Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y el ex alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, ya no tienen fuero y pueden ser citados a comparecer ante el Ministerio Público Federal (MPF) respecto de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, señalaron funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR).

El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, el ministro en retiro Arturo Zaldívar, publicó en su cuenta de X que “el fuero protege a la función, no a la persona. Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona, pues ya no goza de la inmunidad procesal”.

En tanto, funcionarios federales explicaron a La Jornada que en el tratado de extradición firmado entre México y Estados Unidos existen vacíos legales que impiden procesar penalmente a funcionarios con fuero, por lo cual el único caso que se ciñe a esta circunstancia es el del senador Enrique Inzunza.

Investigación local

Integrantes de la FGR señalaron que el Ministerio Público Federal, luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores entregó el jueves de manera formal la solicitud de la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York para detener a 10 mexicanos, entre ellos Rocha Moya, Gámez Mendívil e Inzunza, inició la integración de su propia investigación de los delitos que en aquel país se les imputan por sus supuestos vínculos con el cártel de Sinaloa, particularmente con la facción que encabeza Iván Archivaldo Guzmán Salazar, El Chapito.

Litigantes como Marco del Toro Carazo señalan en redes sociales que el tratado de extradición entre México y Estados Unidos no prevé que “el país requirente exhiba, para la solicitud de detención provisional, ningún tipo de prueba”, y que el “pedimento deberá contener la expresión del delito por el cual se pide la extradición, la descripción del reclamado y su paradero”.

Esta es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos solicita detener a funcionarios mientras gozan de fuero. Cuando pidió la entrega, por vínculos con el narcotráfico, de los ex gobernadores de Quintana Roo, Mario Villanueva (1993-1999); y de Tamaulipas, Tomás Yarrington (1999-2004) y Eugenio Hernández (2005-2010), ellos ya habían terminado su gestión y carecían de protección constitucional.

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