La resolución que dictaminó la mayoría de los diputados que integran las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales que desechó la procedencia de Juicio Político contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, incurrió en un acto fraudulento porque no se realizó un verdadero análisis de lo que se denunciaba, indicó el diputado local panista, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés.

Durante las reuniones simplemente se debió determinar: “si el denunciado es servidor público; si la denuncia contiene la descripción de hechos que afecta a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho; y si los elementos de prueba agregados a la denuncia permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado”.

El también Coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local expuso que dentro de la solicitud se señalaron las omisiones cometidas, la intromisión en procesos electorales, violación a derechos humanos, desapariciones forzadas, asesinatos a periodistas, además de una deficiente administración de los recursos públicos.

No obstante los diputados pertenecientes a las fracciones del PRI y del Verde Ecologista -que integran las comisiones- asumieron  facultades del Ministerio Público (MP) que no les correspondían para favorecer que el Ejecutivo no fuera declarado responsable, explicó el diputado albiazul.

De no haber actuado de esta manera se hubiese procedido a quitarle el fuero al Gobernador y dar pie a las investigaciones por parte de la autoridad correspondiente, ya sea la Fiscalía General del Estado  (FGE) o la Procuraduría General de la República (PGR), apuntó.

Guzmán Avilés señaló que el acto fraudulento en el que incidieron las comisiones está reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  y ya en otros casos se ha apelado a este tipo de acciones “porque fueron los propios amigos del gobernador quienes lo exoneraron”.

Veracruz, Ver.-Autoridades de la Dirección General de Transporte del Estado (DGTE) y de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), investigan y actúan en los casos denunciados por la ciudadanía sobre presuntos actos de corrupción de los elementos de la corporación, así como de las instancias adscritas.

La dependencia cuenta con un Código de Conducta que sanciona a todos los efectivos que prestan sus servicios al estado como servidores públicos, y que proceden de manera contraria a lo establecido.

Los elementos que forman parte de la SSP tienen el compromiso con la sociedad y la encomienda de actuar en todo momento con responsabilidad, profesionalismo, lealtad, imparcialidad, transparencia y en estricto apego a derecho, y la eficacia en el servicio público.

La DGTE, como parte de este compromiso de depuración permanente, dio de baja a un elemento, luego de que en redes sociales se diera a conocer que en el municipio de Poza Rica realizaba posibles actos de corrupción mientras se efectuaban los recorridos y operativos de supervisión al transporte de la región.

Asimismo, se informa que al interior de todas las patrullas de transporte se instalaron cámaras de video que transmiten y supervisan en tiempo real las 24 horas del día a los uniformados durante sus funciones cotidianas y ejercicios de verificación, como parte del programa Cero Corrupción.

De esta forma, la institución refrenda su compromiso de tomar las medidas sancionadoras que sean necesarias a los servidores públicos que actúen de manera inapropiada y sin apego a la Ley en el estado de Veracruz.

Al menos 41 policías municipales de Papantla fueron detenidos ante su presunta responsabilidad por la desaparición de tres jóvenes identificados como Luis Humberto Morales, de 18 años, Noé Martínez López y Alberto Uriel Pérez Cruz, de 19 años de edad.

Elementos de la Fuerza Civil y de la Policía Ministerial Acreditable así como la Secretaría de Marina (Semar) realizaron la detención alrededor de las 08:00 horas de este día en el  Palacio Municipal, donde se llevaba a cabo un acto cívico encabezado por el alcalde Marcos Romero Sánchez, en el cual estaban presentes varios elementos de la Policía Municipal.

Los detenidos fueron subidos a vehículos oficiales y llevados en calidad de presentados a las instalaciones de la Fiscalía Regional, para rendir declaración ministerial por la desaparición de los jóvenes ocurrido el pasado sábado diez de Marzo.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE), no ha emitido un reporte oficial de los hechos.