Xalapa, Ver.

La crisis financiera por la que está atravesando el estado de Veracruz, afectará principalmente al sector salud, ya que a lo largo de este año se ha realizado recortes o simplemente no se han liberado recursos para la compra de medicamentos, contratación de especialistas, adquisición de equipo nuevo médico y apertura de nuevas clínicas, así lo dio a conocer Joaquín Guzmán Avilés, diputado local.

“Vemos que la Secretaría de Salud (SS) opera con lo mínimo y en ocasiones ni siquiera con eso y los veracruzanos ya están padeciendo la crisis financiera”, manifestó.

Lamentó la falta de sensibilidad por parte de la administración estatal al hacer recortes en el rubro de salud, pues se trata de un área en la cual no se deben escatimar recursos.

El diputado, consideró que el recorte presupuestal en salud pública es muestra también de la deshumanización de la actual administración, debido a que se pone en riesgo la vida de los veracruzanos.

“Hay áreas prioritarias de atención a la ciudadanía como: salud, educación y seguridad que no deben padecer la falta de recursos, por el contrario el gobierno podría realizar ajustes en la publicidad de su labor para reorientar el presupuesto, pero no ocurre de esta manera y las quejas contra el sector salud se incrementan a diario en todas las partes del estado”, agregó.

Guzmán Avilés, precisó que la ejecución de obra pública puede detenerse como medida alternativa ante la severa crisis que atraviesa la entidad, pero la atención médica es un derecho humano que no debería ser violentado.

El congresista local, manifestó que en principio, el gobierno de Veracruz debe reconocer que está en la quiebra y es incapaz de solventar las obligaciones con proveedores, atletas, maestros, pensionados y la ciudadanía en general.

“Veracruz es uno de los estados más endeudados y no hay freno a la contratación de empréstitos por parte del Ejecutivo, no hay previsión sobre los números rojos que se heredarán al estado,” mencionó el congresista.

Los recursos de distintas dependencias se están utilizando para tapar temporalmente los huecos financieros, razón por la que la propia Auditoria Superior de la Federación (ASF) denunció a Veracruz, al simular depósitos para solventar las observaciones, expresó el legislador.

“No hay duda de que Veracruz quedará severamente endeudado al final de esta administración, se espera que la Procuraduría General de la República (PGR) persiga a los responsables de este saqueo a las arcas veracruzanas”, aseguró Guzmán Avilés.

Ignacio Carvajal 

Coatzacoalcos, Ver.

Cuando todos daban por muerta y enterrada a la empresa Oceanográfica, después de que la Secretaría de la Función Pública (SFP), la inhabilitó y multó, un tribunal de Coatzacoalcos le concedió un amparo, el cual deja sin efecto la orden de la ASF.

Con esto, la empresa ligada a los hijos de la ex primera dama, Marta Sahagún, está más que lista para ingresar a los concursos que está realizando Petróleos Mexicanos (PEMEX), en el marco de la reforma energética.

El aviso se dio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 21 del mes presente, por parte de la Unidad de Responsabilidades en Pemex Exploración y Producción, que notifica a la Procuraduría General de la República (PGR), así como a sus similares en los estados, el otorgamiento del amparo contra el acto reclamado de la ASF.

Se trata del Juicio de Amparo 211/2014-III, que fue otorgado en 2014 por Juez Décimo Cuarto de Distrito en el estado de Veracruz, mismo que fue respondido por PEMEX, y en esta ocasión confirmado por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con sede en Coatzacoalcos.

En la ejecutoria se indica que los actos reclamados por Oceanográfica le asisten en la razón de que no e cumplieron diversas disposiciones para su castigo, por lo que es protegida por la justicia de la unión.

En la circular publicada en el DOF se «comunica que en estricto cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de fecha cuatro de noviembre de dos mil catorce, dictada por el Juez Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, en el juicio de amparo 211/2014-III, promovido por la empresa Oceanografía, S.A. de C.V., se dejó insubsistente la resolución de fecha diez de febrero de dos mil catorce (…) mediante la cual se le impuso a la citada persona moral inhabilitación por el plazo de un (1) año, nueve (9) meses y (12) doce días, para participar en contrataciones públicas de carácter federal».

En el documento, que fue circulado a nivel interno en PEMEX desde el 7 de julio,  también se expresa que se deja sin efecto la «multa por la cantidad de $24’031,974.00 (veinticuatro millones treinta y un mil novecientos setenta y cuatro pesos)».

Es decir, pese a todos los señalamientos de corrupción en su contra, por presunto incumplimiento de contratos, ahora el gobierno federal le debe regresar esos 24 millones de pesos a la empresa.

Desde 2013, esta empresa es investigada por las autoridades federales al haber falseado documentos para quedarse con préstamos millonarios por medio de la banca privada.

Se indicó que fueron hasta 500 millones de dólares los que la empresa logró conseguir mediante actos de corrupción con empleados de BANAMEX.

Aun con estos informes, ahora queda libre de toda culpa, y lo mejor, se inscribe en la carrera para lograr alguno de los contratos millonarios que se están subastando con motivo de la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Oceanográfica, durante unos 9 años, fue la contratista predilecta de PEMEX durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, administraciones en las que logró contratos de hasta 10 mil millones de pesos, que al día de hoy están en la opacidad.