CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En los últimos diez años se han presentado al menos seis iniciativas para legalizar la muerte digna en México. Sin embargo, ninguna ha prosperado, aunque estadísticas revelan que siete de cada 10 mexicanos apoyan la eutanasia.
La más reciente fue una propuesta ciudadana llamada Ley Trasciende, impulsada por Samara Martínez, activista de 31 años que padece enfermedades crónico-degenerativas en etapa terminal.
En octubre de 2025 se presentó ante el Senado para modificar el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud en México, legalizando la práctica del suicidio asistido o eutanasia, clasificado hoy por la legislación mexicana como “homicidio por piedad”, que puede conllevar una pena de hasta 12 años de prisión, de acuerdo con el artículo 312 del Código Penal.
Cinco meses después, la iniciativa sigue estancada en revisiones oficiales, pese a que cuenta con legitimidad social: es la primera vez que miles de mexicanos exigen la legalización de la eutanasia, apoyando la iniciativa a través de redes sociales.
Una encuesta realizada en 2022, por la asociación «Por el Derecho a Morir con Dignidad» (DMD), mostró que el 72.7% de la población exige un cambio en las leyes para aprobar la eutanasia, especialmente entre los jóvenes de 18 a 34 años (80%).
Entonces, si la mayoría de los mexicanos apoyan la eutanasia, ¿por qué no se ha aprobado una ley que despenalice esta práctica?
Más allá de dignificar la muerte
La Ley Trasciende tiene un objetivo fundamental: devolver su autonomía a las personas que enfrentan una enfermedad sin perspectivas de cura, mediante un marco integral para garantizar el derecho a una muerte digna, con un proceso seguro y accesible.
Actualmente la prohibición sobre la eutanasia afecta especialmente a quienes no cuentan con los recursos para viajar a otro país en el que sí este permitida, como Suiza, o para acceder a ella en la clandestinidad.
En conversación con Proceso, Martínez afirmó que la iniciativa va más allá de dignificar la muerte, ya que es un acto de justicia social:
“¿Por qué tenemos que ir a hacer uno de los procesos más naturales de la vida a otro país, del otro lado del mundo, en el que obviamente no puedes ir con toda tu familia, al menos que seas millonario? ¿Y por qué morir dignamente tiene que ser el privilegio de unos cuantos y no el derecho de todos?”.
Asimismo se ha documentado que entre el 3% y el 5% de la población que necesita cuidados paliativos en México tiene acceso a ellos, lo que condena a la agonía a la mayoría de las personas que padecen una enfermedad terminal o sufren de dolor crónico.
A los 17 años, Samara Martínez fue diagnosticada con dislipidemia mixta e hipertensión. Cinco años después, los médicos le detectaron glomeruloesclerosis focal y segmentaria, por lo que sólo le quedaba 23% de función renal.
“Ahí empieza este camino de saber lo que es vivir con una enfermedad crónico-degenerativa siendo joven, porque es muy diferente”, explicó Samara. Posteriormente se le diagnosticó lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune en la que los anticuerpos atacan los órganos.
Tras recibir dos trasplantes de riñón fallidos, su enfermedad entró en una etapa terminal, con una esperanza de vida de entre cinco y ocho años, periodo en el cual debería someterse a diálisis durante 10 horas diarias.
“Obviamente que a tus 28 años te digan eso es muy complicado. Y ahí perdí la esperanza, puedo decirlo fervientemente, porque imagínense que tu vida dependa de estar conectada 10 horas a una máquina”.
Condiciones para una muerte digna
La Ley Trasciende busca convertir a la eutanasia en un derecho humano, lo que obligaría al Estado a garantizarla en los casos que las personas lo soliciten:
“Tendríamos que garantizar que todas las personas, independientemente de su condición social, puedan acceder a los servicios de salud donde ejerzan su derecho a la eutanasia, pero sabemos que no está fácil”, explicó a este medio la diputada y economista Patricia Mercado, perteneciente a Movimiento Ciudadano, partido que se pronunció a favor de la iniciativa.
Sin embargo, esta propuesta también contempla criterios estrictos para acceder a ella.
Las personas que busquen la eutanasia deberán tener más de 18 años; estar en pleno uso de sus facultades mentales; contar con dos diagnósticos, emitidos por médicos distintos, que confirmen que el paciente padece una enfermedad terminal o padecimiento crónico-degenerativo discapacitante sin posibilidad de cura; y haber recibido información clara y comprensible.
Además, las personas deberán expresar su voluntad de manera libre y por escrito, ante Notario Público; y refrendarlo al menos cinco días después.
Uno de los elementos que contempla la Ley Trasciende es la objeción de conciencia, la cual explica que los médicos no están obligados a realizar dicho procedimiento. No obstante, las instituciones de salud deberán garantizar la disponibilidad de otro profesional en un plazo no mayor a 48 horas, evitando cualquier demora injustificada.
Para que sea considerada una muerte digna, la iniciativa enlista las acciones que la Secretaría de Salud tendría que realizar, tales como: capacitar al personal de salud para efectuar el procedimiento desde una visión ética; contar con los medicamentos necesarios para garantizar el acceso gratuito a este derecho; y supervisar su cumplimiento en todas las instituciones médicas públicas.
Límites al poder del Estado
Diego Valadés, doctor en Derecho e investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó a esta casa editorial que, en un Estado laico —como el mexicano— no se justifica la decisión de obligar a las personas enfermas a mantenerse con vida en contra de su voluntad, al imponer las creencias de un grupo.
“El Estado no tiene derecho a imponer el dolor a quien no desea sufrirlo inútilmente. En este punto la relación entre el Estado y la sociedad en general se ve condicionada por la religiosidad de los gobernantes. Sus convicciones son muy respetables, pero no lo es que las impongan a quienes tienen otra forma de pensar” expresó el jurista.
Pese a que casi el 80% de la población mexicana se considera católica —de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)—, las cifras de la asociación DMD demuestran que la ideología religiosa no se contrapone con la postura social para legalizar la eutanasia.
“Utilizando sus mismas palabras (de la Iglesia), el amor al prójimo se demuestra con respeto y con compañía. Esto no va en contra de la religión o de Dios. Al contrario, creo que, desde el amor hacia la vida misma, se toma una decisión así (…) que no es por cobardía”.
“Yo me amo tanto que ya no quiero verme en una situación de agonía en un hospital, de no reconocerme. Yo quiero que mi familia se quede con lo último que se quede de mí con una sonrisa, con una celebración a la vida”, sostuvo Martínez.
De acuerdo con Valadés, la lucha por una muerte digna comenzó hace poco más de treinta años. A lo largo de esas tres décadas ya está vigente en 18 naciones. Países Bajos fue el primer país en legalizar la eutanasia en 2002. También se permite en España, Canadá y Colombia.
Sin embargo, la despenalización no es suficiente si no va acompañada de una regulación sanitaria que garantice el acceso gratuito y seguro en las instituciones públicas.
A esto se suma el reto cultural de lograr que las familias y seres queridos respeten la decisión de quienes recurren a esta alternativa, como sucedió en el reciente caso de Noelia Castillo, una joven española de 25 años, quien tuvo que enfrentar un largo proceso legal por las ideas de su padre que se oponía a su derecho a la eutanasia.
En México el avance más significativo en el tema ha sido la aprobación de la voluntad anticipada: el derecho legal de toda persona, en pleno uso de sus facultades, a decidir libremente sobre los tratamientos médicos para conservar la vida de forma artificial.
Sin embargo, esta práctica aún no ha sido legalizada en todos los estados de la República. Y en aquellos en los que sí se permite, su aplicación suele depender de que los familiares del paciente notifiquen al médico sobre la decisión, lo que muchas veces no sucede.
Por otro lado, la eutanasia y el suicidio asistido —procedimiento donde el paciente recibe la ayuda necesaria para terminar con su vida, pero la ejecución final depende de él mismo— aún tienen numerosas conversaciones pendientes, pues se siguen enfrentando a estigmas sociales que frenan su avance desde el ámbito público y la esfera privada.
Para Martínez, lo que no se debe olvidar es que esta ley no es una imposición para nadie, sino que busca ampliar la libertad de todas las personas:
“No es una ley que habla de muerte, para mí es una ley de amor a la vida hasta el último suspiro”.
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