Washington y Nueva York., El arresto de miembros de una familia en Utah y Texas acusados de contrabando de más de 300 millones de dólares en petróleo en 2 mil 881 envíos separados, en colaboración con cárteles del narco mexicanos, ofrece otra perspectiva sobre la forma en que individuos en Estados Unidos trabajan con el crimen organizado para generar ganancias millonarias mediante actividades ilícitas y blanquear esos fondos antes de que sean regresados a México.

James Jensen conspiró con su esposa, Kelly Jensen, y dos de sus hijos, Maxwell y Zachary Jensen, para lavar ingresos de las ventas de petróleo crudo ilegalmente importado, señalan la acusación y la orden de arresto del caso obtenidos por ABC News en Utah. Los pagos por este petróleo crudo fueron enviados a negocios en México que operan sólo con el permiso de organizaciones criminales mexicanas. James Jensen estaba consciente de que los pagos que hizo llegaban a estos grupos delictivos.

En una alerta enviada a bancos estadunidenses este mes, la Red de Control de Delitos Financieros (Fincen, por su abreviatura en inglés) informó que “el gobierno mexicano ha reportado la pérdida de miles de millones de dólares en ingresos como resultado del huachicol”. Esta agencia del Departamento del Tesoro (equivalente a la Unidad de Inteligencia Financiera de México) explicó que los huachicoleros usan diversas formas para robar combustible de Petróleos Mexicanos (Pemex), incluidos los sobornos a empleados corruptos de la petrolera, amenazas a otros, así como perforar tomas en oleoductos, robar refinerías y secuestrar camiones cisternas.

La acusación contra los Jensen no identifica cárteles específicos, pero la Fincen alertó a bancos estadunidenses el 2 de mayo para que refuercen la vigilancia a fin de “detectar, identificar y reportar actividad sospechosa vinculada con el contrabando de petróleo crudo robado desde México a través de la frontera suroeste a Estados Unidos por los cárteles Jalisco Nueva Generación, de Sinaloa, del Golfo, y otras organizaciones criminales trasnacionales con sede en México”.

La alerta de la Fincen detalla que el petróleo crudo usualmente es transportado en camiones cisterna a través de la frontera suroeste e identificado de manera engañosa como petróleo de desperdicio u otros materiales peligrosos relacionados con el proceso de refinación de petróleo y gas natural con la intención de evitar inspecciones, impuestos y regulaciones. Los importadores estadunidenses cómplices de estos esquemas frecuentemente administran otros negocios legítimos en la frontera.

Amplió: Según cálculos de agencias de seguridad pública, los importadores estadunidenses pueden ganar más de 5 millones de dólares por cada barco de petróleo crudo de Estados Unidos y jurisdicciones extranjeras, y tienen múltiples barcos en ruta cada mes.

Esto es precisamente de lo que se acusa a la familia Jensen: Realizar e intentar realizar transacciones financieras con los ingresos de alguna actividad ilegal mediante maniobras diseñadas para ocultar el origen y naturaleza de estos fondos. La acusación formal afirma que este negocio ilícito de ventas de petróleo robado y el lavado de fondos se iniciaron el 10 de mayo de 2021 y continuaron hasta este año.

El gobierno estadunidense acusa que el petróleo ilícito es enviado desde México a Texas en barcazas. El crudo llega a una instalación propiedad de Jensen llamada Arroyo Terminals, empresa de compra de petróleo en Río Hondo, pueblo al norte de Brownsville, Texas. Las autoridades federales arrestaron a Jensen y a su esposa en Utah, y a sus dos hijos en Texas, y también allanaron las oficinas de Arroyo Terminals ese mismo día. Los Jensen se han declarado inocentes de los cargos.

Aunque no se conocen detalles del caso de los Jensen, la Fincen describe el proceso general de lavado de dinero en estos casos: Después de vender el petróleo crudo robado en los mercados de energía de Estados Unidos y globales, los importadores estadunidenses reciben transferencias electrónicas nacionales e internacionales de intermediarios de terceros, incluyendo transferencias canalizadas a través de múltiples cuentas y jurisdicciones, como pago por el petróleo crudo robado.

“El robo de combustible y el contrabando de petróleo son fuentes de efectivo para el negocio narcoterrorista del CJNG, lo que constituye una lucrativa fuente de ingresos para el grupo y le permite causar estragos en México y Estados Unidos”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. El Departamento del Tesoro, afirmó, continuará usando todas las herramientas disponibles para atacar implacablemente a los cárteles de las drogas y a las organizaciones terroristas extranjeras para hacer que Estados Unidos sea seguro otra vez.

Sin embargo, según los informes y alertas emitidas este mes, el gobierno estadunidense también necesitará hacer más para perseguir a individuos, empresas e instituciones financieras en su propio país.

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Ciudad de México. En abril, la economía mexicana habrá crecido 0.7 por ciento anual, de acuerdo con el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El (IOAE) permite contar con estimaciones econométricas oportunas sobre la evolución del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), así como de las actividades secundarias y terciarias.

Por grupos de actividad económica, se espera una baja anual de 0.8 por ciento en las secundarias y un incremento de 1.5 por ciento en las terciarias, indicó el Inegi.

Las actividades económicas secundarias corresponden a los sectores dedicados a la industria de la minería, manufacturas, construcción y electricidad, mientras que las actividades terciarias conciernen al comercio, transportes, correos y almacenamiento, entre otras.

Las estimaciones del indicador incluyen intervalos de confianza a 95 por ciento y corresponden a cifras desestacionalizadas.

El pasado 13 de mayo, Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, destacó que el desempeño de la economía mexicana en el primer trimestre de 2025 fue positivo, lo que indica moderación de la actividad productiva.

“Tuvimos un comportamiento positivo en el trimestre, lo cual nos ayuda, digamos a aclarar esta conversación, esta narrativa de que la economía mexicana podría estar entrando en un ciclo recesivo”, expuso.

“No lo vemos así en la Secretaría de Hacienda. Vemos un momento de moderación en la actividad económica, lo cual está claro, pero las variables fundamentales y los factores que explican el crecimiento del país están sólidos y sanos”, agregó.

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En el estado de Veracruz, entre el 9 y el 15 de mayo, 3 policías de diversas corporaciones fueron asesinados, de acuerdo con el registro de la organización civil Causa en Común.

Con estos casos, Veracruz acumula 11 gendarmes asesinados en lo que va del año, ubicándose entre los 6 estados con mayor número de homicidios de elementos de seguridad, junto a Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

El observatorio considera el caso de Miguel Ángel Navarro Lechuga, policía en descanso del municipio de Jáltipan, quien fue ultimado en el municipio de Texistepec, durante un mitin de campaña de la candidata Yesenia Lara.

Además, 2 agentes de la Fiscalía General de la República fueron atacados en Boca del Río, específicamente en la avenida Vía Muerta.

A nivel nacional, Causa en Común ha contabilizado al menos 166 policías asesinados en 2025, lo que representa un aumento del 36 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Veracruz destaca como una de las entidades más afectadas, reflejando los altos niveles de violencia e impunidad que persisten en la región.

Además de estos hechos, Causa en Común ha documentado otros casos previos durante el año. El 8 de enero fue asesinado Andrei Gamboa Soto en el municipio de Camerino Z. Mendoza.

El 8 de marzo, Raúl Palma Moguel fue atacado en Tuxpan. El 13 de marzo se registraron 2 homicidios más: el de Juan Manuel Aiza en Fortín y el de un elemento de la Policía Estatal en Cosamaloapan.

El 26 de marzo, Pedro Madrigal y Anayeli Reyes Martínez murieron durante una emboscada en el municipio de Vega de la Alatorre. Finalmente, el 30 de abril se reportaron los asesinatos del policía estatal Carmelo Ceferino Lara en Tlapacoyan y de Juan Santes García en el municipio de Cazones de Herrera.

La organización ha reiterado que los cuerpos policiales trabajan bajo condiciones precarias y con poca protección institucional, lo que los convierte en blancos constantes del crimen organizado y de la violencia social.

También ha urgido a los gobiernos estatales y federal a implementar acciones concretas para salvaguardar la vida e integridad de los elementos policiales, quienes, en muchos casos, enfrentan el riesgo de muerte sin garantías ni respaldo.

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CDMX.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma casos de gusano barrenador en perros callejeros en el estado de Yucatán.

Luego de que algunos animales recibieran atención veterinaria y se detectaran larvas en sus heridas. Sin embargo, estos casos podrían ser solo una fracción del problema: la mayoría de los animales en situación de calle no son rescatados. Esto sugiere que la propagación podría ser mucho más amplia de lo que se ha documentado.

El primer caso fue detectado el 28 de abril en un perro rescatado en el municipio de Peto, Yucatán, con múltiples heridas. Los rescatistas lo trasladaron a Mérida para recibir atención, donde se le diagnosticó miasis y se confirmó que la larva era del gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax). Otros cuatro casos en perros han sido reportados: uno en el municipio de Halachó y tres más en el municipio de Tzucacab.

En Tzucacab, los brotes comenzaron el 5 de marzo en ganado y ya escalaron a perros callejeros, sin que las autoridades nacionales hayan informado de ello. Mientras tanto, la Secretaría de Desarrollo Rural, bajo la dirección de Julio Berdegué, ha instalado apenas nueve puntos de verificación fitozoosanitaria interestatal a través del Senasica, y solo en municipios como Maxcanú, Halachó, Santa Elena, Peto, Chemax, Tizimín y Tixcacalcupul. Esta respuesta, limitada y centrada exclusivamente en el ganado, ha ignorado por completo a los animales domésticos, que ya están siendo afectados.

El gobierno de Claudia Sheinbaum tiene una crisis en potencia con 33 millones de perros en situación de calle. La propagación de esta plaga es cuestión de tiempo y la respuesta federal está siendo negligente, lenta y desconectada de la realidad.

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La Fiscalía General de la República (FGR) inició dos nuevas carpetas de investigación por presuntos hechos de corrupción en la empresa Diconsa que se habrían extendido hacia la mitad del sexenio pasado, y dejaron toneladas de maíz desaparecido y daños al erario por más de 90 millones de pesos.

Las indagatorias se iniciaron a partir de dos denuncias formales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) derivadas de las auditorías de cumplimiento financiero 329-DE y de la auditoría de cumplimiento forense 2037 practicadas a Diconsa S.A. de C.V., empresa pública que, en la administración pasada, operó bajo la coordinación del ya desaparecido organismo de Seguridad Alimentaria (Segalmex).

Una de esas denuncias comprende un contrato firmado en el 2021 con un convenio modificatorio en el 2022, es decir, pasada la mitad de la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es la primera vez que los auditores denuncian malos manejos en Diconsa o en organismos relacionados con Segalmex en ese periodo, pues previamente estas se habían concentrado en irregularidades de 2020 o antes.

El foco de la investigación de la FGR a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) es el contrato número Z/530/2021 y su convenio modificatorio número CM/26/2022 que la administración de Diconsa firmó con la empresa Productora Agrimex, S.P.R. de R.L. (Agrimex), para servicios de recepción, almacenamiento, conservación y distribución de maíz propiedad de Diconsa.

En la denuncia presentada los auditores destacan que al revisar el expediente del caso encontraron que la mayor parte de la información que debía existir para acreditar la prestación del servicio correspondiente al resguardo y entrega del maíz no está en los archivos. Ello pese a que el contrato claramente estipulaba que esto era requisito indispensable para que se autorizara cualquier tipo de pago.

“La empresa no remitió los informes remitidos a Diconsa vía correo electrónico en forma semanal, relativos a las existencias de mercancías y su calidad, mediante relación de entradas y salidas, por proveedor, producto, variedad y origen, así como los concentrados mensuales firmados de los movimientos operativos del grano realizadas en el mes anterior y que sustenta los pagos; esta información de conformidad con el contrato era requerida para la liberación del pago”, indica el reporte de los auditores que dio pie a la denuncia presentada.

Pese a la falta de documentación que acredite el destino del maíz que debió haber ingresado a almacenes ubicados en Totalco, Veracruz; Atlacomulco, Estado de México, y San Cristóbal de las Casas, Chiapas; la empresa Diconsa pagó por casi 40 millones de pesos por este contrato y su convenio modificatorio.

La otra carpeta de investigación iniciada por la FGR está relacionada con un contrato que, vía una adjudicación directa sin licitación, le entregó Diconsa a la empresa ESESPA, S.A. de C.V., en participación conjunta con Aurus Nivel Total, S. de R.L. de C.V., Imago Centro de Inteligencia de Negocios, S.A. de C.V., Gurges Implementación de Negocios, S.A. de C.V., Valdepeñas Soluciones, S.A. de C.V., e Integradora La Aurora, S.A. de C.V.

El objetivo del contrato, que además tuvo dos convenios modificatorios, era de Diconsa de un “Servicio Integral Especializado en Apoyo a Actividades Institucionales”. Es decir, de desplegar personal vía outsourcing para apoyar las distintas actividades y trabajos de este organismo.

El problema que los auditores encontraron, y dio pie a la denuncia presentada ante la FGR, es que los documentos del expediente que prueban que este servicio se realizó y cómo se llevó a cabo simplemente… desaparecieron. Lo único existente son las facturas las cuales dan constancia de que Diconsa pagó más de 50 millones de pesos por estos servicios.

Los auditores solicitaron recibos de nómina, base de datos, listas de asistencia, contratos e informes, del personal que prestó el servicio en los esquemas de sueldos y salarios asimilados a salarios, pero la respuesta de la Gerencia de Recursos Humanos fue una nota en la que textualmente señaló: “se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos… sin encontrar información y documentación al respecto”.

Posteriormente se realizó una nueva petición de información a Diconsa para que proporcionará información sobre la comunicación con el proveedor, la plantilla del personal y su distribución por áreas, los estados de la República y perfiles asignados por cada unidad operativa. La respuesta, nuevamente, es que no se había logrado encontrar ningún documento sobre ese respecto.

Tras agotarse los tiempos sin presentarse documento alguno, los auditores concluyeron que no hay constancia alguna de que este servicio haya existido por lo que se presentó la denuncia ante la FEMCC para que esta proceda en contra de quien resulte responsable.

De acuerdo con datos oficiales de la ASF en el periodo de 2019 a 2023, Diconsa acumula observaciones por malos manejos y posibles desvíos por más de 4 mil 184 millones de pesos.

Por estos hechos los auditores han presentado, ya con los dos nuevos casos reportados en esta nota, un total de cinco denuncias penales presentadas ante la FGR.

Autoridades federales consultadas por MILENIO indicaron que este mismo año se estarán presentado nuevas denuncias relacionadas con los malos manejos en Diconsa correspondientes a la Cuenta Pública 2022 y posiblemente a la cuenta pública 2023.

Lo anterior porque, tan solo como resultado de la auditoría forense 2037 practicada a dicho organismo, el monto de irregularidades hasta ese momento identificadas supera los cinco mil 112 millones de pesos, de los cuales, la mayoría no ha sido esclarecido.

Hasta ahora todas las carpetas de investigación iniciadas en la FEMCCC de la FGR por las denuncias de los auditores siguen en integración. Aunque tres de ellas se iniciaron desde febrero de 2023, estas todavía no han sido enviadas ante un juez federal.

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Ciudad de México.- Por cinco horas, profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) liberaron las casetas de de San Marcos (Puebla), México- Querétaro y México- Cuernavaca, como parte de las acciones de la huelga nacional.

Poco después de la una de la tarde, arribaron camiones a las casetas para trasladar a los docentes al plantón que tienen en el zócalo capitalino.

Los docentes dieron pasé libre a los automovilistas desde las ocho de la mañana. Reiteraron que resumieron sus demandas en cinco puntos: abrogación de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) 2007, abrogación de la reforma educativa de 2012, aumento salarial por arriba de lo anunciando, democracia sindical y justicia social.

El profesor Pedro Hernández, dirigente de la sección 9, en la ciudad de México, señaló que el secretario de Educación, Mario Delgado, les informó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene disposición al diálogo, sin embargo, recalcó que no les han confirmado cuándo será la reunión, por lo cual, están a la espera de que se concrete la negociación.

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