Orizaba, Ver.- La Secretaría de Educación en Veracruz (SEV) ordenó el despido de por lo menos 34 docentes que no presentaron la evaluación magisterial o no la aprobaron, de hecho algunos de ellos ya fueron reinstalados, según da a conocer Omar Hernández Dolores, dirigente del Sindicato Unificador Magisterial (SUMA), de paso exhibe a la titular de la SEV, Xóchitl Osorio quien presume que en Veracruz no hubo ceses de docentes por la evaluación magisterial.

En la entidad sí se ejecutaron despidos de docentes que no se presentaron a la evaluación educativa, «y en la zona de Orizaba ya se registró la primera reinstalación de un profesor cesado por desacatar la orden de evaluación, pero en el estado son 35 los maestros que ya se reincorporaron a sus fuentes de trabajo».

Incluso da a conocer que esta organización magisterial sindical tiene conocimiento de al menos 700 profesores que fueron cesados en distintos puntos del estado «y de ellos 35 son integrantes de nuestro sindicato; las declaraciones de la secretaria de Educación en Veracruz, Xóchitl Osorio, son falsas, miente al decir que no existe ningún cese y que a los docentes se les dará otra oportunidad en el mes de noviembre para presentar dicha evaluación».

En realidad miente, «soy tajante pero esa es la verdad, los ceses sí están siendo aplicados, ella dice una cosa y el problema es lo que se te aplica en realidad, Xóchitl Osorio ha salido infinidad de veces a dar la cara y declarar ciertas cosas y al otro día es todo lo contrario, ella podrá decir misa pero los talones de cheques vacíos y los ceses por escrito entregados dicen otra cosa».

En este sentido explica que la representación sindical, «logró la primera reinstalación de un docente en la región de Orizaba, de hecho la semana pasada tuvimos nuestra primera reincorporación del profesor César Campos Castillo, quien prestaba sus servicios en la telesecundaria de la comunidad de Cuautlapan perteneciente al municipio de Ixtaczoquitlán y que por no presentarse a la evaluación magisterial el año pasado, había sido dado de baja».

Ahora hay que ver cómo avanza el caso de al menos 700 docentes que han sido cesados, «tenemos conocimiento de 35, de los cuales 12 son federales y 23 estatales, y ya reinstalamos a 32 y sólo faltan dos casos en el norte del estado; las causas de los despidos fue por no presentar o aprobar la evaluación magisterial, hay compañeros que presentaron el examen y de todos modos se la aplicaron, aquí sale igual si te presentas o no te presentas. Esta reinstalación no la logró ningún partido político, esto lo logró la lucha social, el Gobierno juega a eso, los maestros en ese sentido no vamos a caer en ese juego».

Xalapa, Ver.- Asignación de obras sin contrato o llevar a cabo una licitación, y la no exigencia de las fianzas a los contratistas cuando abandonan las obras o las hacen de mala calidad, son las principales observaciones que ha hecho el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) a lo largo del presente año.

Así lo dio a conocer el titular del Orfis, Antonio Portilla Vázquez quien precisó que conforme la reforma a la Ley de Fiscalización Superior, ahora deben hacer revisiones mensuales a los 212 ayuntamientos y poder corregir sobre la marcha observaciones que se vayan presentando, y no sólo esperar hasta la entrega de la cuenta pública.

La parte preventiva, resaltó es donde se ha querido enfocar durante el presente año el ente fiscalizador, y por ello en la revisión de los informes financieros que entregan de manera mensual los ayuntamientos han podido detectar algunas inconsistencias.

Dijo que las observaciones más recurrentes que han detectado es que los alcaldes no se apegan al marco normativo al momento de asignar la obra, porque en muchos casos no se emite una convocatoria para licitarlas y en otros casos ni siquiera se firma un contrato.

A la par, señaló que otro punto fundamental donde están exigiendo a los presidentes municipales cumplir cabalmente, es en exigir las fianzas a los contratistas, para garantizar que las obras se entregarán en el tiempo establecido, así como con la calidad necesaria.

Antonio Portilla Vázquez comentó que era común que ante la falta de contratos o sin establecer las fianzas, algunas empresas abandonaran las obras y la observación recaía sobre el alcalde. Para evitar esta situación, dijo que los ayuntamientos deben fijar que se cuente con fianza por cada contratista para que cumplan con lo establecido previamente en un contrato.

Xalapa.-Con la asignación directa a la empresa ZEG S.A de C.V., contratada para realizar la captura y conteo de firmas de los aspirantes a candidatos independientes a gobernador del estado, el Consejo General y el Comité de Adquisiciones violentaron el Reglamento General de Administración para el Organismo Público Local Electoral (OPLE) del estado de Veracruz, porque el contrato fue de 4 millones de pesos cuando sólo se puede hacer adjudicación directa en caso que el monto del servicio sea de 82 mil 900 pesos, por lo que los servidores públicos involucrados deberán recibir sanciones de acuerdo al mismo reglamento.

Según el Reglamento General de Administración para el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en su «Artículo 2 1. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: II. Adjudicación Directa. Contratación que lleva a cabo una institución con un proveedor determinado. Es la excepción a los procedimientos de Licitación Pública y Simplificada y procede cuando el importe de la adjudicación es inferior a los mil 135 salarios mínimos general vigentes en la zona económica de la localidad. Los montos señalados se considerarán sin tomar en cuenta los impuestos que causen las contrataciones. Estos procedimientos se adjudican a los proveedores y prestadores de servicios que presenten las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, en la adquisición de bienes muebles y contratación de servicios».

Considerando lo anterior, los mil 135 salarios mínimos, equivalen a 82 mil 900 pesos ya que el salario mínimo regional está en 73.04 pesos, de ahí que no podría ser una adjudicación directa la que diera el OPLE a la empresa ZEG S.A de C.V. y tendría que haberse licitado el servicio.

Y ello de acuerdo con las fracciones XXVIII se considera Licitación Pública Nacional, que es la que rebase el monto de 181 mil 612 salarios mínimos general vigente en la zona económica de la localidad, que equivale a 13 millones 264 mil 940 pesos, por lo que al ser una empresa que no es veracruzana, el OPLE estaría incurriendo en una doble irregularidad.

Es así, que el OPLE debió convocar a las empresas para la licitación de la prestación del servicio, y no como ayer lo aseguró el consejero presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, quien reconoció que adjudicó directamente la contratación a la empresa que realizó la captura y conteo de firmas de los aspirantes a candidatos independientes a Gobernador del estado.

Cuestionado al respecto, Bonilla Bonilla dijo: «se hizo la contratación directa luego de que la empresa ZEG S.A. de C.V., ofreciera sus servicios al OPLE para esta labor», además sostuvo que se conocía que la empresa de Nuevo León ya había hecho un trabajo anterior en otro estado.

Xalapa, Ver.- Miguel Ángel Trujillo Herrera, integrante de la Red Nacional de Enlaces, señaló que es necesario crear una base de datos confiable y real de las personas que han sido localizadas en fosas clandestinas, para que en algún momento los familiares puedan dar con ellos.

El ahora activista, pero quien busca a once familiares desaparecidos, entre ellos cuatro de sus hermanos, aseveró que de nada sirve encontrar una fosa si las autoridades ministeriales no hacen un trabajo correcto de identificación.

En ese sentido, señaló que se busca que sea la Universidad Veracruzana la que haga esta base de datos, ante la desconfianza que generan las autoridades de la Fiscalía General del Estado.

Indicó que esta base de datos ya se realiza en el Estado de Morelos con la Universidad de aquella entidad, cuyas autoridades se acercaron a los colectivos de personas desaparecidas para ofrecer su apoyo.

Por ello, consideró, que si bien la máxima casa de estudios veracruzana tiene problemas económicos, se podría hacer el esfuerzo de que fuera este sector académico el que estableciera la base de datos de personas localizadas.

El brigadista que desde hace cinco años busca a dos de sus hermanos desaparecidos en un retén en Veracruz, aprovechó para hacer un llamado a los integrantes de la delincuencia organizada, en el sentido de que si ya mataron a una persona los dejen en un lugar donde puedan ser localizados.

Finalmente, indicó que tras las reuniones con el fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras no ha habido avances en las investigaciones en el tema de los desaparecidos en la entidad.