Michoacán.-El Ejército Mexicano capturó este jueves a un grupo de 17 presuntos sicarios, entre ellos doce colombianos, relacionados con la fabricación y explosión de una mina antiterrestre que mató a ocho militares el pasado martes, en Michoacán.
La XXI Zona Militar, con sede en la ciudad de Morelia, confirmó a EFE que los 17 civiles fueron detenidos a través de una operación especial desplegada en el municipio de Los Reyes, colindante con el estado de Jalisco.
Los 17 supuestos sicarios fueron descubiertos por soldados del décimo séptimo Batallón de Infantería, en una “casa de seguridad” en la que se encontró material para la fabricación casera de explosivos tipo mina antipersona o para ser arrojados mediante drones.
En la vivienda también se decomisaron tres armas de fuego, decenas de cargadores y cartuchos útiles.
De acuerdo con las investigaciones del Ejército, los 17 detenidos forman parte de una célula al servicio del Cartel de Los Reyes, una organización criminal que surgió hace una década como escisión de los civiles grupos de autodefensa que surgieron en febrero de 2013 para combatir al entonces cartel hegemónico de Los Caballeros Templarios.
La XXI Zona Militar confirmó que la célula de sicarios fue neutralizada y sometida en una “casa de seguridad” descubierta por personal del mismo Batallón de Infantería en el municipio michoacano de Los Reyes.
El Ejército Mexicano entregó los detenidos a la Fiscalía General de la República (FGR), la cual investiga el estatus migratorio de los 12 colombianos, así como sus posibles antecedentes en el Ejército o corporaciones policiales de Colombia.
Los 17 detenidos son relacionados con la fabricación de una mina terrestre que el martes estalló en el poblado de El Santuario, en los límites de Los Reyes con el estado de Jalisco, donde ocho militares murieron.
Los soldados realizaban una operación contra el narcotráfico a bordo de un vehículo táctico-blindado tipo SandCat, el cual fue reportado por autoridades como “pérdida total”.
La FGR identificó a los presuntos narcotraficantes Alfonso Fernández Magallón, alias ‘Poncho La Quiringüa‘, y Luis Enrique Barragán Chávez, alias ‘el Güicho’, como los principales líderes del Cartel de Los Reyes, organización que mantiene una cruenta lucha con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los límites de Michoacán y Jalisco.
Actualmente, el Cartel de Los Reyes mantiene una alianza criminal con el Cartel de Tepalcatepec (asentado en el municipio michoacano de Tepalcatepec), que encabeza el narcotraficante Juan José Farías Álvarez ‘el Abuelo Farías’, también identificado como fundador de los civiles Grupos de Autodefensa.
En tanto, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) forma parte de un bloque criminal que en Michoacán incluye a los carteles michoacanos de Los Viagras, Los Blancos de Troya y el Cartel de Acahuato, los cuales también son escisiones de los Grupos de Autodefensa.

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MORELIA, Mich .- El Congreso del estado aprobó en su sesión de este miércoles, por mayoría de votos, las reformas al Código Penal para tipificar la apología del delito, sin atender los reclamos de periodistas que protestaron en el salón del pleno por considerar que la nueva disposición legal constituye “una amenaza grave y latente contra la libertad de expresión, la crítica pública, la expresión artística, la organización ciudadana y la participación política”.
Los comunicadores inconformes, integrantes del colectivo Ni Uno Más Michoacán, rechazaron de manera categórica el dictamen, con la exigencia de su retiro del orden del día y la convocatoria a una consulta pública mediante la figura de parlamento abierto, como se comprometieron los líderes de algunas fracciones parlamentarias, pero al final no cumplieron.
Mediante un pronunciamiento emitido después de la sesión, el colectivo de periodistas anunció que “frente a este retroceso” emprenderá acciones legales para impugnar esta reforma por su incompatibilidad con el principio de legalidad penal, con los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión y con los valores constitucionales que sostienen una sociedad democrática.
La organización se pronunció asimismo por un Estado que garantice la seguridad sin criminalizar el pensamiento ni penalizar la palabra, dado que “la libertad de expresión no es concesión del poder: es un derecho y lo defenderemos con toda la fuerza de nuestra palabra”.
Ni Uno Más Michoacán advirtió que la incorporación de la fracción IX al artículo 24, junto con la adición del artículo 163 quinquies y el nuevo Capítulo VII, bajo el título de “Provocación a cometer un delito y apología de éste o de algún vicio”, configuran “un tipo penal ambiguo y de interpretación expansiva que puede ser utilizado para vigilar, sancionar o inhibir las ideas, la crítica, así como el disenso social y político”.
Consideró riesgoso ubicar como culpables del delito a quienes “expresen ideas, promocionen o expongan argumentos por cualquier medio que incentiven la criminalidad”, pues esos señalamientos carecen de un marco interpretativo objetivo y acotado.
“La redacción introduce términos vagos: ‘ideas’, ‘argumentos’, ‘cualquier medio’, ‘alusión’, ‘promoción’, que dejan al arbitrio de ministerios públicos y jueces la interpretación subjetiva de cuándo una expresión constituye una conducta delictiva”, dijo, tras señalar que “este tipo de lenguaje permite criminalizar el contenido discursivo sin atender al contexto, la intención comunicativa ni la finalidad social del mensaje, violentando así el principio de claridad normativa penal, piedra angular del Estado de Derecho”.
Aunque de última hora la Legislatura, con mayoría de Morena y sus aliados, añadió al dictamen una excepción de responsabilidad a quienes informen “en ejercicio de su profesión u oficio periodístico, atendiendo al derecho a la información”, artículo 163, la agrupación calificó esa redacción como “ambigua, insuficiente y tramposa”.
Lo anterior porque la adición limita la protección al ámbito noticioso tradicional, sin considerar que el derecho a la libertad de expresión, reconocido en tratados internacionales vinculantes como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no se reduce al derecho a la información ni al ejercicio profesional del periodismo, sino que incluye a artistas, investigadores, activistas, creadores de contenido, académicos y cualquier ciudadano que difunde ideas en el espacio público.
Así también, la excepción subordina la protección al “derecho a la información”, excluyendo de facto otras formas legítimas de expresión no informativa, como el arte, la sátira, la denuncia, la memoria, la protesta, que resultan igualmente esenciales para la vida democrática.
Además, el procedimiento legislativo mediante el que fue aprobada la reforma fue opaco y apresurado: no hubo convocatoria pública a sesiones de la Comisión de Justicia, no se abrió un parlamento abierto ni se escucharon voces expertas, a pesar de que los coordinadores parlamentarios se habían comprometido públicamente a ello.
Los miembros del gremio periodístico repudiaron “el intento de camuflar esta reforma con el argumento de que busca combatir la apología del delito en los narcocorridos, pretendiendo hacer creer a la sociedad que las y los periodistas defendemos discursos que glorifican la criminalidad. Esta afirmación es falsa, ofensiva y busca desacreditar nuestras exigencias legítimas”.
Como periodistas, manifestaron, “rechazamos toda expresión que exalte la violencia, pero también afirmamos que no aceptaremos que se use ese argumento como caballo de Troya para justificar la censura. El verdadero problema no está en las canciones o los relatos, sino en la incapacidad del Estado para garantizar seguridad, educación de calidad, presupuesto para cultura y deporte, y una estrategia integral de prevención”.
Tras la protesta realizada por los periodistas, los legisladores trataron de realizar una “reunión exprés” con ellos, pero los inconformes se negaron a participar con el argumento de que “esta reforma, tramitada en apenas dos semanas, sin discusión pública ni técnica, exige una revisión jurídica de fondo, con participación de especialistas en derecho constitucional, derechos humanos, comunicación y libertad de expresión”.
El colectivo Ni Uno Más Michoacán hizo “un llamado firme y abierto a la sociedad civil organizada, a colectivos, agrupaciones, gremios, académicas y académicos, artistas, defensoras de derechos humanos y a todas las personas que se sientan afectadas por esta medida, para que se sumen a esta protesta y establezcamos acciones conjuntas, jurídicas y sociales, con el fin de iniciar una lucha amplia y decidida contra esta reforma regresiva”.

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CIUDAD DE MÉXICO.-Una vez más, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno no caerá en ninguna provocación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de que no se llegó a un acuerdo con las secretarías de Gobernación, Educación Pública y el ISSSTE.
En un tono distinto a los anteriores días, la mandataria ya no dedicó tiempo a la explicación de lo que ofrece su administración y los beneficios de su propuesta o incluso para acusarlos de tener ideas parecidas a las de la derecha, y ante la insistencia de la prensa sobre el tema, redujo el impacto con sus breves declaraciones.
“Van a informar aparte la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez), el secretario de Educación Pública (Mario Delgado) y el director del ISSSTE (Martí Batres) sobre las propuestas que hicieron”, dijo.
Aún no se puede determinar si finalmente las propuestas del gobierno serán rechazadas, dado que los representantes en la reunión llevan los temas a la asamblea con los integrantes de la CNTE que se mantienen en plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, por lo que la presidenta pidió esperar.
Agregó: “Ha sido difícil para la ciudadanía, pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación”, en referencia a que por el caos que han provocado en la capital del país, se estaría esperando de alguna represión.
Finalizó con el reiterado comentario de que las otras secretarías tendrían que informar en otra conferencia o en un comunicado sobre lo sucedido con la CNTE.

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México.-Ante la amenaza inminente de un paro nacional, del 3 al 6 de junio, por parte de los distribuidores de gas LP que afectaría el suministro del hidrocarburo en los hogares mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que no hay razones para hacerlo.

Dicha situación implicaría la suspensión del llenado de pipas y distribución de cilindros, afectando el acceso al gas para diversos fines, entre ellos la preparación de alimentos o el aseo cotidiano, entre otros menesteres.

La causa del malestar, es que los ingresos de los distribuidores han caído hasta un 50% por medidas implementadas desde 2021, cuando se estableció un precio tope para el gas LP de 10.61 pesos por litro, aunado a la nueva tarifa de distribución impuesta en 2025, por ello; exigen a las autoridades incrementar a 12 pesos el litro del carburante.

Ante los cuestionamientos al respecto la mandataria manifestó, “Ellos dicen que no les está saliendo el gasto, lo que gastan todos los días para repartir el gas LP, ahora el precio del gas LP ha bajado, por eso hay una mesa de trabajo permanente con la Secretaría de Energía”, explicó al dejar claro que existe diálogo entre la Federación y el sector.

Reiteró que su gobierno siempre velará y será su prioridad la economía doméstica, “Nosotros siempre pensamos en la economía de las familias, por supuesto una empresa tiene que trabajar con su ganancia aceptable, razonable, pero nosotros, sin afectar a las empresas tenemos que defender la economía de las familias mexicanas”, aseveró.

Minutos más tarde expresó, “No creo que se vaya a dar el paro”, a la pregunta de si el gobierno tiene preparado algún plan par evitar el desabasto en caso de concretarse tal situación.
Y enfatizó, “Lo que necesitamos es garantizar pero con los datos reales, que puedan operar las empresas y al mismo tiempo garantizar la economía de las familias, están presionando un poco para que haya el aumento, pero nosotros tenemos números que establecen cuál es el precio máximo que pudieran tener a partir de las ganancias que puedan obtener».

“Yo creo que va haber acuerdo, no tiene porque llegar este paro”, advirtió.

Cabe decir que el combustible abastece a cien millones de mexicanos y está presente en el 76% de los hogares de 18 estados del país, razón por la cual, los inconformes, urgen una pronta respuesta del gobierno federal, mientras tanto los consumidores racionan su uso o surten sus tanques para evitar afectaciones.

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México.-La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, detalló que México insistirá en la extradición del narcotraficante Dámaso López Serrano, alias ‘Mini Lic‘, quien ayer se declaró culpable por tráfico de fentanilo en una corte de los Estados Unidos.
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo criticó que EE.UU. lleve a cabo negociaciones con integrantes del crimen organizado de México.
“Hay que insistir en algo muy importante, el Gobierno de EE.UU. hizo un decreto hace poco llamado terroristas a algunas organizaciones de la delincuencia organizada, ellos en varias ocasiones han manifestado que no establecen negociación con estas organizaciones, entonces tienen que explicar por qué en estos casos se llegan a acuerdos”, indicó.
Nosotros vamos a insistir en la extradición de los que hemos solicitado la extradición. Nosotros todos los días cooperamos para la seguridad y trabajamos para que haya paz y seguridad en el país”, declaró.
“Es importante que haya una explicaicón sobre esto”, puntualizó.
Dámaso López Serrano, también conocido como el Mini Lic, se declaró ayer culpable de tráfico de fentanilo en una corte federal de Estados Unidos.
Dicha declaración fue presentada ante la juez Lindsey R. Vaala, quien se encuentra cargo de su caso en la Corte del Distrito Este de Virginia.
El Mini Lic es hijo de Dámaso López Núñez, excolaborador de Joaquín Chapo Guzmán, y se entregó el 27 de julio de 2017 a los agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en Calexico, ubicado en California.
Tras recibir libertad condicional hace tres años, en diciembre pasado fue detenido por volver a recurrir en actividades ilícitas en Estados Unidos, ahora por tráfico de fentanilo.
López Serrano es señalado en México por ser el presunto autor intelectual del homicidio del periodista Javier Valdez.
Tras su liberación en 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que insistiría en la extradición a México del sujeto.

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GUANAJUATO.-La noche del miércoles se registró la primera lluvia fuerte del año en la ciudad de León, dejando algunas afectaciones en calles y avenidas, así como caída de árboles, deslaves en carreteras y gente atrapada en vehículos.

Sobre bulevar Delta y Río Mayo una mujer fue captada dentro de su vehículo abrazada de un poste para evitar ser arrastrada por la corriente.

El puente Deprimido sobre Hermanos Aldama y Timoteo Lozano se llenó por completo y tuvo que ser cerrado a la circulación al igual que el Malecón del Río.

La precipitación inició alrededor de las 21:00 horas y se prolongó hasta la media noche, acompañada de rachas de viento de hasta 40 km/h.

De acuerdo con los reportes preliminares, la mayor acumulación de líquido pluvial se registró en los bulevares Timoteo Lozano y Delta, además de otros puntos críticos donde se

presentaron encharcamientos considerables como:

Francisco Villa,
Torres Landa,
Aeropuerto,
Parque Continental, ⁠
Vicente Valtierra y
⁠Antonio Madrazo.

Asimismo, los principales arroyos y cauces del municipio registraron un 30 por ciento en su nivel de capacidad.

El arroyo de Timoteo Lozano registró su nivel máximo de capacidad, generando encharcamientos sobre vialidades, por lo que se activaron cuadrillas de SAPAL y SIAP para agilizar el desfogue del líquido.

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