LASILLAROTA.-Altos mandos de las dos administraciones pasadas de Profeco podrían estar involucrados con tres cárteles para extorsionar a empresarios gasolineros en todo el país.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República abrió la carpeta de investigación FEMDO/FEITATA-CDMX/0000899/2024 a la que tuvo acceso La Silla Rota.
Esta indagatoria alcanza a los extitulares de la Profeco, Ricardo Sheffield y David Aguilar Romero, así como a una veintena de ex funcionarios federales divididos en dos grupos: los “Guanajuatenses” y “Grupo Monterrey”. Sheffield es senador por Morena, mientras Romero se mantuvo en la Profeco hasta el 30 de octubre de 2024, pero se desconoce su paradero actual.
Un excolaborador cercano a Sheffield y luego a Aguilar Romero, denominado “Pablo”, se convirtió en testigo clave el 5 de febrero de 2025, cuando rindió declaración ante la agente del Ministerio Público Federal, María Méndez Speckman. Según “Pablo”, en la Profeco existe una red servidores públicos que exigen cuotas a unas seis mil gasolineras y se coordinan con el Cártel Jalisco Nueva Generación, Santa Rosa de Lima y Guerreros Unidos para el cobro de las extorsiones.
Los empresarios que no se alinean con las cuotas, denominadas “vacunas” son amenazados por sicarios o se les exhibió en el espacio “Quién es quién en combustibles”, en el que el exprocurador Ricardo Sheffield exponía gasolineras que hacían cobros excesivos.
Sociedad entre funcionarios y cárteles
“Otro colaborador del Grupo Monterrey es Sergio Arturo Iturbe, que fue director de la Oficina de Defensa al Consumidor (ODECO) en Guerrero, donde hizo alianza con Guerreros Unidos para mover el dinero recaudado a nivel nacional. Él, a su vez, es el encargado de la zona de Guerrero por cuanto hace al cobro de ‘vacunas’”.
Quien testificó «tiene conocimiento de que a Ricardo de la Peña Gutiérrez (excoordinador general de Administración) la logística de recaudación del pago de ‘moches’ se la organizaba y ejecutaba el Cártel Santa Rosa de Lima, lo cual sabe porque se lo dijo abiertamente, Talía del Carmen Vázquez Alatorre (exsubprocuradora de Verificaciones y actual diputada de Morena).
Igualmente, Talía le comentó que el cártel Jalisco Nueva Generación le brindaba protección y, a su vez, ella les pagaba con parte del dinero recaudado de los ‘moches’”, declaró el testigo, “Pablo”, quien trabajó casi tres años en la Profeco.
Para corroborar los dichos de “Pablo”, la FGR solicitó a un juez la intervención telefónica de algunas personas relacionadas con las extorsiones a gasolineras y entrevistó a empleados de diferentes estaciones en Ciudad de México y Edomex.
Derivado de esto, identificó a tres sujetos encargados de intimidar y cobrar entre 20 y 25 mil pesos mensuales a los dueños de las gasolineras en CDMX: Arturo N, José de Jesús N, “El Pelón” y Miguel N, contrarios al Grupo Monterrey, presuntamente liderado por Cuauhtémoc Villarreal Martínez, exsubprocurador de Verificaciones entre 2019 y 2022. Agentes federales corroboraron que existen las “vacunas” y que los cobros se calculan en función de cuántas estaciones tiene un empresario.
De acuerdo con el testimonio, las cuotas pagadas eran registradas en un listado en Excel que era compartido directamente con Sheffield y posteriormente a Aguilar Romero. Los pagos eran a cambio de avisar de verificaciones o evitar que se les acusara de irregularidades administrativas para inmovilizar las despachadoras de gasolina.
Aunque en 2022 hubo algunos ceses de personal de Profeco por las extorsiones, luego de las denuncias de los empresarios, el esquema siguió, de acuerdo con las pesquisas de FEMDO.
“Había reuniones constantes entre Aguilar Romero, De la Peña Gutiérrez y Sheffield. Yo estuve en una de ellas, en el mes de septiembre de 2023, en el departamento de Sheffield. En dicha reunión, Aguilar Romero llevaba una tarjeta informativa para dividir el dinero, ya que Ricardo Sheffield estaba por irse a precampaña para la gubernatura de Guanajuato, por lo que se planeó cómo se entregaría el dinero a diversas personas”, detalló el testigo, “Pablo”.
La FGR cuenta con capturas de pantalla de conversaciones entre “Pablo” y el ex procurador David Aguilar Romero en las que el testigo le pasa las listas de las gasolineras que cumplieron con los pagos exigidos.
Sheffield se deslinda
El exprocurador y actual senador Ricardo Sheffield, al ser consultado por La Silla Rota, respondió que “no tiene conocimiento ni ha sido notificado” sobre ninguna carpeta de investigación en la que se le mencione.
De acuerdo con el informe policial SSPC/CONASE/AI/0260/2025, agentes federales reunieron varios testimonios para acreditar el esquema de extorsiones, a través de terceros que pertenecen a la delincuencia organizada.
“Que continuando con la investigación de campo, el día 21 de enero de 2024, aproximadamente a las 16.30 horas, se acudió a la gasolinera de Petróleos Mexicanos, conocida con el nombre de Vía Láctea, en el área de la Central de Abastos, Iztapalapa, donde se entrevistó a José N, empleado de dicha gasolinera, quien refiere lo siguiente.
“Que durante ocho años que ha trabajado para esa gasolinera, ha observado que ha llegado gente de la Profeco para hacer revisiones a las bombas de gasolina o diesel, para verificar que todos esté en orden y si encuentran algo mal colocan sus señas. Señala que llegan de forma sorpresiva, y que a veces llegan a revisar con ropa de civiles y otras veces van uniformados.
“Refiere el testigo que 20 días antes de la fecha de la entrevista, él estaba trabajando y llegaron unas personas que dijeron ser de Profeco. Entonces, uno de ellos, Arturo N, le pregunto por el encargado de la gasolinera, diciendo que había tocado en su oficina, pero no había respondido, que le urgía hablar con su patrón para checar lo de las bombas y evitar con estarlos chingando con más visitas, refiriendo que de lo contrario se lo iba a chingar, suspendiéndole su jale y que ya no iba a haber oportunidad de arreglar”.
Los empresarios gasolineros han denunciado en los últimos años diferentes mecanismos de extorsión y amenazas por parte de los cárteles, en presunta colusión con personal de la Profeco, y aunque en 2022 hubo una indagatoria interna que derivó en despidos, las extorsiones aparentemente no han parado.
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