La Organización México Evalúa reporta que la violencia política en Veracruz se ha disparado un 400 por ciento, esto en el marco del proceso electoral.
En el informe, México Evalúa recuerda que Yesenia Lara fue ejecutada en Veracruz hace unos días, en pleno acto proselitista, rodeada de simpatizantes y miembros de la comunidad. Buscaba la presidencia municipal de Texistepec, por Morena. Al inicio de las campañas, Germán Valencia, también fue ultimado. Contendía por la presidencia municipal de Coxquihui, también por Morena, también en Veracruz.
Las agresiones continuarán ocurriendo las próximas semanas y quizá meses. Eso anticipan los datos. Las tendencias. Los contextos. Eso nos deja ver la profunda degradación política, institucional y social que carcome amplias parcelas de nuestro país. Es el incontenible avance del régimen criminal en México, que se construye anulando a políticos y funcionarios mediante la violencia. Especialmente en entidades con elecciones, como Veracruz.
El desbordamiento de los regímenes criminales
Esta desgracia de la democracia para nada es nueva. Los regímenes criminales han existido a lo largo de la historia moderna de nuestro país. Estoy hablando de formas de organización política en donde organizaciones criminales —no necesariamente cárteles, sino también colectivos políticos— imponen las reglas del juego, violentando los marcos institucionales. Territorios en donde el crimen pasa por encima de eso que llamamos Estado y que se supone nos da umbrales mínimos de civilización. A diferencia de la política que permite la pervivencia de la sociedad, que opera a través del equilibro entre lo formal e informal, con acuerdos funcionales, en los regímenes criminales el único beneficiario es el crimen, que somete a personas e instituciones a su voluntad.
No sólo es una vieja desgracia. También es un problema cada vez más desbordado. Existen varios esfuerzos importantes para medir la violencia político criminal en tiempos recientes. Todos con debilidades y fortalezas. Pero los datos más válidos, confiables y con mayor cobertura temporal son los que ofrece Votar entre Balas. Las cifras son demoledoras. En un periodo muy corto de un apenas un sexenio, de 2018 a 2024, las víctimas anuales de violencia política incrementaron prácticamente 300% sumando un total de 2,259 víctimas. Los municipios afectados pasaron de 127 a 322 en el mismo lapso: un incremento del 153.5%. La mayor parte son asesinatos de actores municipales. Los homicidios representan 56.7% de las agresiones registradas y los actores municipales concentran 72.3% de las mismas. El régimen criminal está devorando los territorios locales a lo largo y ancho del país. Es lógico. Así, el crimen organizado diversifica sus actividades, neutraliza rivales, doblega municipios. Hace lo que quiere. Por supuesto, no es admisible.
El caso Veracruz: el desastre perfecto
Veracruz es un representante notable de la desgracia democrática. En el último sexenio, se ubica en la tercera posición a nivel nacional con mayor número de víctimas de violencia política: 201 (60.7% son asesinatos), únicamente detrás de Guerrero (256) y Guanajuato (223) y muy por arriba de Oaxaca (149) y Michoacán (137). En Veracruz, las víctimas de violencia política han incrementado 400%, pasando de 10 en 2018 a 40 en 2024; año en el que no se llevaron a cabo elecciones municipales.
Y es que Veracruz reúne todas las condiciones necesarias para el desastre:
•Múltiples organizaciones criminales disputan violentamente los territorios para consolidar su propio régimen criminal. Un reporte reciente de ACLED revela presencia de eventos violentos relacionados con el cártel de Sinaloa y sus brazos armados en varias regiones de la entidad. Pero también está la presencia del Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Todas ellas, organizaciones catalogadas como terroristas por Estados Unidos. Más las demás mafias regionales y locales.
•Hay una diversidad de jugosos mercados ilícitos. No sólo está la extorsión y el cobro de piso, también el tráfico de armas, precursores químicos y personas.
•El estado cuenta con multiplicidad de territorios clave para la proliferación de mercados ilícitos. El puerto de Veracruz es fundamental para el tráfico transnacional de mercancías ilegales. Pero las fronteras con Tamaulipas y Tabasco son vitales para el robo y trasiego de combustible, el huachicol.
•De acuerdo con The World Justice Project, el Estado de derecho veracruzano es endeble. Muy débil. Las instituciones no son capaces de cumplir con sus funciones elementales. En materia de seguridad y justicia la prevención del delito, la procuración y administración de justicia y la ejecución de sanciones penales son promesas. No hechos.
•Este año hay elecciones municipales. Esas por las que va el crimen para operar con impunidad. Espacios clave para construir regímenes criminales desde el principio de las administraciones. También hay elecciones judiciales. Más espacios de captura. El riesgo es mayor.
Todas estas condiciones crean incentivos para la disputa de los territorios llevando al uso de la violencia político criminal para imponer su hegemonía por encima de los rivales. Hoy no existe ningún protocolo de seguridad que frene lo anterior. Se dijo antes. Se dice hoy. Se dirá después de las elecciones. La desgracia continuará frente a la negación crónica del problema. Al final, pierden las personas de carne y hueso: quienes quedan bajo el gobierno criminal.
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