Ciudad de México.- La buena noticia: en México se aprobó una ley que permite la gestación subrogada. La mala: no será para todos. Las parejas del mismo sexo quedaron excluidas debido a que la legislación establece que sólo se permitirá bajo orden médica; es decir, cuando un hombre y una mujer que intenten tener un hijo, no lo logren por problemas de infertilidad.

El Senado aprobó con 73 votos a favor y cero en contra el dictamen que reforma el artículo 462 por el que se regula la gestación subrogada sin fines de lucro.

Significa que una mujer, por altruismo, se someta a una técnica de reproducción asistida para gestar hijos para un tercero, con quien puede o no tener algún vínculo genético. El único pago permitido es que la pareja beneficiaria se haga cargo de la atención médica para la madre sustituta, pero esta no podría recibir ningún pago por maternidad.

Los senadores acordaron imponer una pena de 6 a 17 años de prisión y multa económica a quien le pague a un mujer por rentar el vientre o por convencerla ejerciendo violencia o aprovechándose de una situación de pobreza o ignorancia, para gestar y después del nacimiento, renuncie a sus derechos de maternidad para entregar al producto a terceras personas.

También queda penalizado que los beneficiarios de la gestación sean parejas extranjeras y se castiga a quien promueva, favorezca, facilite, publicite o realice procedimientos de gestación subrogada con fines de lucro.

Además, si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud en una subrogación con fines de lucro, serían suspendidos de cinco a ocho años en el ejercicio profesional y hasta seis años más, en caso de reincidencia.

Durante su intervención en el pleno, la senadora Martha Tagle, reconoció que “no hay legislación perfecta” y en esta ley hay una “restricción”: estará permitida únicamente por estricta indicación médica. “Hay que seguir luchando para que sean incluidas todos y todas, incluyendo las parejas homoparentales”, afirmó.

La reforma deberá pasar a la Cámara de Diputados para su discusión y de aprobarse, será publicada en el Diario Oficial de la Federación para que pueda entrar en vigor. Sin embargo, el actual periodo de sesiones concluye el próximo 30 de abril.

Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), asegura que las organizaciones sociales buscarán que los diputados eliminen esa restricción, lo que permitiría a las parejas del mismo sexo la posibilidad de tener hijos con este mecanismo. De ser aprobada en los mismos términos, sería una legislación “discriminatoria”, asegura.

Limitar la gestación subrogada por prescripción médica por problemas de infertilidad sólo incluye a parejas heterosexuales, toda vez que la esterilidad está definida como la incapacidad que presente un individuo, hombre o mujer o ambos para lograr un embarazo por medios naturales, después de un periodo mínimo de 12 meses de exposición regular al coito, sin uso de métodos anticonceptivos.

Mientras que la infertilidad es la incapacidad de la pareja o del individuo (mujer) para poder llevar a término la gestación con un producto vivo, después de dos años de exposición regular al coito, sin uso de métodos anticonceptivos.

En la exposición de motivos de la ley se establece que la gestación subrogada es utilizada en varias ocasiones “como solución de último recurso para parejas que han agotado todas las vías médicas disponibles para superar sus problemas de infertilidad”.

El informe “Niñas y mujeres sin justicia. Derechos reproductivos en México”, elaborado por GIRE, sostiene que “difícilmente se podrá lograr una protección integral si no se cuenta con un marco normativo federal sobre reproducción asistida, a fin de evitar problemas de armonización normativa y proteger los derechos de las partes involucradas de la mejor manera posible”.

En tanto, en países como Francia, España y Alemania, se encuentra explícitamente prohibida e incluso sancionada penalmente. Otros más, como Rusia, India y Ucrania, permiten la gestación subrogada incluso con un pago a la mujer gestante, además de sus gastos médicos.

Ciudad de Mèxico.- Al cierre de 2015 la tasa de informalidad laboral fue de 53.4%, es decir, más de la mitad de los trabajadores laboran en negocios informales (no registrados en Hacienda) o no tienen un vínculo laboral reconocido por su fuente de trabajo, como podrían ser trabajadores domésticos sin seguro social, auto trabajadores en agricultura y trabajadores de empresas formales no inscritos en los sistemas de seguridad social.

La informalidad es un problema que aqueja a todo el país, pero su distribución no es uniforme. El centro y sur del país son más informales que el norte. De acuerdo con las cifras del #SemáforoEconómico, existe poca movilidad en la posición relativa de los estados en informalidad, es decir, los estados con mayor informalidad han sido los mismos desde hace 10 años. Campeche es el único estado que pasó de estar debajo del nivel de informalidad nacional a estar arriba de éste.

De los 32 estados, 16 están en rojo porque su tasa de informalidad es mayor a la del país. Dentro de éstos, destaca Guerrero, el estado con la mayor tasa de informalidad. El 76.7% de la población ocupada de Guerrero lo está en el sector informal. Además se encuentra en su mayor nivel en 10 años. Tanto el Estado de México como Tabasco, a pesar de no estar dentro de los cinco estados con mayor informalidad, se encuentran en su mayor nivel en 10 años con tasas de 57.8% y 61.4% respectivamente.

En 2015, aumentó la informalidad en el país, pasó de 52.8% a 53.4%. De los estados con un porcentaje de informalidad menor al nacional, seis tuvieron un aumento en el último año mayor al del país, es decir, empeoraron más que a nivel nacional y, por lo tanto, tienen el semáforo en amarillo. El resto de estados están en verde porque tienen una tasa menor que la del nivel nacional y no empeoraron tanto como el país o, incluso, mejoraron.

Chihuahua, al pasar de 41.5% en 2010 a 34.1% en 2015. Esta reducción se vio acompañada de un aumento de 36% real en los ingresos laborales per cápita, un aumento significativo si lo comparamos con el incremento a nivel nacional, que fue únicamente de 0.7%.

En la tendencia contraria, Veracruz destaca por ser el segundo estado con mayor aumento en informalidad, solo después de Guerrero y también el segundo en observar una mayor disminución en los ingresos laborales de su población, después de Morelos.

En los últimos 5 años los estados que más redujeron su informalidad aumentaron el bienestar de su población al aumentar los ingresos provenientes de su trabajo. La informalidad debe de ser una prioridad en la agenda de los gobiernos locales, para que en su conjunto, mejore la situación laboral del país.

Pero, ¿cómo reducir la informalidad? Para contestar esta pregunta los académicos se han dado a la tarea de analizar cuál es su origen (La Porta & Shleifer, The Unofficial Economy and Economic Development, 2008). Existen dos principales visiones al respecto. Por un lado, bajo “la visión dual” que señala que las empresas informales lo son porque son pequeñas e improductivas que no producen lo suficiente para afrontar el pago de impuestos y regulaciones. Pero existe otro punto de vista, la “visión parásito” que señala que las empresas informales lo son ya que decidieron permanecer pequeñas e improductivas para no ser detectadas y evadir la regulación.

La diferencia entre ambos puntos de vista es importante porque dan origen a políticas públicas diferentes. Bajo la visión dual, la informalidad desaparecerá cuando las empresas informales sean sustituidas por nuevas empresas formales, y no por la formalización de las mismas. Bajo la visión parásito, la informalidad disminuirá en la medida en que el gobierno haga cumplir la ley y se formalicen los negocios informales.

Ninguna visión explica por completo la realidad. Por un lado, existen negocios improductivos que están acaparando el trabajo y el capital que deberían ser asignados a la generación de nuevos negocios formales y productivos; por otro lado, el régimen fiscal que cobra impuestos al empleo formal, sin consecuencias para el informal, funciona como un subsidio a la informalidad, provocando que las empresas decidan reducir su tamaño para no afrontar el pago a la seguridad social.

Mientras no se tomen acciones para disminuir la informalidad, México seguirá teniendo un centro-sur de empresas pequeñas e improductivas que retrasarán el desarrollo económico o peor aún, no lo dejarán avanzar.

Ciudad de México.- La reciente discusión de las Cámaras sobre las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción ha dejado ver a un PRI temeroso y distante. “Quisiéramos que salgan las siete, nada más que no hay predictámenes ni dictámenes todavía sobre dos o tres de ellas. Queremos que salga un buen producto y que no nos vayamos a arrepentir de hacer algo con prisas”, justificó el coordinador del PRI, Emilio Gamboa

A los legisladores les importó poco que entre esas iniciativas se encontrará la denominada Ley 3de3, solicitud planteada por miles de ciudadanos, a quienes ellos dicen representar.

De acuerdo con las personas que recabaron firmas la iniciativa consta de 5 aspectos fundamentales: “El primero es obligar a los funcionarios de alto nivel a presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses. El segundo punto es tipificar los actos de corrupción, que de acuerdo a la iniciativa son 10. El tercero es determinar conflictos de intereses. El cuarto aspecto buscará que existan acciones penales dirigidas tanto a empresarios como a políticos que incurran en actos de corrupción. Y el quinto es perseguir las redes de corrupción y no sólo a una persona, detalló el organizador”.

Por el lado de los representantes panistas y perredistas se exigió una reforma integral y condicionaron su voto a que el paquete incluya siete ordenamientos para castigar la corrupción con sanciones administrativas y penales.

“Son siete y no sólo una parcialidad porque dejaría incompleto el Sistema”, advirtió el coordinador albiazul, Fernando Herrera.

“El PRI quiere poco o nada. Nosotros queremos todo o nada”, soltó Miguel Barbosa, coordinador del sol azteca.

Cabe recordar que el 21 de marzo de este año el priista Emilio Gamboa dijo “Me parece que se va a convertir esto en una cacería de brujas, si mañana llegas tú con un carro nuevo: a ver, investíguenla, ¿con qué lo compró, qué dinero utilizó, qué cheque dio, qué depositó? Me parece que hay cosas que van a lastimar a la sociedad mexicana”.