México. Los mandatarios estatales de prácticamente todo el país aceptaron homologar la estrategia nacional de seguridad a sus leyes locales.
Durante la 51 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, la mandataria también los llamó a tener mayor corresponsabilidad en las indagatorias sobre desapariciones y a que, una vez que se apruebe la ley general contra la extorsión, se lleve esa política a las entidades federativas,
Los gobernadores de 30 estados —estuvo ausente Maru Campos, de Chihuahua—, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aprobaron los acuerdos planteados en la sesión referentes a estos temas.
Al respecto, la jefa del Ejecutivo remarcó que la estrategia nacional de seguridad se basa en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y mejora de los mecanismos de colaboración y combate a la impunidad.
“En realidad, los acuerdos que se toman hoy tienen que ver con aterrizar la estrategia nacional en cada estado. ¡No es mucho más que eso!”, dejó en claro la Presidenta.
Agregó que cada entidad federativa deberá, por tanto, atender las causas, mejorar la inteligencia e investigación, fortalecer las policías estatales y municipales, y coordinarse con instancias como el gobierno federal, las fiscalías general y locales, y los tribunales de justicia.
“De hecho, la mayoría ya hemos avanzado en esto, el objetivo es que se consolide a partir de las leyes aprobadas a nivel federal (en materia de seguridad). Se trata que estas leyes nacionales puedan aterrizarse a nivel estatal”, sostuvo.
Asimismo, agregó, en los próximos días se espera que el Congreso de la Unión apruebe modificaciones a la Constitución para combatir la extorsión —delito que va a la alza en el país— y se dé pie para una ley general en la materia, la cual también tendrá que ser homologada en los estados.
“¿En qué consiste esencialmente? Que se persiga de oficio la extorsión, es algo en lo que avanzó en su momento Michoacán. ¿Qué ventaja tiene? Que no recaiga en la víctima el tener que denunciar, sino que a partir de la denuncia anónima haya la obligación del estado de investigar y perseguir la extorsión”.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Garcia Harfuch, apuntó que 96 por ciento de los delitos perpetrados en México pertenecen al fuero común.
“Eso significa que el futuro de la seguridad en México depende en gran medida del fortalecimiento de las policías estatales y municipales, pues son la primera línea de contacto con la ciudadanía y quienes enfrentan directamente los retos de la seguridad en cada comunidad. Necesitamos garantizar que las 32 policías estatales cuenten con un estado de fuerza óptimo que les permita operar en favor de la ciudadanía”, enfatizó el funcionario.
De su lado, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó las acciones para atender la desaparición de personas en el país, a lo que también se llamó a los mandatarios estatales a ser corresponsables.
“Vamos a usar la Clave Única de Registro de Población, la CURP biométrica, como una herramienta no sólo de identidad, sino de búsqueda de desaparecidos o no localizados, y se consolidará así un nuevo modelo donde los estados juegan un papel muy importante, ya que tienen registros civiles, les solicitamos mantener la información actualizada”, puntualizó.
El fiscal general, Alejandro Gertz, pidió suscribir un acuerdo de apoyo a la vida comunitaria en todas las poblaciones y en todos los municipios del país “para que este reflejo del éxito que se ha obtenido durante este año, se pueda convertir en una realidad cotidiana de cada una de las familias y de las personas que viven en todas las poblaciones de México, es indispensable que esta fuerza que se ha logrado y que esta coordinación que se ha llevado a cabo, se refleje a diario en cada una de las comunidades”.
Los acuerdos fueron aprobados por unanimidad (37 votos) por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, integrado por los gobernadores, la mandataria federal, miembros del gabinete de seguridad, el fiscal general y otros integrantes.
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