MÉXICO.-La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados dos iniciativas de reformas: en materia aduanera, y sobre impuestos a importaciones y exportaciones, con las que, según anunció, busca combatir la corrupción, reordenar el sector y alentar el crecimiento económico.
En la iniciativa de cambios a la Ley Aduanera se expone la necesidad de modernizarlas con la introducción de las nuevas herramientas tecnológicas tanto para operarlas y agilizar trámites, como realizar control de inventarios, videovigilancia, seguridad, trazabilidad y monitoreo en tiempo real de las mercancías que ingresen, permanezcan o salgan de las aduanas, además de asegurar el correcto pago de contribuciones.
Se establece un apartado especial dedicado a nuevas regulaciones relativas al comercio electrónico y servicios de mensajería y paquetería, con el fin de que esas operaciones sean declaradas correctamente, para favorecer la recaudación fiscal.
A fines de agosto la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, adelantó que la iniciativa generaría “escozor”.
En la iniciativa se proponen más controles a los agentes aduanales y la modificación de las reglas en que han operado hasta ahora.
Se propone modificar los requisitos para obtener la patente de agente aduanal y acotar su vigencia a 10 años, además de la necesaria certificación de los agentes aduanales todo lo cual, se establece, no modifica derechos adquiridos pues el legislador puede modificar los términos y condiciones de esas patentes.
Se crea el Consejo Aduanero y este será “un órgano deliberativo que conocerá y determinará en lo que respecta al otorgamiento de la patente de agente aduanal y de la autorización para agencia aduanal, así como de sus prórrogas y del respectivo procedimiento de inhabilitación, suspensión, cancelación o extinción, a fin de restaurar la confianza en las instituciones y garantizar que los procedimientos se realicen de forma justa, asegurando su apertura y accesibilidad”.
Ese Consejo será presidido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y estará conformado por representantes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Asociación Nacional de Aduanas de México (ANAM) y de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Tendrán derecho a voz pero sin voto representantes de otras dependencias de la Administración Pública Federal y en conjunto verificarán que no tengan patente aduanera “personas que no cumplan con los requisitos consigan beneficios a través de la manipulación o soborno”.
Se plantea además facultar a la SHyCP a expedir patentes de agente aduanal para promover únicamente el despacho de mercancías cuyas fracciones arancelarias se autoricen en forma expresa.
Entre otros requisitos para obtener la patente de agente aduanal se establecen: que la persona no sea servidora pública “aún y cuando cuente con licencia”, ni estar inhabilitada para ello, y no tener parentesco por consanguinidad con el administrador y subadministradores de la aduana de adscripción o de cualquiera de las aduanas en las que ejerza la patente, o con los socios o accionistas de cualquier agencia aduanal.
Requerirá que acrediten un “examen psicotécnico, tanto para agente aduanal como para mandatario aduanal autorizado” y ese examen constará de dos etapas, “la de confiabilidad y la psicológica”.
Para operar el agente aduanal requerirá presentar anualmente la información relativa a su evolución patrimonial “y no ser socio, accionista, representante legal o tener una relación laboral o vinculación para la persona para la cual tramite operaciones de comercio exterior”.
También se establecen las sanciones a que se harán acreedores quienes realicen actos indebidos, entre ellos introducir o extraer mercancías al territorio nacional sin permiso o incurran en evasión o elusión fiscales o no cuenten con la información en los expedientes debidamente integrada de las operaciones aduaneras que se realizan; abusar de las facilidades obtenidas por las autorizaciones otorgadas por la autoridad aduanera.
Asimismo se propone ampliar el catálogo de infracciones y robustecer algunas de las multas ya contenidas en la Ley Aduanera para que sean congruentes con la gravedad de la infracción y con las estrategias que este Gobierno ha anunciado.
Respecto al comercio electrónico y la importación de mercancías por paquetería y mensajería se indica que muchas de estas operaciones no son declaradas correctamente en la importación, lo que impacta negativamente en la recaudación y en la transparencia.
Por eso para reforzar el control se propone que las empresas de mensajería y paquetería en el procedimiento simplificado determinen las contribuciones aplicando el factor que publique la SHCP, el cual se calculará tomando en cuenta las cuotas previstas en cada Capítulo de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
” El propósito principal de estas medidas es garantizar la legalidad de los envíos realizados a través de las empresas de mensajería y paquetería y reforzar el control en dichas operaciones”, indica la propuesta de cambios a la Ley Aduanera.
“Una regulación aduanera adaptada a las particularidades del comercio digital facilitará las operaciones transfronterizas, incentivando así la inversión y fortaleciendo la competitividad de las empresas mexicanas en el mercado global”, agrega.
Reforma para aranceles
En una segunda iniciativa, la presidenta propuso cambios a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) para establecer aranceles a más de 1,500 productos importados que van desde mercancías de las industrias automotriz, textil, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, remolques, vidrio, entre otras.
Ello con el fin, señala, de brindar certidumbre y condiciones de mercado justas a los sectores de la industria nacional que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, derivado de las prácticas que alteran y afectan el comercio internacional y, así fomentar el desarrollo de la industria nacional y apoyar el mercado interno.
“La presente iniciativa es acorde con el derecho internacional, toda vez que la importación de mercancías originarias de los países con los que México tiene celebrado un tratado en materia comercial, de cubrir los requisitos establecidos en los mismos, se realizará bajo el trato arancelario preferencial de mercancías originarias previsto en el instrumento internacional que corresponda”, se menciona en el documento.
La iniciativa presidencial sostiene que su objetivo es aprovechar el mercado interno mexicano para que la producción tenga lugar en México y emplee a personas trabajadoras mexicanas , así como contribuir a equilibrar los balances e comercio exterior.
“Se busca asegurar e incentivar que el crecimiento mexicano se traduzca en una industrialización nacional sólida, diversificada, soberana y socialmente incluyente”, señala la propuesta de reforma.
Sostiene que a través del establecimiento de aranceles México podrá:
– Incentivar la producción nacional de bienes intermedios y finales en sectores estratégicos.
– Reducir la dependencia de ciertas importaciones de insumos, asegurando que la industria mexicana aumente su capacidad de integración productiva y valor agregado.
– Proteger el empleo y fortalecer el mercado laboral, ya que una mayor participación de las empresas nacionales.
– Corregir distorsiones comerciales, garantizando condiciones justas de competencia para los productores nacionales frente a prácticas desleales у políticas de subsidios externos.
– Alinear la política arancelaria con una visión de desarrollo sustentable y regional.
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