La donación que intenta hacer el gobernador Javier Duarte de Ochoa, de Casa Veracruz a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se reduce a un mero acto de venganza política y un intento de boicotear la próxima administración, aseveró el Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (GLPAN), Joaquín Rosendo Guzmán Avilés.

Recordó que una de las promesas de campaña del Gobernador Electo, Miguel Ángel Yunes Linares fue reducir el exceso de gasto por casi 60 mdp al año, que se fuga para dar mantenimiento al inmueble y así cumplir con el plan de austeridad que tanto requiere Veracruz.

Citó que esos 60 millones se podrían destinar a infraestructura, medicina, a mejorar la calidad de la educación, a apoyar a los veracruzanos evitando así un lujo y un gasto innecesario, demasiado ostentoso para la crisis financiera por la que se ha dejado al Estado con una deuda por más de 45 mil 879 mdp.

El legislador señaló que durante la sesión del jueves, también se turnó a la Comisión de Hacienda del Estado un predio para la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).

Y otro más para la Comisión Ejecutiva  para la Atención Integral a Víctimas del Delito en el Estado, todos ubicados en la misma Colonia “2 de Abril” de la capital veracruzana y conjunta a la Casa Veracruz.

Enfatizó que no están en desacuerdo con la donación de bienes a favor de los organismos, no obstante lo cuestionable es el momento y el modo en que se realiza, existiendo otros edificios que podrían otorgarse sin que se afecte a terceros y al propio patrimonio de la Entidad.

Guzmán Avilés lamentó la actitud del Ejecutivo, “de tener a la CEDH, la CEAPP y a la Comisión de Víctimas juntos, pero no revueltos” con la única pretensión de no ceder el inmueble, donde por seis años fue una casa de reunión y operación política.

Pareciera que la lógica es reventar el proceso de transición, que vendría a tener una afectación social fuerte en dado caso de seguir en la misma tónica, además de visualizarse una inacción deliberada por parte del gobierno federal para intervenir en Veracruz, finalizó el líder panista.

Xalapa, Ver.- Empresarios veracruzanos manifestaron su rechazo a la iniciativa del Gobernador, de utilizar lo recaudado a través del impuesto del 3 por ciento a la nómina para el pago de adeudo con proveedores, pues consideran que ellos mismos terminarán cubriendo esos pasivos.

El consejero nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Augusto Zamora Lara, recordó que el entonces 2 por ciento a la nómina, fue concebido con el fin de crear infraestructura productiva, destinada a mejorar la condición de vida de los pobladores y no para pagar deuda.

El empresario criticó que la posición del Gobernador, pues lo vio como una manera de querer lavarse las manos en un tema que es su completa responsabilidad, por ser adeudos generados durante su administración.

Molesto, recordó que los agravios del gobernador contra los empresarios empezaron desde el año pasado, cuando modificó la ley para aumentar en 50 por ciento este impuesto, es decir, trasladarlo del 2 al 3 por ciento.

Expresó que en aquella ocasión, el mandatario se burló, pues afirmó que lo que pagarían los empresarios no sería más de lo que cuesta un chicle, y dijo que Duarte de Ochoa “debe de mascar muchos chicles”.

Zamora Lara indicó que aquellos que tienen más de 200 empleados si tienen que pagar fuertes cantidades de dinero “dejándolas aún más atrás en relación a la competitividad que deben de tener contra las empresas del resto del país”.

Criticó que también se busque engrosar la nómina del gobierno del estado, a través de la basificación de la burocracia, a la que consideró ineficiente, pues indicó que no hay ninguna prueba fehaciente “que nos haya ayudado a mejorar como ciudad”, por el contrario, dijo, los servicios son caros y malos.

Sostuvo que las acciones del gobernador están llegando a extremos muy peligrosos que hace víctima a toda la sociedad veracruzana, y la condena a tener, por lo menos dos años, de estancamiento. Previó una guerra jurídica, mediática y persecutoria, cuyos escándalos no le hacen bien a Veracruz.

El empresario Rafael Abreu Ponce señaló que es ridículo que el Gobernador pretenda pagar deuda con impuestos erogados de los propios patrones y no sea un recurso propio del Gobierno, destinado a ese rubro.

“Al final del día te estás pagando tú mismo, es un dinero que sale de nuestros bolsillos de nuestras actividades empresariales y si con eso nos van a pagar no le encuentro el beneficio”, acotó.

Indicó que con esto, el estado seguirá en la misma situación de rezago en la que se encuentra y no descartó que pese a comprometer el recurso, los problemas de pago continúen, pues hay diversas necesidades apremiantes en la entidad.

Abreu Ponce lamentó que solo se estén realizando acciones para complicar la llegada de Miguel Ángel Yunes Linares, y criticó las otras iniciativas del mandatario, entre las que se encuentran la Casa Veracruz y el World Trade Center o la basificación de empleados de gobierno.

El presidente de la Coparmex en esta capital, Octavio Augusto Jiménez Silva, recriminó que el impuesto a la nómina sea utilizado para el pago de deuda y no para el fin que fue hecho.

Además, criticó que si en realidad se quisiera beneficiar a los empresarios, dicha iniciativa se habría enviado antes al Congreso del Estado, no ahora que está por terminar la administración estatal.

Jiménez Silva señaló que eso daría pie a que se pudiera dar seguimiento, en este mismo gobierno, que los pagos fueran fluyendo, pues “el dinero que pagamos los empresarios es un dinero que entra a Finanzas y tiene que transferir el dinero a la cuenta del 3 por ciento, cosa que no se ha hecho”.

El líder camaral acotó que hay incertidumbre precisamente por ese asunto, que el dinero no va a dar a su fin, y la Secretaría de Finanzas y Planeación sigue reteniéndolo sin dar cuenta de ello.

Expresó que la posición de los empresarios sigue siendo la de exigir que se les pague antes de que concluya la administración, pues tan solo en esta capital el adeudo general a las cámaras y asociaciones globales es de  aproximadamente mil 500 millones de pesos.

Dijo que los empresarios se mantendrán vigilantes que se pague solamente a los proveedores que realmente brindaron un servicio a la administración pública.