País.-El Gobierno de Claudia Sheinbaum dio un paso significativo hacia una mayor participación de capital privado en el sector eléctrico mexicano al autorizar una nueva generación de proyectos energéticos desarrollados conjuntamente entre empresas particulares y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una decisión que marca un cambio respecto a la política aplicada durante el sexenio anterior y que, para algunos especialistas, representa una nueva fase de apertura que acerca nuevamente al país a esquemas de privatización parcial de la generación eléctrica.
De acuerdo con información publicada por El País, la Secretaría de Energía avaló esta semana 37 proyectos impulsados por 31 desarrolladores privados que, en conjunto, aportarán 7 mil 411 megavatios de capacidad de generación hacia el final de la actual administración federal. Del total autorizado, más de 6 mil 700 megavatios corresponderán a plantas fotovoltaicas, mientras que el resto será generado mediante proyectos eólicos.
La aprobación de estos proyectos pone fin a un periodo de aproximadamente seis años en el que las inversiones privadas en generación eléctrica enfrentaron importantes restricciones.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se privilegió el fortalecimiento de las empresas estatales, particularmente la CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex), reduciendo los espacios para la inversión privada y promoviendo una mayor participación gubernamental en sectores considerados estratégicos.
Uno de los símbolos de aquella política fue la adquisición por parte del Gobierno federal de 13 plantas eléctricas de la empresa española Iberdrola en 2023 por alrededor de 6 mil 200 millones de dólares, una operación presentada entonces como parte de la recuperación de la soberanía energética nacional.
Aunque la administración de Sheinbaum mantuvo el principio de fortalecer a la CFE mediante la promulgación de nuevas leyes eléctricas en 2025, la estrategia actual incorpora mecanismos de asociación con empresas privadas. La legislación vigente establece que la empresa estatal deberá conservar el control del 54 por ciento de la generación eléctrica nacional, mientras que el 46 por ciento restante podrá estar en manos de particulares.
La mayoría de los nuevos proyectos aprobados se localizarán en regiones con alto potencial para el desarrollo de energías renovables, particularmente en el noreste del país y en la península de Yucatán. Entre las empresas participantes figuran Cúbico Sustainable Investments, Thermion Energy, Eléctrica Aselco, Fisterra Energy, Oak Creek y Terralia. Los estados beneficiados incluyen Sonora, Tamaulipas, Baja California Sur, Nuevo León y Yucatán.
El esquema aprobado contempla la creación de sociedades mixtas o joint ventures entre la CFE y los inversionistas privados. Según explicó al diario El País el exsubsecretario de Electricidad César Hernández, los particulares aportarán el capital inicial, el financiamiento, la construcción, operación y mantenimiento de las centrales, mientras que la empresa estatal garantizará la compra del 70 por ciento de la energía producida mediante contratos de largo plazo.
De acuerdo con este modelo, una vez que los inversionistas recuperen la tasa de retorno previamente establecida, la propiedad de las instalaciones pasará a manos de la CFE. Para los defensores del esquema, esto permite aprovechar recursos privados sin que el Estado pierda el control estratégico de la infraestructura energética.
No obstante, el mecanismo también ha sido interpretado por diversos analistas como una forma de reintroducir la participación privada en un sector que durante años fue presentado por el discurso oficial como reservado prioritariamente al Estado. Aunque jurídicamente las centrales terminarían bajo control de la CFE, la inversión, el riesgo financiero y buena parte de la operación inicial recaerán en empresas privadas.
El especialista Ramsés Pech estimó que si todos los proyectos autorizados llegan a concretarse, la inversión total podría alcanzar alrededor de 7 mil 400 millones de dólares. Sin embargo, advirtió que el éxito de las nuevas plantas dependerá también de inversiones adicionales en redes de transmisión y distribución eléctrica, así como de la capacidad del Centro Nacional de Control de Energía para garantizar las condiciones técnicas necesarias para su interconexión.
La apuesta gubernamental responde a una realidad cada vez más evidente: el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica nacional. Tan sólo para este verano, las autoridades prevén un consumo máximo cercano a los 54 mil megavatios. Aunque la capacidad instalada supera los 90 mil megavatios, una parte importante corresponde a fuentes intermitentes como la solar y la eólica, además de que persisten limitaciones en las redes de transmisión.
La decisión también refleja las presiones económicas que enfrenta el país. En un contexto de desaceleración económica y necesidad de nuevas inversiones productivas, más de 200 proyectos fueron presentados originalmente ante la Secretaría de Energía, evidencia del interés empresarial por participar nuevamente en el mercado eléctrico mexicano.
Así, mientras el Gobierno sostiene que se trata de asociaciones estratégicas que fortalecen a la CFE y aceleran la transición hacia energías limpias, los críticos consideran que la apertura a inversionistas privados representa un cambio de rumbo respecto a la política energética defendida durante el sexenio anterior. En los hechos, la generación eléctrica vuelve a abrir espacios relevantes al capital privado, aunque ahora bajo fórmulas que buscan mantener la rectoría formal del Estado sobre el sistema eléctrico nacional.
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