Este domingo, la revista Proceso publicó un artículo titulado: “Un decreto a la medida de Jesús Ramírez: afectación al erario por 27 mil millones de pesos“, en el que dio a conocer un capítulo del libro: “Ni venganza ni perdón“, de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez, en el que señala que, Jesús Ramírez Cuevas, vocero presidencial durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, utilizó un decreto sobre extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) como instrumento de operación política, que le permitió el uso de recursos públicos para establecer redes clientelares con fines políticos.
Según el artículo del propio Julio Scherer, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) denunció que el decreto en cuestión fue negociado con personas sin representación sindical legítima, y acusó a Jesús Ramírez y a Manuel Bartlett, entonces titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de intervenir para imponer liderazgos afines, violando la autonomía gremial. La tensión generó una ruptura entre el SME y los grupos beneficiados por el decreto.
Respaldo público a Clara Brugada
Un decreto a la medida de Jesús Ramírez Cuevas terminó en una afectación al erario por casi 27 mil millones de pesos.
Un capítulo del libro Ni venganza ni perdón, de Julio Scherer Ibarra, documenta cómo un programa presentado como “justicia social” fue usado para operar…
La publicación de Proceso agrega que, En mayo de 2024, durante u acto masivo en el Día del Trabajo, extrabajadores encabezados por Rosendo Flores manifestaron su respaldo público a Clara Brugada, candidata del partido Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En el evento se agradeció a Jesús Ramírez por su “intervención histórica” y se solicitó la creación de una nueva empresa eléctrica que absorbiera a los aún desempleados, emulando el esquema utilizado en el caso de Mexicana de Aviación.
En su artículo, Julio Scherer explica que, El 25 de agosto de 2022, el Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que estableció una “compensación vitalicia por justicia social” para extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC). La controvertida disposición marcó un punto de quiebre no solo en el manejo presupuestal del Estado, sino en la interpretación de la justicia laboral.
Scherer Ibarra agrega que, pese a que la mayoría de los beneficiarios ya habían sido liquidados conforme a la ley, Jesús Ramírez convenció a López Obrador de implementar el programa.
Según la publicación, Jesús Ramírez utilizó el tema para posicionar a sus aliados, intervenir en la vida sindical del SME y operar a favor de Clara Brugada, candidata de Morena a la jefatura de Gobierno, a pesar de que la preferencia evidente de la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo se inclinaba por Omar García Harfuch.
Desaparición de LyFC
Según el capítulo del libro “Ni venganza ni perdón” dado hoy a conocer, “La historia comenzó en octubre de 2009, cuando el presidente Felipe Calderón anunció la desaparición de LyFC“. “La medida afectó a más de 45,000 trabajadores; de ellos, cerca de 9,000 no alcanzaron la jubilación a pesar de contar, algunos, con más de 19 años de servicio”.
Tras la liquidación, “Un grupo de disidentes permaneció en resistencia y fuera de la estructura forma del SME, liderados por figuras como Rosendo Flores”, según la publicación.
2018, nuevo escenario
Y agrega, “Con el cambio de gobierno en 2018, el conflicto entró en un nuevo escenario”. Jesús Ramírez Cuevas asumió un papel de interlocutor entre los extrabajadores disidentes y el Ejecutivo. En la mañanera del 13 de octubre de 2021, López Obrador señaló a Jesús Ramírez como el encargado del tema.
“El grupo de extrabajadores beneficiados no tardó en asistir públicamente a actos de campaña de Clara Brugada, mostrando una clara fidelidad electoral al propio Ramírez”, señala Julio Scherer en su artículo.
Una fe de erratas modificó las condiciones originales
La publicación de Proceso dice que, “El decreto del 25 de agosto de 2022 otorgó una compensación mensual vitalicia a extrabajadores con al menos 19 años y 6 meses de antigüedad que no hubieran accedido a una pensión de LyFC ni formaran parte de otros esquemas como Agroasemex. No obstante, una fe de erratas publicada el 29 de agosto modificó las condiciones originales para incluir a personas ya liquidadas”.
“El uso de una fe de erratas para modificar las reglas de acceso a un programa social viola el principio de legalidad presupuestaria”, dice el artículo, y agrega que, “La falta de planeación obligó a modificar el decreto para ajustarlo a presiones externas, creando un programa sin respaldo financiero suficiente, el cual agravó la situación fiscal de la administración pública”.
Pasivo por casi 27,000 millones de pesos
Y señala que, “El pasivo generado por este esquema impulsado por Ramírez Cuevas asciende a la cifra monumental de casi 27,000 millones de pesos hasta 2086″.
También dice que, “El padrón oficial de los beneficiarios de ese programa sumaba 7,133 personas al cierre de 2023, y el gasto ejercido alcanzaba los 3,537 millones de pesos”.
La publicación concluye señalando que, “La actuación de Jesús Ramírez, bajo el manto de la confianza presidencial, comprometió las finanzas públicas, dividió al movimiento social y colocó recursos públicos al servicio de una precandidatura y de intereses políticos particulares”.
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