La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respetar los principios constitucionales para impedir la sobrerepreentación en el Congreso de la Unión pues advirtió que se corre el riesgo de erosionar la confianza en las instituciones.

Frente a la posibilidad de que Morena y sus aliados obtengan 75 por ciento de las curules en la Cámara baja, el presidente del organismo empresarial, José Medina Mora consideró que la representación en el Congreso de la Unión debe reflejar fielmente el voto de la ciudadanía.

“Una sobrerrepresentación excesiva afecta la decisión de los ciudadanos que votaron por otras opciones, cuyos representantes, en lugar de ocupar 46 por ciento de la Cámara baja se verán subrepresentados, con sólo 25 por ciento de las posiciones”, expresó

Ello—agregó– significaría que se le otorgue un diputado a Morena y a sus aliados por cada 80 mil votos y un diputado a la oposición por cada 200 mil votos, lo cual no refleja la voluntad ciudadana del 2 de junio.

Consideró que en el escenario actual, donde partidos en coalición se comportan como una sola fuerza política resultando en sobrerrepresentación, nunca fue previsto en la ley electoral original.

Por ello, aseveró que es necesario que haya argumentos jurídicos, políticos, democráticos e incluso éticos para sustentar y orientar la adecuada aplicación del criterio constitucional.

En su intervención, Mariana Campos, directora general de México Evalúa, hizo hincapié en el riesgo en el que se encuentra la democracia en México debido a las inconsistencias en el proceso postelectoral.

“Morena ganó en coalición 213 distritos, pero lo que busca es transferir parte de sus triunfos, alrededor de 90 triunfos, al Partido Verde y al Partido del Trabajo, para así lograr un mayor número de plurinominales. Esta transferencia de triunfos no es consistente con lo votado en las urnas”.

Por su parte, Marcos del Rosario, presidente del Comité Jurídico y de Justicia de COPARMEX, hizo un llamado a que las autoridades hagan valer los principios de pluralidad y de no sobrerrepresentación.

Sobre la reforma judicial consideró que poco o nada tiene que ver la forma en la que se eligen los jueces para eliminar la corrupción.

“Se tiene que fortalecer también al Consejo de la Judicatura y se tienen que hacer una serie de entendimientos de revisión”, indicó

Pedro Salazar Ugarte, del Consejo Nacional de la Abogacía Mexicana, indicó la importancia de hacer modificaciones pertinentes al poder judicial. “No solamente es necesario fortalecer a los poderes judiciales estatales, es fundamental fortalecer y garantizar la capacidad técnica de las fiscalías a nivel nacional”.

Jorge Sepúlveda García, secretario de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, destacó la necesidad de hacer una reforma en la que se le asignen los recursos necesarios a los poderes judiciales locales. “Durante 2022, los poderes judiciales locales admitieron y resolvieron 2 millones 154 mil asuntos, mientras que el Poder Judicial de la Federación sólo 1 millón 284 mil asuntos. Sin embargo, el presupuesto de los 32 estados sumó 45 mil millones, mientras que el Poder Judicial de la Federación contó con 77 mil millones”, afirmó.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador continúa con los argumentos de por qué es necesaria la reforma al Poder Judicial y en esta ocasión exhibió a empresas que son deudoras ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Durante la conferencia ‘mañanera’ de este jueves 18 de julio, AMLO mostró una lista de 13 compañías de distintos rubros, las cuales están relacionadas con fraude fiscal al SAT por un monto de 129 mil millones de pesos en total.

“Hablan de la delincuencia organizada, pero ¿y la de cuello blanco? ¿Ustedes creen que es por casualidad”, cuestionó el mandatario.

López Obrador no mostró los nombres específicos de las empresas, pero sí los rubros de cada una y señaló que a pesar de que los casos son enviados al Poder Judicial, el promedio para dar una fecha de audiencia inicial es de hasta 150 días.

En primer lugar, está una compañía de transportación aérea que debe 33 mil 495 millones de dólares, “este debe ser el presupuesto de un estado, lo que debe”, puntualizó AMLO.

La tabla también incluye la fecha en la que el caso de cada empresa fue enviado, por ejemplo, en octubre de 2022 y la fecha de audiencia fue el 16 de abril de 2023. En total fueron 195 días para el inicio de la audiencia.

De esta forma se exhibe el tiempo que ha tardado el Poder Judicial en realizar la audiencia para cada empresa, mientras que para dos, en particular, no se ha otorgado ninguna fecha.

Entre los rubros de las compañías deudoras están una refresquera, chatarreras, mineras, un despacho contable, una acerera, cementera, petrolera, de la industria alimenticia, gasolinera, un equipo de fútbol y tiendas departamentales.

El monto de deuda al SAT más bajo, es el de las tiendas departamentales, que corresponde a 1, 088 millones de pesos. El caso se envió al Poder Judicial el 26 de junio y, hasta ahora, no han otorgado fecha de audiencia, por lo que van 22 días transcurridos entre el envío y la audiencia inicial.

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La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) instó este jueves a la futura presidenta, Claudia Sheinbaum, y al conjunto de autoridades electas a «garantizar condiciones dignas» en las cárceles del país norteamericano.

A través de un comunicado, en el marco del Día Internacional de Nelson Mandela, el organismo celebró que la mandataria electa mencionara un Plan integral para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario durante su campaña, y la exhortó a que «vele por la implementación efectiva» de recomendaciones en materia de derechos humanos.

«La ONU-DH en México hace un llamado respetuoso al Estado mexicano, especialmente a las autoridades electas, federales y estatales, a diseñar una política penitenciaria que garantice las condiciones dignas de detención», sostuvo.

Enumeró algunos retos que el sistema de prisiones mexicano tiene encima de la mesa, como las «inadecuadas condiciones de detención, el hacinamiento (o) los problemas de autogobierno y corrupción», y recordó que el «abuso» de la prisión preventiva y la «existencia misma» de la prisión preventiva oficiosa han extremado la situación.

«Particularmente preocupantes son las condiciones de las mujeres privadas de la libertad», añadió ONU-DH, que recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) han constatado la «inobservancia de los derechos humanos» en la prisión federal para mujeres en el céntrico estado de Morelos.

Esta problemática ha conducido, según la organización, a la muerte de 15 mujeres en los últimos tres años, «algunas de ellas aparentemente por suicidio».

Además, ONU-DH resaltó que, principalmente, las personas privadas de libertad están «en situación de pobreza y marginación», por lo que tienen enfrente «una mayor vulnerabilidad debido a las difíciles condiciones de detención».

Sin embargo, celebró la «apertura» de México a la cooperación internacional en materia penitenciaria, lo que ha sido «fundamental» para hacer avanzar los derechos humanos para la población privada de libertad.

«Reconocemos que el Estado mexicano haya aceptado en días pasados las recomendaciones (…) formuladas en el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU», aseguró el comunicado.

Adelantó que, en septiembre, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria presentará su informe de misión en México y que el Subcomité para la Prevención de la Tortura visitará el país en el primer semestre de 2025.

Así, ONU-DH remarcó su voluntad de «seguir brindando asistencia y cooperación técnica» a México, que, a partir del 1 de octubre, estará comandado por la primera mujer presidenta del país.

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En el 2023 la cobertura de vacunación en México retrocedió a la alcanzada hace diez años, de acuerdo con un reporte difundido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Adolescencia (Unicef).

Alerta que dos de 11 vacunas del calendario nacional lograron una cobertura del 90% o más y que la inoculación osciló entre el 76 y el 91%.

En tanto que, subraya que en el 2023 ninguna de las 13 vacunas del calendario logró una cobertura del 90% o más y la inmunización osciló entre el 61 y el 89%.

La OMS ubicó a México en el primer lugar, entre 33 países de América Latina y el Caribe por el número de niños con dosis cero.

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México está enfrentando un repunte de COVID-19, en una segunda ola de contagios por las vacaciones de Verano que tendrá su clímax en las siguientes tres a seis semanas y en esta ocasión, la cepa dominante es la KP.3 que afecta principalmente a niños de entre uno y 4 años.

Baruch Díaz, maestro en epidemiología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alerta que el último informe semanal de la Secretaría de Salud señala que en esta ocasión, la cepa es la KP.3, que afecta principalmente a niños de entre uno y 4 años, con mayor número de hospitalizaciones.

“Hay algo que llama mucho la atención, una parte importante de la incidencia y de los grupos de edad más afectados es el de 1 a 4 años de edad, y también esta población concentra una parte importante de casos hospitalizados, de hospitalizaciones”, alertó el especialista.

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