Xalapa, Ver.- El presidente Municipal de Playa Vicente, Abdón Márquez Márquez, reveló que Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Púbica de Veracruz, sabía de las actividades delictivas que realizaba en la región de Tierra Blanca el delegado de su dependencia, Marcos Conde Hernández.

Rechazó la versión del subsecretario nacional de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, en torno a una supuesta venganza en su contra como el probable móvil que tuvieron los policías al mando de Conde Hernández, para levantar y presuntamente ejecutar a los cinco jóvenes de Playa Vicente que fueron secuestrados a su paso por Tierra Blanca el pasado 11 de enero.

“No es verdad eso” dijo en un medio de información, por lo que se le cuestionó entonces sobre lo que pudo haber ocurrido aquel día de enero: “yo considero que a lo mejor se equivocaron”, explicó el Alcalde.

Explicó que él personalmente, había puesto en conocimiento del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lo que consideró como el “modus operandi” del exdelegado en Tierra Blanca.

“Él cometió otros atropellos a jóvenes de Playa Vicente” aseguró Abdón Márquez, quien consideró que fueron cientos de casos similares al de los cinco desaparecidos en Tierra Blanca, en los que se vio involucrado el ex mando policiaco y que motivó que lo denunciara ante el responsable de la seguridad pública de los veracruzanos.

Narró que una ocasión Marcos Conde acudió al municipio de Playa Vicente por la noche, vestido de policía, y detuvo a un grupo de jóvenes a quienes se llevó para que al día siguiente, ya vestido de civil, arrojó frente al Palacio Municipal.

A pesar de esto, la SSP mantuvo en su cargo a Marcos Conde, quien es uno de los ocho policías señalados de secuestrar y dar muerte a cinco jóvenes en el mes de enero, uno de los cuales trabajaba en una propiedad del alcalde de Playa Vicente.

“Debe ser detenido y sentenciado a muchos años y la gente que lo solapó pues también”, pidió el edil en cadena nacional.

Xalapa, Ver.- Sólo ejerció Veracruz el 15.1 por ciento de los recursos del Programa para combate a la pobreza en 2014, según consta en el Informe de la Cuenta Pública del Portal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En un estado donde el 56 por ciento vive en pobreza patrimonial.

De acuerdo a datos del Coneval en el 2014 había 4 millones 632 mil veracruzanos que vivían en extrema pobreza, 2 millones 220 mil padecían rezago educativo, un millón 736 mil carecían de servicios de salud, 5 millones 469 mil no tenían seguridad social y 2 millones 396 mil tenían carencias en su alimentación.

Ese año el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recibió recursos de PROSPERA 2014 por 283 millones 072.6 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2014 solo gastó 41 millones 707.0 miles de pesos, y al 30 de septiembre de 2015, el monto llegó a 42, 711.4 miles de pesos, lo que representa el 15.1% de los recursos transferidos.

A pesar de esas estadísticas, el resultado de la auditoría 14-0-12K00-02-0175 que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en coordinación con el Órgano de Fiscalización (Orfis), pone en evidencia cómo la Sefiplan retuvo los fondos para abatir los índices de pobreza como parte de la del Programa de Inclusión Social (Prospera).

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2014 a PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) en el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave fueron por 283,072.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 264,348.7 miles de pesos, que representó el 93.4%, de ese total solo se gastaron poco más de 80 millones de pesos en los ejercicios fiscales 2014 y 2015.

Se observó que a septiembre del 2015 no se habían gastado 240,361.2 miles de pesos que representaron el 84.9%, respectivamente, más los rendimientos generados, “que no han sido reintegrados a la Tesorería y, en su caso, falta la formalización de las modificaciones al convenio, para que los recursos sean devengados después de su vencimiento”.

Por lo anterior, se le pidió al Gobierno justificar un monto de 95,137.40 pesos (noventa y cinco mil ciento treinta y siete pesos 40/100 M.N.) por concepto de pagos de nómina a un servidor público que carece de la documentación que acredite el perfil académico de la plaza bajo la cual cobró durante el ejercicio fiscal 2014. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a efectuar el reintegro a la Tesorería de la Federación.

Por lo anterior la ASF concluyó “que el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio”.