Xalapa, Ver.

La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, manifestó que el Gobierno Estatal sigue cayendo en «contradicciones» sobre el monto del adeudo a la Casa de Estudios.

Informó que la deuda sigue creciendo, a la fecha suman la cantidad de 2 mil 332 millones de pesos porque no se ha entregado lo correspondiente a este 2016.

«Yo veo por ejemplo el reconocimiento de los adeudos pendientes y en la carta del 25 de febrero, el Gobierno reconoce el pendiente del ISR retenido por sueldos retenidos 2014-2015, esto significa que no se han pagado los impuestos, adeudo que es de mil millones de pesos», señaló.

Sobre el reconocimiento de los 450 millones de pesos que manifestó hace algunos días el gobierno, la Rectora precisó que se trata de recursos federales y apenas ayer jueves, de esos, les depositaron 40 millones de pesos.

«Por eso es nuestra preocupación, esta marcha, este esfuerzo de la comunidad sí es político, se trata de la política educativa de este País… fui honrada en representar a la Universidad ante el Senado que revisa la legislación», manifestó.

Estimó que la megamarcha que se realizó el pasado jueves fue de alrededor de 51 mil 200 asistentes, tanto en Xalapa como en las diferentes regiones.

En conferencia de prensa, resaltó que el Consejo General Universitario decidió que entrará en «veda» durante las campañas electorales para que no sea vista la lucha como un asunto partidista, pero ello no significa que dejarán su lucha.

Ladrón de Guevara aclaró que su esposo no trabaja para ningún Gobierno, si así lo fuera no tendría ningún inconveniente en ello, estaría en su derecho, si lo fuera, tampoco trabaja en la Universidad Veracruzana.

Comentó que si en su lugar estuviera un varón, no voltearían a ver la actividad de su esposa como se ha buscado señalar la de su esposo, «eso es tramposo», señaló.

Boca del Río, Ver.

Al menos 200 funerarias patito operan en Veracruz incurriendo en prácticas fraudulentas y engaños que llegan incluso al secuestro o retención de los cuerpos de los difuntos, para obligar a sus familiares a liquidar el servicio.

De acuerdo al propietario de una funeraria del estado, explicó que coludidos con personal de seguridad de los hospitales muchas veces, personal de esas funerarias llegan hasta las camas de los pacientes recién fallecidos para ofrecer a sus familiares los servicios.

“Los enganchan con bajos precios y se aprovechan del dolor o pena que en esos momentos enfrentan las personas” expresó.

Esas empresas generalmente prometen todos los trámites por un precio que al final no respetan porque van sumándole otras cosas y acaban cobrando el doble o el triple.

En Veracruz hay al menos mil agencias funerarias de las cuales unas 200 son de este tipo.

Apuntó que esas agencias no cumplen con los mínimos estándares para operar con calidad.

El principal riesgo que corren las familias es ser engañados con precios menores a los que finalmente pagan.

La ciudadanía puede denunciarlo ante la Profeco y la Secretaría de Salud, pero no hay la cultura para hacerlo.

«Definitivamente muchas veces sucede que les dicen a los familiares sino me pagan en este momento no concluyo el servicio, ocupan este tipo de extorsión, incluso secuestro del cuerpo, se puede decir».

A este tipo de situaciones se prestan los elementos de seguridad, más que de los hospitales como tal.

Xalapa, Ver.

Para presentar denuncias por incumplimiento de contratos firmados o ejecutados contra el Gobierno del Estado por un adeudo de casi 3 mil 500 millones de pesos, empresarios de la región de Xalapa anunciaron que acudirán a los tribunales.

El consejero de la COPARMEX-Xalapa, Augusto Zamora Lara, dijo que como sector les preocupa que la administración estatal esté por concluir y la que venga no les reconozca el pasivo.

“Marchas no, pero queda la posibilidad de actuar judicialmente, de presentar denuncias por incumplimiento de contratos firmados que ya están ejecutados o de servicios hechos o de equipos ya suministrados, o de obras ya ejecutados o que no han pagado”.

Sin embargo, Zamora Lara aclaró que esa decisión se tomará de manera individual.

En ese sentido, dijo respetar la marcha de la Universidad Veracruzana para exigir pagos pendientes y otros puntos “pero el sector empresarial debe ser prudente, porque el diálogo con el Gobierno no se ha roto, se mantienen las pláticas en donde ellos expresan los problemas por los que han pasado, pero que están buscando las formas para cumplir lo que se ha prometido el año pasado”.

Pero más allá de los buenos deseos “y los incumplimientos por parte de ellos si nos preocupa como sector porque el tiempo se está reduciendo, se está acortando y tenemos 8 meses de esta administración y no vemos una salida inmediata, salvo que venga desde fuera con una acción decidida por parte de la federación”.

Lamentó el estado en que se encuentra Veracruz pues este año será difícil la generación de empleos producto de la nula inversión y promoción del estado.

Xalapa, Ver.

De 1.6 millones de unidades vehiculares que circulan en el estado de Veracruz, un total de 900 mil presentan algún tipo de rezago o algún adeudo a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), por derechos vehiculares, verificación, adquisición, entre otros conceptos fiscales.

El subsecretario de Ingresos de la Sefiplan, Arturo Jaramillo Díaz, informó que se trata de un total de 250 mil contribuyentes que adeudan alrededor de 700 millones de pesos por ese concepto de ejercicios de años anteriores, los cuales se están intentando regularizar, a través del programa de Condonación 2016.

El programa de condonación 2016 comenzó en enero y culminará el 30 de abril, para que el contribuyente se ponga al corriente sin el pago de multas. Va dirigido a familias veracruzanas y empresas que tienen algún tipo de rezago con el estado, correspondiente al ejercicio 2015 hacia atrás, en el pago de sus contribuciones, así como en el tema de la verificación vehicular.

“Este programa presenta facilidades y descuentos, por lo que todos aquellos contribuyentes que tienen un rezago, un crédito fiscal o un adeudo con el Gobierno del Estado con solo pagar lo que les correspondía en su momento, el Gobierno del Estado se hace cargo del 100 por ciento de las multas, recargos y actualizaciones, es decir, los condona y ese es un apoyo importante”.

Para quienes no han realizado la verificación en tiempo y forma, tampoco habrá sanciones administrativas o multas.

El programa de condonación es para evitar multas y recargos en contribuciones estatales como impuesto sobre nóminas, impuesto sobre erogaciones, por adquisición de vehículos usados, derechos de control vehicular, derechos de concesión, de impuesto sobre hospedaje, sobre sorteos y rifas y verificación.

Hasta el momento 32 mil contribuyentes se han adherido al programa, con lo que ha logrado una recaudación de casi 100 millones de pesos.

Xalapa, Ver.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó la “consigna a un oficial, por delitos contra la Disciplina y el Honor militar por los hechos ocurridos en el Estado de Veracruz”.

Esto, producto de las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia Militar, que encontró “la probable participación de un oficial, que ya fue detenido y consignado ante un Juez Militar, por delitos contra la disciplina militar y el honor militar”, indicó la Sedena en un comunicado.

Este caso trata de la desaparición y muerte de Víctor García García, de 30 años, quien supuestamente habría sido detenido por elementos adscritos a la base militar de Tierra Blanca, dependiente de la XI Sexta Región Militar, con cabecera en el estado de Veracruz.

La familia de Víctor García García, señaló ante la Fiscalía veracruzana que él desapareció el pasado 29 de febrero en la localidad de Los Mangos, ubicada a unos 30 minutos por carretera de la cabecera de Tierra Blanca.

El 29 de febrero, en la denuncia 181/2016, de la Agencia del Ministerio Público de Tierra Blanca, la familia señaló a elementos de la Sedena como los responsables de la desaparición forzada de Víctor García García, así como de lo que le pudiera ocurrir; pero Víctor García fue encontrado sin vida, con señales de tortura y en avanzado estado de descomposición, cuatro días después de la queja.

La víctima, según la denuncia, fue detenida por los militares cuando se dirigía a reparar un vehículo empleado para el corte de caña de azúcar, la última vez que lo vieron con vida, fue tirado en el suelo en la carretera, asegurado por personas con vestimenta y vehículos militares.

Una miembro de la familia de Víctor García, a condición de anonimato, dijo vía telefónica que la investigación emprendida por la Sedena “no nos da ninguna esperanza, al final todo es lo mismo y se van a terminar protegiendo, como son militares“.

La familiar del finado explicó que ellos han presionado para que se haga justicia, “durante cuatro días estuvimos en plantón afuera de la base militar de Tierra Blanca y se tramitó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en las oficinas centrales”.

Opinó que parte de la reacción de la Sedena, al admitir una investigación a sus elementos, “fue parte de la presión ante la CNDH que ya está tramitando su propia investigación y va muy avanzada”.
Reiteró que albergan más esperanza en las pesquisas que realizará por su cuenta el ombudsman mexicano que en los tribunales castrenses, “estamos seguros de que la injusticia a mi hermano, no va quedar allí, se hará y habrá una recomendación a la Sedena”, finalizó.

La desaparición y homicidio de Víctor García ocurrió en la misma región donde cinco chicos veracruzanos fueron víctimas desaparición forzada por policías de ese estado. Hasta hoy, hay ocho oficiales detenidos, entre ellos el jefe de la delegación de Tierra Blanca.

De ese caso, el gobierno mexicano tiene la certeza de que al menos dos de los jóvenes terminaron asesinados, “quemados y molidos” por sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El estado de Veracruz es uno de los más afectados por la lucha entre los grupos del Cártel de Jalisco y los Zetas por que es una ruta natural para el paso de estupefacientes, robo de combustible a los ductos de Petróleos Mexicanos y el cobro de cuotas a extranjeros originarios de Centroamérica que buscan llegar a los Estados Unidos.