México.-La presidenta Claudia Sheinbaum negó este lunes que su homólogo estadounidense, Donald Trump, se refiera a ella cuando dice que México está gobernado por el narcotráfico.

En su conferencia matutina, la mandataria aseguró que Trump no le ha dicho personalmente este señalamientos en sus conversaciones telefónicas, como la más reciente de la semana pasada.

«El presidente Trump lo ha dicho, pero cada vez que hablamos no me lo dice a mí. Ha dicho en México hay gobiernos de narcos, pero no se refiere a la presidenta», comentó.

Sin embargo, señaló que cuando llegan a platicar, ella le expresa que en México no hay grupos del crimen organizado que estén gobernando.

«Siempre le he dicho, ‘no es cierto, presidente Trump, en México gobierna el pueblo de México'», aseguró.

Sheinbaum aseguró que en su llamada del viernes pasado abordaron sobre la relación entre México y Estados Unidos, así como la visita del director de Seguridad Nacional y la «zar fronteriza».

Desde su llegada a su segundo mandato, Donald Trump ha hecho estos señalamientos sobre el gobierno mexicano, el más reciente el pasado 8 de mayo cuando señaló: «Tenemos un problema porque los cárteles gobiernan México y nadie más».

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MÉXICO.-La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para cambiar la fecha la segunda elección judicial de 2027 a 2028.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que fue la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, quin sugirió cambiar la fecha de dicha elecció judicial, dada la cantidad de cargos que se elegirán en 2027.

“Vamos a hacer una propuesta para enviar al Congreso para mover la elección judicial al 2028, con algunas características especiales”, apuntó.

“Hicimos una evaluación que le encargué a Luisa María desde que entró y ella me sugirió que era importante la elección al 28 dada la cantidad de puestos que se van a elegir en el 27, y además hay que hacer algunos ajustes, por ejemplo, si fuera en este momento, en el 27 la elección, tendrían que ser casillas distintas, la gente tendría que ir a votar por gobernador, presidentes municipales, diputados en una casilla y luego moverse a otra casilla para votar por el Poder Judicial”, explicó.

La mandataria mexicana explicó que el criterio principal no fue el costo, sino la operación electoral.

“Más que el costo es la facilidad para elegir”, sostuvo, al recordar que en 2027 hay elecciones previstas para renovar gubernaturas en 17 estados, la Cámara de Diputados, congresos locales y gobiernos municipales en gran parte del país.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, detalló que, si la reforma se aprueba, la jornada electoral de 2027 pasará al domingo 4 junio de 2028, tanto a nivel federal como local.

En esa elección se renovarían cuatro magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 463 magistrados de tribunales colegiados de circuito, 385 jueces de distrito y, en los poderes judiciales locales, 424 magistrados y 2.831 jueces en 25 entidades federativas.

La iniciativa también plantea crear una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para verificar requisitos formales y homologar criterios de evaluación, incluida la aplicación de exámenes de conocimientos.

Según la presentación oficial, las candidaturas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajarían de 81 a 54; las del Tribunal de Disciplina Judicial, de 45 a 30, y las del Tribunal Electoral, de 63 a 42.

La reforma también busca simplificar la papeleta electoral para que cada elector vote por un juez y un magistrado por especialidad, entre candidaturas postuladas y juzgadores que busquen reelegirse.

También se propone permitir que la elección de 2028 coincida con una eventual revocación de mandato y que las elecciones judiciales y ordinarias se realicen en la misma ubicación, sin intervención de partidos.

La elección judicial en México de 2025, la primera en la historia del país, registró una participación de alrededor del 13 por ciento, lo que generó críticas por la dificultad para identificar a los candidatos en la papeleta.

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MÉXICO.-Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, confirmó que las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fueron congeladas.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitirá un comunicado en donde detalla los motivos de dicho bloqueo, aunque apuntó que fue de manera preventiva.

“Les pregunté (a la UIF), van a sacar un comunicado en un rato, les pedí que los sacaran. Fue de una manera preventiva, ahí se va a explicar en el documento, dado que hay una orden de aprehensión en EE.UU. contra diez personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF. Son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos”, señaló.

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios mexicanos fueron acusados pro autoridades de Estados unidos de pertenecer al Cártel de Sinaloa, en particular a la facción de Los Chapitos.

Las diez personas fueron señaladas por EE.UU. de presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas por supuestamente proteger operaciones de la facción de Los Chapitos, a cambio de sobornos millonarios.

Otros de los señalados son el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; el secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, además del senador morenista Enrique Inzunza.

El viernes 15 de mayo se confirmó que Mérida Sánchez y Díaz Vega se entregaron voluntariamente a las autoridades estadounidenses, en medio de versiones sobre una posible cooperación con fiscales de EE.UU.

Las entregas de ambos exfuncionarios comenzaron así a mover el caso más allá de presuntos esquemas de protección policial hacia el círculo financiero y político del Gobierno de Sinaloa.

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