Proceso.– Para la Alianza Mexicana Contra el Fracking, la presidenta Claudia Sheinbaum “ha traicionado a sus votantes” por colocar al fracking como eje del Plan de Negocios de Pemex 2025–2035, estrategia que contradice de manera abierta los principios de sustentabilidad ambiental que la hoy presidenta defendió durante años, e incluso rompe con la política de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
En un posicionamiento público, dado a conocer en el contexto del anuncio de la mandataria, la organización expuso que el documento presentado por Petróleos Mexicanos utiliza un lenguaje “tramposo” para ocultar que la fractura hidráulica será uno de los pilares del nuevo modelo de exploración y extracción de gas en el país.
La palabra “fracking” no aparece, pero se disfraza bajo términos técnicos que aluden directamente a esta técnica.
De forma tramposa –denuncia la Alianza– omiten nombrarlo diciendo que estimularán yacimientos de geología compleja, en una estrategia para confundir y escudarse frente a la ciudadanía que hemos exigido por más de una década la prohibición de esta técnica que contamina y atenta contra todas las formas de vida.
Para la organización, lo que Pemex plantea es una hoja de ruta “para la continuidad fósil, escrita bajo eufemismos y ocultamientos deliberados”. Se alude a “yacimientos de geología compleja”, “nuevos esquemas de extracción” y “plays no convencionales”, términos que son sinónimos técnicos de los yacimientos donde se aplica fracking.
Además, las referencias dentro del plan sobre experiencias en Estados Unidos y Argentina, el uso de tecnologías que “reducen el consumo de agua dulce”, y la necesidad de inversión privada ante los altos riesgos financieros de estos proyectos, son “señales inequívocas de que el fracking está de regreso”.
Afectaciones ambientales y a la salud
El pronunciamiento también precisa sobre los efectos graves que esta técnica puede desencadenar en el ambiente como en la salud humana.
La Alianza recordó que la exposición a contaminantes liberados durante el fracking, como metales pesados, hidrocarburos aromáticos, partículas finas, sustancias radioactivas y disruptores endócrinos, potencia la ocurrencia de enfermedades crónicas y daños irreversibles, incluso en dosis mínimas.
Estas toxinas se han vinculado con malformaciones congénitas, abortos espontáneos, cáncer, daños neurológicos y enfermedades respiratorias crónicas.
“Estos efectos son especialmente graves para niñas, niños, personas gestantes y adultos mayores, y se intensifican por la falta de regulación, monitoreo independiente y transparencia”, se lee en el comunicado.
Además de los impactos sobre la salud, el documento de la alianza sostiene que esta técnica deteriora el suelo, contamina acuíferos y cuerpos de agua superficiales, y contribuye a la emisión de metano, un gas de efecto invernadero con alta capacidad de agravar la crisis climática.
El riesgo, insistió, es inaceptable, más cuando se pretende escudarse bajo el discurso de “autosuficiencia energética”.
Estrategia “verde” sólo en el discurso.
Pese a que el Plan Estratégico 2025–2035 de Pemex se presenta bajo el discurso de la “sustentabilidad energética”, la Alianza sostiene que en realidad profundiza un modelo extractivista.
Lejos de encaminarse hacia la transición energética, el documento apuesta por seguir explotando los recursos fósiles que ya existen y ampliar la capacidad de refinación, con el gas natural como pilar de ese plan.
“El documento refuerza la lógica de seguir extrayendo ‘lo que ya tenemos’, apostando por ampliar la refinación y el uso de gas fósil como pilar de la autosuficiencia energética, sin considerar sus impactos en la crisis climática ni en las comunidades”, señaló la organización.
También acusó que el documento omite por completo cualquier mención al derecho de las comunidades a ser informadas y participar en las decisiones que las afectan.
No hay referencias a los impactos socioambientales acumulados de la industria petrolera, ni a los mecanismos legales que permitan el acceso a información, la consulta o la participación pública, como lo establece el Acuerdo de Escazú, ratificado por México.
Fuera de los compromisos internacionales
En su posicionamiento, la Alianza Mexicana Contra el Fracking insistió en que la política energética del nuevo gobierno ignora las peticiones de organismos internacionales como la Agencia Internacional de Energía y la Organización de las Naciones Unidas, que han urgido a dejar atrás los combustibles fósiles para evitar un colapso climático.
El nuevo plan de Pemex, denuncian, se coloca en sentido contrario a las obligaciones jurídicas que los Estados tienen frente al cambio climático, como lo han establecido la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en sus recientes opiniones sobre los derechos humanos y la emergencia climática.
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