En plena recta final del sexenio duartista, el Congreso local recibió diversas iniciativas para cobijar al actual fiscal Luis Ángel Bravo Contreras y dotarlo de facultades que le permitan castigar o no los casos de corrupción.
Ante esto, diputados de oposición acusaron de un blindaje a favor del Gobierno saliente para encubrir todas las corruptelas; mientras que la respuesta del Revolucionario Institucional (PRI) fueron oídos sordos y un actuar mecánico para aprobar y dar entrada a las propuestas enviadas por el gobernador y del propio Fiscal.
La sesión ordinaria del Congreso local tuvo una discusión de más de cuatro horas por diversos asuntos relacionados con la Fiscalía General del Estado (FGE) como fue dotarla de autonomía presupuestal, autorizar la publicación para nombrar al fiscal anticorrupción, cambios a la ley orgánica de dicha dependencia y facultar al fiscal general para que procedan o no los casos de corrupción.
Estos asuntos generaron una intensa discusión donde panistas y perredistas reprocharon que el PRI intenta darle más de mil 500 millones de pesos por año al fiscal Luis Ángel Bravo Contreras sin que rinda cuentas de ese dinero, además de facultarlo de renunciar al fiscal anticorrupción si considera que no hace bien su trabajo.
La mayor discusión se concentró al momento de la aprobación de la publicación de la convocatoria para el registro de aspirantes al nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Para ello se convoca a universidades públicas y privadas, a los colegios y barras de abogados, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y sociedad en general a proponer y respaldar propuestas a ocupar dicho cargo.
A partir de la próxima semana, todos los aspirantes a ocupar la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción podrán acudir ante la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso local a presentar su registro, donde debe incluir una carta en la que manifieste su intención de competir.
A la par deberá cumplir con requisitos como ser veracruzano, contar con título de licenciado en derecho con una antigüedad de por lo menos cinco años al momento de la publicación de la convocatoria, no ser ministro de culto religioso y tampoco haber sido condenado por un delito que haya ameritado una pena superior a un año.
Diputados de Acción Nacional (PAN) criticaron que «con todas las prisas del mundo» el tricolor haya aprobado esta convocatoria, que lo único que demuestra es que se quiere dejar un enorme escudo para precisamente encubrir todo la corrupción cometida por el gobierno duartista.
Por varias horas legisladores del blanquiazul y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) discutieron con los priístas por la prisa que les dio por aprobar este nombramiento en un par de semanas y con ello cubrirle la espalda no sólo al gobernador, sino a todos los funcionarios que se enriquecieron a costa del erario público.
Ante esto se pronunciaron a favor de que sea la próxima Legislatura la encargada de hacer tal nombramiento, sobre todo porque ningún partido tiene mayoría, lo cual obligará a una discusión real para encontrar el perfil adecuado y no sólo que haya una decisión mecánica como actualmente lo tiene el PRI.
De parte del tricolor los únicos argumentos que presentaron es que ellos quieren contribuir al combate a la corrupción y por eso buscan aprobar al fiscal anticorrupción, además que como son mayoría pueden hacer valer la democracia.
Por su parte el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras envió al Congreso local una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la FGE para incluir la figura del fiscal anticorrupción, sus atribuciones, así como facultades de investigación, el cual le deberá rendir cuentas y podrá removerlo a su juicio.
Aunque será autónomo, el Fiscal General podrá remover al fiscal anticorrupción por no aprobar las evaluaciones de control de confianza; no cumplir con los requisitos de permanencia que establece la normatividad de la materia; hacer uso de sustancias psicotrópicas u alcoholismo; por incurrir en cualquier de las hipótesis delictivas perseguidas con motivo de su encargo o porque a juicio del fiscal general no realice adecuadamente su trabajo.
Entre otras encomiendas, el fiscal anticorrupción deberá conocer de los delitos relacionados con hechos de corrupción de competencia estatal, así como cualquier otro ilícito cometido por un servidor público estatal o municipal en el desempeño de un empleo, cargo o comisión.
También deberá combatir la corrupción mediante políticas adecuadas que fortalezcan las acciones en contra de este tipo de conductas cometidas por servidores públicos y particulares en la afectación del interés público.
