La Fiscalía General de la República (FGR) inició dos nuevas carpetas de investigación por presuntos hechos de corrupción en la empresa Diconsa que se habrían extendido hacia la mitad del sexenio pasado, y dejaron toneladas de maíz desaparecido y daños al erario por más de 90 millones de pesos.
Las indagatorias se iniciaron a partir de dos denuncias formales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) derivadas de las auditorías de cumplimiento financiero 329-DE y de la auditoría de cumplimiento forense 2037 practicadas a Diconsa S.A. de C.V., empresa pública que, en la administración pasada, operó bajo la coordinación del ya desaparecido organismo de Seguridad Alimentaria (Segalmex).
Una de esas denuncias comprende un contrato firmado en el 2021 con un convenio modificatorio en el 2022, es decir, pasada la mitad de la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
Es la primera vez que los auditores denuncian malos manejos en Diconsa o en organismos relacionados con Segalmex en ese periodo, pues previamente estas se habían concentrado en irregularidades de 2020 o antes.
El foco de la investigación de la FGR a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) es el contrato número Z/530/2021 y su convenio modificatorio número CM/26/2022 que la administración de Diconsa firmó con la empresa Productora Agrimex, S.P.R. de R.L. (Agrimex), para servicios de recepción, almacenamiento, conservación y distribución de maíz propiedad de Diconsa.
En la denuncia presentada los auditores destacan que al revisar el expediente del caso encontraron que la mayor parte de la información que debía existir para acreditar la prestación del servicio correspondiente al resguardo y entrega del maíz no está en los archivos. Ello pese a que el contrato claramente estipulaba que esto era requisito indispensable para que se autorizara cualquier tipo de pago.
“La empresa no remitió los informes remitidos a Diconsa vía correo electrónico en forma semanal, relativos a las existencias de mercancías y su calidad, mediante relación de entradas y salidas, por proveedor, producto, variedad y origen, así como los concentrados mensuales firmados de los movimientos operativos del grano realizadas en el mes anterior y que sustenta los pagos; esta información de conformidad con el contrato era requerida para la liberación del pago”, indica el reporte de los auditores que dio pie a la denuncia presentada.
Pese a la falta de documentación que acredite el destino del maíz que debió haber ingresado a almacenes ubicados en Totalco, Veracruz; Atlacomulco, Estado de México, y San Cristóbal de las Casas, Chiapas; la empresa Diconsa pagó por casi 40 millones de pesos por este contrato y su convenio modificatorio.
La otra carpeta de investigación iniciada por la FGR está relacionada con un contrato que, vía una adjudicación directa sin licitación, le entregó Diconsa a la empresa ESESPA, S.A. de C.V., en participación conjunta con Aurus Nivel Total, S. de R.L. de C.V., Imago Centro de Inteligencia de Negocios, S.A. de C.V., Gurges Implementación de Negocios, S.A. de C.V., Valdepeñas Soluciones, S.A. de C.V., e Integradora La Aurora, S.A. de C.V.
El objetivo del contrato, que además tuvo dos convenios modificatorios, era de Diconsa de un “Servicio Integral Especializado en Apoyo a Actividades Institucionales”. Es decir, de desplegar personal vía outsourcing para apoyar las distintas actividades y trabajos de este organismo.
El problema que los auditores encontraron, y dio pie a la denuncia presentada ante la FGR, es que los documentos del expediente que prueban que este servicio se realizó y cómo se llevó a cabo simplemente… desaparecieron. Lo único existente son las facturas las cuales dan constancia de que Diconsa pagó más de 50 millones de pesos por estos servicios.
Los auditores solicitaron recibos de nómina, base de datos, listas de asistencia, contratos e informes, del personal que prestó el servicio en los esquemas de sueldos y salarios asimilados a salarios, pero la respuesta de la Gerencia de Recursos Humanos fue una nota en la que textualmente señaló: “se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos… sin encontrar información y documentación al respecto”.
Posteriormente se realizó una nueva petición de información a Diconsa para que proporcionará información sobre la comunicación con el proveedor, la plantilla del personal y su distribución por áreas, los estados de la República y perfiles asignados por cada unidad operativa. La respuesta, nuevamente, es que no se había logrado encontrar ningún documento sobre ese respecto.
Tras agotarse los tiempos sin presentarse documento alguno, los auditores concluyeron que no hay constancia alguna de que este servicio haya existido por lo que se presentó la denuncia ante la FEMCC para que esta proceda en contra de quien resulte responsable.
De acuerdo con datos oficiales de la ASF en el periodo de 2019 a 2023, Diconsa acumula observaciones por malos manejos y posibles desvíos por más de 4 mil 184 millones de pesos.
Por estos hechos los auditores han presentado, ya con los dos nuevos casos reportados en esta nota, un total de cinco denuncias penales presentadas ante la FGR.
Autoridades federales consultadas por MILENIO indicaron que este mismo año se estarán presentado nuevas denuncias relacionadas con los malos manejos en Diconsa correspondientes a la Cuenta Pública 2022 y posiblemente a la cuenta pública 2023.
Lo anterior porque, tan solo como resultado de la auditoría forense 2037 practicada a dicho organismo, el monto de irregularidades hasta ese momento identificadas supera los cinco mil 112 millones de pesos, de los cuales, la mayoría no ha sido esclarecido.
Hasta ahora todas las carpetas de investigación iniciadas en la FEMCCC de la FGR por las denuncias de los auditores siguen en integración. Aunque tres de ellas se iniciaron desde febrero de 2023, estas todavía no han sido enviadas ante un juez federal.
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