Xalapa, Ver.-La vida en prisión es complicada en general, pero para los grupos vulnerables es aún más difícil. Los centros penitenciarios estatales carecen de infraestructura adecuada para tratar a población con características específicas, como las personas con discapacidad o con trastornos mentales.
Actualmente, en los centros penitenciarios de Veracruz, viven 307 personas privadas de la libertad que padecen discapacidad. Esta población penitenciaria se encuentra confinada para cumplir sus procesos jurídicos entre carencias de espacios adaptados para la movilidad y falta de instalaciones para atender problemas de salud mental.
De acuerdo con la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana (SUBPPC) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con corte al 7 de marzo de 2023, en 16 de los 18 centros penitenciarios estatales, se encuentran recluidas 307 personas con discapacidad y 12 personas privadas de la libertad declaradas como inimputables, es decir, que carecen de la madurez física y mental considerada por la ley para exigirle la responsabilidad de sus actos.
Entre los centros de reinserción social con mayor número de población con discapacidad se encuentran los Ceresos de Coatzacoalcos (58 personas), Amatlán de los Reyes (67), Tuxpan (28), Pacho Viejo (23) y Cosamaloapan (19). Los datos oficiales también reportan población con discapacidad en los centros penitenciarios de Acayucan, Chicontepec, Jalancingo, Misantla, Papantla, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Tantoyuca, Pánuco, Ozuluama de Mascareñas y Zongolica.
Además, para el periodo 2022-2023, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (DGPRS) contabilizó 12 personas declaradas como inimputables recluidas en los Ceresos de Amatlán de los Reyes, Coatzacoalcos, Tuxpan, Papantla y Pacho Viejo, de los cuales 11 son hombres y una mujer.
De 12 personas inimputables, 4 se encuentran sentenciados por los delitos de lesiones mutuas, lesiones dolosas, lesiones calificadas y violencia familiar; cinco personas se encuentran procesadas por homicidio calificado, lesiones, violencia familiar y robo; tres fueron vinculadas a proceso por homicidio calificado y por feminicidio.
A pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha señalado en sus informes de supervisión penitenciaria sobre requerimientos y atención especializada para población con características específicas, como las personas con discapacidad e internos inimputables, en el sistema estatal aún persisten condiciones insuficientes para garantizar una estancia digna.
El Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2022, publicado por el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), reportó que el sistema penitenciario estatal carece de espacios para personas inimputables y de 18 ceresos en la entidad sólo uno cuenta con espacio adaptado a personas con discapacidad.
Asimismo el censo nacional confirma lo expuesto por la CNDH en cuanto a la deficiente separación entre procesados y sentenciados, así como la inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad y la insuficiencia en programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
En el sistema penitenciario estatal no existen salas de desintoxicación, tampoco espacios para sentenciados por delincuencia organizada y por el delito de secuestro. El censo del Inegi documentó que en la entidad veracruzana no existen espacios para personas con medidas especiales de seguridad, tampoco espacios destinados para la población indígena.
Hasta el 16 marzo de este año, la población privada de la libertad en el sistema penitenciario veracruzano es de 7 mil 288 personas, de las cuales 6 mil 836 son hombres y 452 mujeres, con lo cual ocupa el octavo lugar nacional con mayor número de personas recluidas en centros estatales.
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