Desde que se aprobó la reforma a la Constitución Política del Estado de Veracruz, en enero de 2015, en la que se estableció que el titular de la Fiscalía General del Estado podrá durar en el cargo nueve años, a la fecha tres personas han pasado por este puesto, motivo por el que abogados consideran que se debe analizar el tiempo de permanencia de la persona que sea designada.
¿Quiénes han estado al frente de la Fiscalía General del Estado de Veracruz?
En estos nueve años han estado al frente de la Fiscalía: Luis Ángel Bravo Contreras, relacionado con el PRI, Jorge «N» de extracción panista y Verónica Hernández Giadáns, colocada por Morena.
El 9 de enero de 2015 se publicó en el número extraordinario 14 de la Gaceta Oficial del Estado el Decreto número 536 que reformó y derogó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, propuesta que fue enviada por el entonces gobernador Javier «N» y aprobado por el pleno del Congreso local, con mayoría priista.
En dicho decreto se estableció que el “Fiscal General durará en su encargo nueve años” y será designado por el Congreso local a partir de que el cargo quede vacante, además de establecer que “El Procurador General de Justicia del Estado que se encuentre en funciones al entrar en vigor la autonomía constitucional de la Fiscalía General, quedará designado a partir de ese momento”.
Dicha modificación sirvió para que Javier «N» colocara en el cargo a Luis Ángel Bravo Contreras, quien en ese entonces fungía como consejero presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).
Bravo Contreras llegó a la Fiscalía el 10 de enero de 2015 y renunció a finales de noviembre de 2016, días antes de que Miguel Ángel Yunes Linares llegara a la gubernatura de Veracruz por un periodo de dos años. El entonces mandatario estatal hizo pública una recompensa de 5 millones de pesos para quienes proporcionaran información del exfiscal.
Luis Ángel Bravo Contreras estuvo preso en el penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, por más de 15 meses al ser señalado de los presuntos delitos de por su probable intervención en la comisión del delito de desaparición forzada de personas, en la modalidad de entorpecer la investigación y apoyar a que los responsables de su comisión eludieran la acción de la justicia.
De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, Bravo Contreras presuntamente ordenó a personal bajo su mando, ocultar y alterar el hallazgo de 13 de 19 cuerpos localizados en la barranca de La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, el 19 de enero de 2016.
Fue detenido al salir de un restaurante en la Ciudad de México el 17 de junio de 2018 y logró su libertad condicional el 6 de noviembre de 2019.
El caso Jorge «N»
El abogado Jorge «N» fue nombrado como titular de la Fiscalía General del Estado en diciembre de 2016 por Miguel Ángel Yunes Linares.
Fue destituido por el Congreso local el 3 de septiembre de 2019 y en su lugar fue colocada Verónica Hernández Giadáns como encargada de despacho. Ese día, legisladores del PAN y de Morena se enfrentaron en las afueras de la Fiscalía, ubicada en arco sur en Xalapa, ya que los representantes del partido guinda ingresaron a las instalaciones con la abogada para colocarla en el cargo.
Jorge «N» fue detenido el 25 de julio de 2022 en Puerto Escondido, Oaxaca, por los presuntos delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.
En agosto del mismo año, fue vinculado a proceso y un Juez de Control le dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que fue ingresado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 «El Altiplano», ubicado en el Estado de México, donde sigue preso.
El 3 de septiembre de 2019, la Diputación Permanente del Congreso local determinó destituir a Jorge «N» de la titularidad de la Fiscalía General del Estado y en su lugar nombró como encargada de despacho a Verónica Hernández Giadáns, quien fue ratificada por el Pleno con mayoría de Morena en mayo de 2020.
Es la primera mujer que está al frente de la Fiscalía General del Estado y fue nombrada por un periodo de 9 años; sin embargo, con el ingreso de la gobernadora electa, Rocío Nahle García, podría ser removida del cargo.
El presidente del Colegio de Abogados Juristas en Veracruz, Valentín Olmos Alfonso señaló que sí se debe analizar la permanencia de la persona que esté al frente de la Fiscalía, pero basándose en los resultados y acciones que se tengan.
Indicó que, aunque la Fiscala actual ha tratado de dar resultados, no se cuenta con la infraestructura y recursos, entre ellos humano, por lo que el organismo procurador de justicia se “encuentra rebasado”.
Manifestó que no siempre se pueden resolver los casos que van llegando por la falta de recursos económicos y materiales, lo cual tendría que ser revisado.
“Lo que puedo decir es que la Fiscal que está al frente tiene la capacidad para poder desempeñar el cargo, pero lo que se tendría que analizar es ver cuántos asuntos se han resuelto y cuántos están pendientes, el grave problema de la Fiscalía es la falta de personal”, dijo.
Como ejemplo de ello mencionó que en el Distrito 11 de Xalapa hay 33 fiscales para cubrir varias localidades, por lo cada uno tiene a su cargo “arriba de 700 carpetas por eso la impartición de justicia nos está dejando mucho que desear”.
“Cuando tienen audiencia, tienen guardias y diferentes actividades paralizan trámites, yo lo que pediría es que se analice primero el presupuesto en el Congreso para que se tenga una mejor infraestructura y se pueda garantizar la procuración de justicia, entonces se puede determinar si la permanencia se puede lograr por los resultados o se determina destituir”, expresó.
En su opinión, se requieren mayores recursos para lograr una real impartición de justicia, hecho que se ha exigido desde hace varios años.
¿Qué dice la ley?
En el Decreto número 536 que reformó y derogó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se determina que para ser Fiscal General del Estado se requiere: Ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos y no tener otra nacionalidad; tener, cuando menos, 30 cumplidos al día de su designación; poseer, al día de su designación, el título de Licenciado en Derecho, con antigüedad mínima de cinco años, expedido por autoridad o institución mexicana legalmente facultada para ello; no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación o abuso de confianza, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y no pertenecer al estado eclesiástico, no ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe conforme a lo establecido en la Constitución federal y la ley de la materia.
El Fiscal General será designado por el Congreso del Estado mediante el siguiente procedimiento: A partir de que el cargo quede vacante, el Congreso contará con 20 días naturales para integrar una lista de diez candidatos aprobada por las dos terceras partes de sus miembros presentes. La integración en esta lista no genera ningún derecho a favor de las personas que la formen que pueda ser reclamado ante los tribunales, ni el procedimiento de designación puede considerarse como de carácter electoral. Esta lista será remitida al Gobernador del Estado.
Si el Gobernador no recibe esta lista dentro del plazo señalado, enviará libremente al Congreso una terna y designará provisionalmente al Fiscal General hasta en tanto el Congreso haga la designación definitiva. El Fiscal así designado podrá formar parte de la terna.
Recibida la lista a que se refiere el punto uno de este inciso, el Gobernador formará de entre sus miembros, una terna que pondrá a consideración del Congreso dentro de los diez días hábiles siguientes a dicha recepción. La terna no podrá ser rechazada ni devuelta al Gobernador.
El Congreso, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal General por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, dentro del improrrogable plazo de diez días hábiles contados a partir de la recepción de la terna.
En caso de que el Gobernador no envíe la terna dentro del plazo previsto en el punto tres de este inciso, el Congreso dispondrá de diez días hábiles para designar al Fiscal General de entre los miembros de la lista mencionada en el punto uno de este inciso. La designación deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los diputados presentes.
Si el Congreso no hace la designación dentro de los plazos establecidos en las disposiciones anteriores, el Gobernador designará al Fiscal de entre los candidatos que integren la lista enviada por el Congreso o, en su caso, la terna respectiva. Si por cualquier causa, no se configuran ni la lista, ni la terna, el Gobernador podrá designar libremente al Fiscal General.
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