El magistrado Mauricio Barajas Villa dió a conocer que un conjunto de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) acudirán a instancias internacionales de protección a derechos humanos para apelar una eventual aprobación de la reforma judicial discutida en la Cámara de Diputados.
Junto a este recurso, se planteó acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y en su caso a nivel internacional, para apelar la sobrerrepresentación de legisladores de Morena y aliados (PVEM y PT) en el Congreso de la Unión.
“Ya se está trabajando en dos líneas esenciales de defensa: La primera acudir a los órganos internacionales de protección de derechos humanos e impugnar en su momento la hoy inminente reforma constitucional (…) Y se delinean las estrategias para enfrentar la asignación de los diputados por representación proporcional con la pretensión de que la fuerza política dominante no alcance (como de hecho no alcanzó) las dos terceras partes de cada una de las cámaras que integran el Congreso de la Unión”, señaló Barajas Villa, adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo de la CDMX.
La sobrerrepresentación, explicó el magistrado, consiste en que Morena y aliados pretenden que con el 52 por ciento de la votación obtenida el pasado 2 de junio se alcancen más del 70 por ciento de las curules en la Cámara de Diputados, “en clara contravención al principio de igualdad del voto”. Con ese porcentaje, obtendrían la mayoría calificada para avalar la reforma judicial y demás modificaciones a la Constitución.
En entrevista con medios de comunicación tras el evento de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (JUFED) en la sede de San Lázaro, Barajas Villa explicó las estrategias jurídicas que plantea llevar a cabo junto a otros impartidores de justicia.
“Está claro que las autoridades del Instituto Nacional Electoral no velarán por una interpretación sistemática y funcional de las disposiciones que impiden una sobrerrepresentación. Esto se ve venir”, explicó el magistrado.
Ante ello, apuntó que “la impugnación que se haga ante el TEPJF es muy probable, y nosotros advertimos —por toda la presión que tienen los magistrados de la Sala Superior—, que no prospere tampoco una rectificación de un criterio que es desproporcionado (sobrerrepresentación)”.
El impartidor de justicia declaró que, en caso de que la sobrerrepresentación sea avalada por el TEPJF, acudirán también a instancias internacionales.
“Ante esa circunstancia, que es muy previsible, pues lo que queda es la defensa ante instancias internacionales. Eso es parte de la estrategia que se está diseñando”.
La estrategia jurídica que se gesta al interior del PJF se pondría en marcha antes de la primera semana de agosto, cuando el INE ratifique la elección federal del pasado 2 de junio, y por ende, la sobrerrepresentación de la 4T en el Poder Legislativo.
“Hay que esperar a que se den los tiempos, que se empiecen a dar las decisiones que se tienen que dar y en función de eso estaría ya preparado, con todos los argumentos, con todas las disposiciones y precedentes aplicables. Yo creo que hay instancias que están observando a México en el ámbito internacional. El punto es que en ese proceso no se vea que es fácil poner el pie encima de la democracia y que nadie va a hacer nada”, declaró.
El evento llevado a cabo en la sede de San Lázaro del Consejo de la Judicatura Federal contó con la participación de más de 200 personas que se manifestaron contra la reforma judicial y a favor de la independencia judicial.
Juana Fuentes Velázquez, directora de la JUFED, advirtió que “nuestra dignidad como juzgadoras y juzgadores federales, como secretarios y secretarias, como actuarios y actuarias, como oficiales, no será minada con acusaciones carentes de fundamento”, referente a los señalamientos de corrupción por parte del presidente López Obrador.
La juzgadora agregó: “La reforma judicial pretende truncar lo que está en el corazón mismo de la función de las personas juzgadoras, pues sujetar su elección a los designios de la política implica someterlos desde antes de ejercer su cargo (…) hacer inoperante el sistema de carrera judicial, supone abolir el mérito para encumbrar habilidades propias de la política”.
Durante el mítin también participaron trabajadores del PJF, magistrados y jueces, quienes argumentaron que “no vamos a permitir esta reforma”.
