México.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este martes que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, debería ir a juicio político por no resolver dos expedientes de pago de impuestos por 35.000 millones de pesos.

“¿Qué procedería en este caso? Pues denunciarla y pedir juicio político, pero si hacemos eso imagínense, si ya fueron a la OEA (Organización de Estados Americanos), ¡uy, qué miedo!, ahora irían a quejarse con el rey de España o al Departamento de Estado de Estados Unidos. Es evidente que violan la Constitución”, señaló durante su rueda de prensa.

El titular del Ejecutivo acusó así a la ministra presidenta Piña de entregar a un ministro que “siempre ha defendido a potentados” un expediente por entre 30 mil y 35 mil millones de pesos con el que se buscaba evitar el pago de impuestos de una empresa que, aunque no mencionó, alude al empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de una televisora, Banco Azteca y de Grupo Elektra.

Recordó que estas impugnaciones son “cosa juzgada” y que ambos expedientes ya habían pasado por la Corte, donde se resolvió que no eran competencia de los ministros, por lo que se fueron a un tribunal que determinó que se debían pagar esos impuestos. Pero tras otro recurso legal, el expediente volvió a la Corte.

“Si no resuelven antes de que yo termine (el 1 de octubre), ahí se los encargo, nada más para que le den seguimiento, que no se olvide, porque están pensando que si pasa el tiempo ya no sucedería nada”, acotó.

Señaló que la solicitud de juicio político contra Piña daría pie a pensar que su gobierno realiza una persecución contra ella, por lo que ha decidido no seguir ese camino.

En los últimos días, trascendió que Norma Piña admitió los dos recursos, una impugnación por un crédito fiscal de 18.455 millones de pesos, por emisión de pago de impuestos del año 2013, y otro de un crédito fiscal de 1.431 millones de pesos que data de 2008.

El primer caso se turnó al ministro Alberto Pérez Dayán, de la Segunda Sala de la Corte, que propondrá una resolución y someterá a votación de sus pares el caso, por lo que lo resolverán los cinco ministros integrantes de la Sala, y no todo el pleno con los 11 ministros.

El caso del crédito fiscal de 2008 lo analizará la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien deberá proponer un proyecto para que ella y sus cuatro compañeros lo discutan y voten.

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México.-La Iglesia católica y empresarios urgieron este martes a las autoridades atender el aumento de la violencia por los carteles del crimen organizado en la frontera sur de México y atender a los cientos de mexicanos desplazados a Guatemala.

Los obispos y párrocos en Tapachula, principal urbe en el límite de México con Guatemala, exhortaron al pueblo a unirse para pedir por la paz de los habitantes de Chiapas, estado de la frontera sur.

Martin Moreno, párroco de la iglesia de San Agustín, denunció en una entrevista con EFE que hay «situaciones muy difíciles» de violencia, y enfrentamientos armados entre los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, algo «inédito» en esta región de México.

También expuso que los grupos criminales obligan a las personas a estar en retenes o filtros para evitar que se entrometan integrantes del bando contrario, las colocan en los enfrentamientos y, si no acceden, extorsionan a los campesinos para que paguen dinero por sus cosecha.

“Hay una tendencia de las autoridades a minimizar o a decir que no existe (el problema), pero cuando un presidente como el de Guatemala (Bernardo Arévalo) dice: ‘tenemos 800 chiapanecos que están buscando refugio y los vamos ayudar’, no se puede decir que no existe», comentó el cura.

La Iglesia católica en Tapachula colocó lonas con el símbolo de la paz en la parte exterior de los templos para visibilizar el problema de la violencia en Chiapas, que se ha concentrado en la Diócesis de la Sierra Madre, donde hay 10 parroquias y 12 sacerdotes.

«El problema es grave y siguen los enfrentamientos entre estos dos grupos y toman a las personas como carne de cañón”, apuntó.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido que atiende los hechos con un despliegue de las Fuerzas Armadas, pero el sacerdote comentó que, pese a la presencia militar, no hacen nada y la violencia ha ido escalando.

Aníbal Enrique Núñez, empresario de la asociación Procentro, reportó que, ante la inseguridad, sus ventas han disminuido hasta un 70 % y la contratación de empleados ha bajado más del 50 %.

“Acabamos de elegir a autoridades nuevas, van a entrar en octubre a hacer su trabajo, esperamos que estas nuevas autoridades no sean omisas como las que tuvimos en esta pasada Administración», dijo en referencia a las elecciones del 2 de junio y al cambio de gobierno.

Por ello, pidió «a las autoridades que están y a las que vienen que tomen cartas en el asunto».

En eso coincidió Detmar Yuren Vázquez, un habitante de Tapachula quien teme por la seguridad de los niños que volvieron a la escuela este lunes en medio del repunte de violencia.

“Como ciudadano chiapaneco, solicito a los tres niveles de gobierno que pongan ojos en el estado de Chiapas para que se tenga esa tranquilidad y esa paz, para que los hijos puedan salir y confiemos que van a regresar a nuestras viviendas, eso es lo que pedimos», expresó.

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México.-La Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, admitió a trámite un intento de última hora del PAN para revertir la mayoría calificada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.

La Ministra Piña notificó el lunes la admisión de una contradicción de criterios entre la propia Corte y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La contradicción fue denunciada por el líder nacional del PAN, Marko Cortés, y el expediente fue turnado al Ministro Juan Luis González Alcántara para que elabore el proyecto respectivo.

La jurisprudencia que llegue a dictar el Pleno de la Corte sería obligatoria para el TEPJF, pero para que afecte la integración de la Cámara que está por ser aprobada, tendría que ser emitida a más tardar en la sesión del próximo jueves del Pleno del Máximo Tribunal.

La materia electoral es prioritaria sobre cualquier otra que atiende la Corte, que no estaría resolviendo cómo deben asignarse las diputaciones de la elección pasada -pues no tiene facultades para ello- sino fijando el criterio con el que tendría que resolver el TEPJF.
Según la denuncia, en 1998 la Corte sostuvo que la representación proporcional busca evitar un alto grado de sobrerrepresentación de los partidos dominantes, y que dicho principio es aplicable tanto a partidos como a coaliciones.

El TEPJF ha sostenido desde 2018, ya en su actual integración, que el tope de sobrerrepresentación solo aplica a partidos, no a coaliciones, al confirmar que la coalición “Juntos Haremos Historia” tenía derecho a 60 por ciento de los diputados con solo 45 por ciento de los votos.

Al admitir la contradicción, Piña advirtió que el criterio del TEPJF “deja de lado lo sostenido con fuerza jurisprudencial por el Pleno de este Alto Tribunal en cuanto al alcance del principio de representación proporcional”.

La Ministra también recordó que, dede 2002, la Corte estableció que las contradicciones con el TEPJF son improcedentes cuando ya exista jurisprudencia del Alto Tribunal que resuelve el tema.

Sin embargo, las contradicciones de criterios por regla general no pueden ser desechadas por la Presidencia de la Corte, de ahí que se turnó el expediente a González Alcántara.

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México.-A pesar de las protestas del personal de juzgados y tribunales, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la reforma al Poder Judicial para elegir a ministros, magistrados y jueces por voto popular.

Durante la discusión en lo particular, la mayoría de Morena y aliados avalaron una modificación para incorporar la figura de los “jueces sin rostro”, como un mecanismo de protección a los juzgadores en casos contra el crimen organizado.

“Tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley”, establece la adición suscrita por la legisladora morenista Lidia García.

La comisión turnó el dictamen a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con la intención de que la nueva legislatura, con mayoría calificada de Morena, PVEM y PT, lo discuta y lo vote en el pleno el próximo domingo 1 de septiembre.

El dictamen avalado en lo general con 22 votos de las bancadas oficialistas, y 17 de PAN, PRI y MC en contra, el proyecto prevé asimismo la renovación total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como de la mitad de los magistrados de circuito y jueces de distrito, en 2025.

Considera reducir de once a nueve el número de ministros de la Corte y de quince a doce años la duración en el cargo, además de recortar sus remuneraciones para evitar que obtengan una percepción superior a la del Presidente de la República.

Establece además la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal para ser sustituido por un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial encargado de supervisar la actuación de los jueces y, en su caso, imponerles sanciones.

Después de un ríspido debate de doce horas, los legisladores de Morena y sus aliados avalaron el proyecto que plantea asimismo la renovación total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como de la mitad de los magistrados de circuito y jueces de distrito, en 2025.

Considera reducir de 11 a nueve el número de ministros de la Corte y de 15 a 12 años la duración en el cargo, además de recortar sus remuneraciones para evitar que obtengan una percepción superior a la del Presidente.

El proyecto a discusión establece la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal para ser sustituido por un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial encargado de supervisar la actuación de los jueces y, en su caso, imponerles sanciones.

Entre las reservas que presentará hoy el grupo parlamentario de Morena destaca una para incorporar la figura de los jueces sin rostro como mecanismo de protección a los juzgadores en los casos relacionados con el crimen organizado.

Diputados de los diversos grupos parlamentarios presentaron un total de 330 reservas para su discusión en lo particular, pero al cierre de esta edición, la comisión solamente había admitido la relativa a la incorporación de los “jueces sin rostro”.

La diputada Lidia García explicó que ese tipo de jueces fue creado en Italia para los juicios contra las mafias locales y en Colombia para juzgar a organizaciones del narcotráfico, así como en Perú, para los procesos contra el terrorismo, y en Brasil, para en su aplicación contra delitos de narcotráfico.

“Se trata de órganos donde los jueces son anónimos, los cuales no se conocen sus identidades, con el principal objetivo de salvaguardar la integridad de los jueces y también de sus familias”, dijo.

Sin embargo, en representación de PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez, sostuvo que la modificación no garantiza el anonimato de los jueces y de hecho representa un contrasentido, al exponer su identidad en una votación popular.

“Es una figura que no garantiza en este momento, así como está propuesta, porque pareciera que están proponiendo que el juez sin rostro sea electo también de manera popular y es un total contrasentido, porque no se resguarda el anonimato de las personas: ¿cómo es posible que un juez sin rostro pueda salir a una elección?; me parece aberrante, no se resguarda el anonimato que debe tener la persona juzgadora”, advirtió.

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