independiente del gobierno, ahora el gobierno será juez y parte” y no habrá transparencia.
“Ahora le pides al gobierno la información y si el gobierno no te la quiere dar, acusas al gobierno con el mismo gobierno. O sea, lo que están planteando es un absurdo, es un sinsentido”, insistió el panista.
Igualmente, el senador del PRI , Rolando Zapata Bello, consideró que en asuntos de transparencia no es correcto que el gobierno sea juez y parte. “Creemos que no es sano, ni para el gobierno ni para la ciudadanía, tener en casa a quienes deban revisar lo que sucede en las dependencias gubernamentales”, precisó.
Ante ello, la senadora de Morena, Nora Ruvalcaba, respondió que “lo que para algunos es concentración de poder, , para nosotros es ser austeros y canalizar recursos a otras necesidades”. En los órganos autónomos creados por gobiernos de PRI y PAN, que fueron eliminado, había duplicidad de funciones y varios de ellos derivaron en corrupción.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Margarita Valdez, respondió que el pueblo de México debe tener la seguridad de que cuando pida información ahí estará, por lo que “no es cierto que se ocultarán los datos del gobierno”.
Por su parte, la senadora del PVEM, Karen Castrejón, aseguró que esta legislación secundaria obedece a una simplificación administrativa para responder a las necesidades ciudadanas en materia de transparencia. “Se instaurará una verdadera política de acceso a la información pública”, aseguró.
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