Por: Mary García

El testamento es un acto jurídico porque es una declaración de voluntad llamada a producir efectos jurídicos; y es unilateral, porque para nacer a la vida jurídica, requiere de la sola voluntad del testador.

En el testamento interviene una sola persona. Esto trae como consecuencia que no se acepten los testamentos mancomunados o conjuntos (aquellos otorgados por dos o más personas); tampoco cabe en él la representación jurídica, ya que el Código Civil, dispone: “La facultad de testar es indelegable”.

Septiembre es el mes del testamento, aún quedan algunos días para que aquellas personas que deseen proceder a realizar este acto jurídico, lo realicen a un bajo costo, campaña implementada precisamente para que se herede tranquilidad.

Cuando una persona fallece sin haber realizado un testamento, el procedimiento que deben llevar a cabo los posibles beneficiarios, es promover el intestado, y este proceso puede ser largo y tedioso, además que puede complicarse si surgen controversias entre los herederos.

Son realmente pocas las personas que toman sus precauciones en situaciones como ésta, quizá debido a que pensar en la muerte no les genera satisfacción, o porque desconocen la figura jurídica del testamento, o están mal informados y piensan que al testar, pierden sus derechos, lo cierto es que por diversas razones muchas familias se ven involucradas en litigios cuando esto pudo evitarse si se hubieran tomado las medidas a tiempo.

El testamento es una declaración de la voluntad de una persona, no afecta sus derechos sobre la propiedad, y este puede ser modificado si se desea, y por supuesto pierde efecto si al final la persona muere y no deja nada.

Dentro del ámbito legal, el testamento es una figura muy importante, evita muchos problemas entre familias, que incluso han llegado a derivar en homicidios por problemas de herencias, además en esta escritura pública, se pueden manejar clausulas donde se expone la última voluntad de la persona, y sus condiciones, lo cual debe ser respetado por el o los herederos.

Aunque en México aún existen grupos poblacionales donde el tema del testamento no desean ni tocarlo, porque consideran que es sinónimo de muerte, pensar en ello es como pensar en morir, cuando en realidad es sinónimo de prevención, es evitar conflictos futuros, es no dejar problemas, y sobre todo es protección para los seres queridos.

Por Claudia Guerrero Martínez

Prestanombres de Javier Duarte y sus falsas escrituras

El apoderado legal Luis Garavito Patiño concretó un Juicio ordinario Civil Reivindicatorio, con el Expediente número 770/2014, en la Secretaria “B”,  con el Juez Cuadragésimo Primero de lo Civil, de la Ciudad de México, en contra de Moisés Mansur Cysneiros, a quien además de ser señalado como uno de los principales prestanombres del aún terrible Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, es acusado de sorprender a la autoridad con escrituras falsas, para tratar de adjudicarse  un inmueble, en pleno centro de la Ciudad de México.

Ante el escándalo por la investigación realizada por la PGR, ASF y el SAT, Moisés Mansur Cysneiros, quien presuntamente abandonó el país, para exiliarse en Brasil, país donde tiene raíces la mamá del hoy millonario empresario y bajo el cobijo de la priísta Beatriz Paredes, como Embajadora de México en ese país carioca. Y este prestanombres de Duarte   pretende adueñarse de un  edificio de locales comerciales, departamentos y oficinas, ubicados  en República de Chile no. 10, Colonia Centro, en  la Ciudad de México.

Mansur Cysneiros se proclamó ser el propietario, presentando falsas escrituras, mismas, fueron  elaboradas por un Notario Público del Estado de México, encargado de dar fe a este documento, quien tiempo después, dejó dicha Notaría por presentar anomalías en su gestión.

El documento dicta: “Que estando en tiempo vengo a desahogar la vista ordenada con la copia certificada de la escritura 20,056, expedida por la Jefa del Archivo General de Notarías del Estado de México, así como con el oficio que remite la misma Autoridad y a que se refiere el auto de fecha 12 de julio de 2016 (fojas 950 y 951), mismo que fue notificado mediante boletín judicial número 130, correspondiente al día 13 de julio de 2016, habiendo surtido sus efectos la notificación el día 14 del mismo mes y año, por lo que el término de 3 días para desahogar la vista corre del 1 al 3 de agosto de 2016, lo que se hace en los siguientes términos: Ya teniendo conocimiento de la copia certificada de la escritura 20,056, expedida por la Jefa del Archivo General de Notarías del Estado de México, el documento que se cuestionó de falso en el incidente de falsedad de documento y que el actor define como copia certificada del instrumento notarial número 20,056 de fecha 17 de enero de 2007, que dice se otorgó ante la fe del Licenciado JESÚS SANDOVAL PARDO, Notario Público número 33 del Estado de México, es un documento que no se ajusta a las prevenciones de la ley, en otras palabras, no se ajusta a las formalidades y requisitos legales establecidos en la Ley del Notariado del Estado de México, por las siguientes razones jurídicas:

Primera.- De la copia certificada de la escritura 20,056, expedida por la Jefa del Archivo General de Notarias del Estado de México, se desprende con meridiana claridad que en los folios números 143, 144, 145 y 146, carecen de sello del notario numero 33 Licenciado JESÚS SANDOVAL PARDO, en su anverso, al lado izquierdo y en la parte superior, contraviniendo el artículo 56 de la Ley del Notariado del Estado de México”…

Luis Garavito Patiño, apoderado legal de  José Casal  Domínguez nos comenta: “Se lo quiere adjudicar porque dice ser el propietario, pero con unas escrituras falsas, que le hizo un Notario del Estado de México y este ya dejó la Notaria; dice haberlo adquirido hace más de 7 años, pero no hay ningún antecedente en el Registro Público de la Propiedad”…

Si bien, según informes de la Secretaria de Finanzas de la CDMX, nunca fueron cubiertos los impuestos de traslación de dominio; los supuestos vendedores no son localizables, entre otras anomalías y el documento  de este juicio hace hincapié en algo muy importante: “Como se puede apreciar de la copia certificada de la escritura 20,056, expedida por la Jefa del Archivo General de Notarias del Estado de México, la misma carece de firmas en cada una de sus hojas por quienes se dice intervinieron, así como del notario, quien además, se abstuvo de poner el sello en las mismas y en consecuencia resulta ineficaz el documento exhibido por la parte actora como documento base de su acción”…

“Según se ha informado en diversos medios Moisés Mansur Cysneiros es uno de los testaferros de Javier Duarte, quien no conforme con todos los desvíos de recursos que han sido dados a conocer,  se quiere apropiar «a la mala» de un inmueble. Lo anterior se encuentra debidamente documentado y es materia de un juicio en la CDMX”, nos comenta el abogado de  José Casal Domínguez….

Cabe mencionar que buscando este inmueble, en la liga: http://propiedades.com/inmuebles/republica-de-chile-10-centro-c00409107-177896 en ella te informa que el inmueble tiene la Cuenta Catastral 00409107; uso de Suelo: habitacional con Oficinas y su superficie es de 418.0 metros cuadrados.

El tema Javier Duarte y sus prestanombres, son prioridad en los Pinos y pronto, muy pronto,  habrá acciones legales en contra de los culpables por el quebranto en Veracruz. Y mientras, Duarte sigue mandando tuits negando todo, argumentando ser mentira su enriquecimiento inexplicable, mismo, ser explicable y robar a los veracruzanos…

Por: Pablo Jair Ortega

¿ERA NECESARIO DAR A CONOCER A LOS PRESUNTOS CURAS HOMOSEXUALES?

Hace poco tuvimos la oportunidad de entrevistar a la activista de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero e Intersexual (LGBTTI), Amaranta Gómez Regalado, la primera diputada transexual reconocida en este país, y le preguntábamos si no era una forma de chantaje el amenazar con dar a conocer los nombres de curas homosexuales. Que si no había una invasión a la vida privada.

Amaranta recordó –palabras más, palabras menos– que en contraparte existen muchos casos conocidos de curas pederastas que también han hecho daño a muchos niños y que son protegidos desde las altas esferas del poder.

Definitivamente resulta difícil y problemático defender una posición de la Iglesia Católica cuando son muchas atrocidades que han cometido a lo largo de la historia: desde la Santa Inquisición hasta los lamentables abusos del padre Marcial Maciel (que le costaron una fuerte censura y boicot publicitario a la televisora CNI Canal 40); o los casos de niños violados por sacerdotes que se reflejan en la película ganadora del Óscar, “Spotlight”.

No se puede compartir la misma opinión (aunque tengan derecho de expresarla bajo el manto de la libertad de expresión) de la condena a la comunidad gay por parte de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, así como a sus subsecuentes críticas en contra del matrimonio igualitario, la adopción, entre otras lindezas.

En pocas palabras, la Iglesia Católica carece de autoridad moral, históricamente, para juzgar y se supone que no debe hacerlo, según su libro favorito y más vendido en el mundo: “7:1 No juzguen, para no ser juzgados. Lucas 6, 37 Romanos 2, 1… 7:2 Porque con el criterio con que ustedes juzguen se los juzgará, y la medida con que midan se usará para ustedes. Marcos 4, 24 Lucas 6, 38… 7:3 ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo?… 7:4 ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: «Deja que te saque la paja de tu ojo», si hay una viga en el tuyo?… 7:5 Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. (Evangelio de Mateo, capítulo 7)”.

Tampoco se puede decir que todo en la Iglesia Católica, como en la comunidad LGBTTI, es malo: hay ejemplos de sacerdotes comprometidos con sus feligreses, son luchadores de derechos humanos y críticos de sus propias estructuras. Somos testigos de ello en la comunidad La Patrona.

No obstante, parece excesivo el que este jueves se hayan dado a conocer las presuntas preferencias sexuales de jerarcas católicos (entre los que destaca el nombre del Arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios) especialmente si este tipo de prácticas se ejercen en la vida privada.

Durante mucho tiempo, especialmente en el ámbito político, la mayor revelación mediática para generar escándalos era filtrar que ciertos enemigos políticos y funcionarios de gobierno eran homosexuales “de closet” (como si la vida privada en el servicio público en realidad fuese tan secreta); que se le atribuían encuentros con jovencitos o que era una mujer lesbiana o “marimacha”. Prácticas dolosas, ataques muy denigrantes a una persona, más allá de la calidad del ser humano señalado.

Actualmente pareciera que dichos ataques ya no funcionan tanto. De hecho el decir que una persona es homosexual ya no surte el mismo efecto de antes, donde reinaba una sociedad “mocha”, pero que a la larga fue flexibilizando y permitiendo espacios para la comunidad LGBTTI. La misma Amaranta, como activista de dicho grupo, reconoció que era un avance, por ejemplo, el que existiera un propuesta presidencial para matrimonios igualitarios al respecto, aunque faltara mucho por seguir en su lucha.

Pero el asunto ahora es preguntarse si lo avanzado en dicha cruzada no se verá empañado por una situación de invasión hacia la intimidad o vida privada de los curas, independientemente de si este tipo de imputaciones sean verdad o no. Y es que si bien algunos sectores de la Iglesia Católica condenan dogmáticamente y con índice de fuego a la comunidad LGBTTI, la respuesta de éstos parece ser peor, cayendo casi al mismo nivel de decir que ser sacerdote homosexual es malo.

Es decir, se supone que gran parte de la lucha de la comunidad gay es precisamente quitar los prejuicios, desaparecer los estereotipos de los homosexuales, hacer conciencia de no ridiculizarlos por su condición, preferencia y orientación. No satanizarlos falsamente como violadores y asesinos.

Pero ahora la misma comunidad LGBTTI (o al menos un sector muy radical) ha estado optando por hacer lo mismo con quienes fueron sus verdugos por mucho tiempo, y la radicalización –muy peligrosa– de sus acusaciones han decaído en precisamente hacer estereotipos de sacerdotes como violadores y homosexuales de closet.

Creo que lo más sabio es decir “Cada quien hace de su koolo un papalote”; y si en este caso los sacerdotes están faltando a sus votos sagrados junto a mayores de edad, ya quedará en el castigo divino o en la determinación de las presuntas víctimas para actuar judicialmente en contra de sus presuntos violadores.

Hoy existen las instancias para ventilar asuntos de tal naturaleza, y si bien la cúpula católica no deja de tener una influencia importante en el poder, bastante se ha avanzado también en medios de comunicación, mínimo, para revelar estos señalamientos, especialmente si se ven involucrados menores de edad, que es en contra de la ley.

Por el momento, la sola idea de atacar a la Iglesia Católica haciendo una acusación tan ligera como la de que existen curas gay, puede resultar contraproducente; caerían casi al mismo nivel del Vaticano cuando expulsó a Krzysztof Charamsa, el sacerdote polaco que confesó abiertamente su homosexualidad y hasta presentó a su pareja, por lo cual fue castigado y suspendido.

O tal vez esos que quieren confrontación con la Iglesia simplemente deban recordar que la mayor parte de este país sigue siendo pagano, guadalupano, católico y ultra religioso. Lesbianas y gays, incluidos, porque “se supone que todos somos hijos de Dios”, como diría el buen Alex Lora.

Los primeros en la lista de la PGR

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez

Como si a estas alturas todavía algún veracruzano pudiera creerle en sus mentiras, el todavía gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa trató de desviar la atención sobre la investigación en curso por parte de la Procuraduría General dela República, por una serie de delitos como enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal, diciendo que la presencia de funcionarios federales en la capital se debía a la denuncia que interpuso en contra del gobernador electo Miguel Angel Yunes Linares.

Como ya es también su costumbre, no salió a dar la cara ante los medios de comunicación, sino que simplemente twitteó en las redes sociales varios mini mensajes de texto y mandó al secretario de gobierno Flavino Ríos Alvarado para que diera una versión tratando de distraer los verdaderos motivos de la presencia de la Procuraduría General de la República en palacio de gobierno, la Fiscalía General del Estado y el Registro Público de la Propiedad.

Pero como bien dicen en mi pueblo: más rápido cae un mentiroso que un cojo, porque por la tarde, el mismísimo subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales de la PGR, José Guadalupe Medina Romero, confirmó que la dependencia mantiene abiertas dos carpetas de investigación -pero no en contra de Miguel Angel Yunes Linares- en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y diputado local electo del Partido Nueva Alianza (Panal) y de extracción priista, Vicente Guillermo Benítez González, además de otros funcionarios de la entidad, como presuntos responsables de los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal, además de que en los próximos días “se citará a declarar a los servidores públicos estatales en torno a estos hechos”.

En conferencia de prensa en la capital de la república, Medina Romero mencionó que en días pasados se desplegó personal de esta Subprocuraduría acudió a la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, «a efecto de diligenciar dos carpetas de investigación relacionadas con indagatorias abiertas, en donde, Luis Ángel Bravo Contreras, titular de dicha Fiscalía, recibió los oficios en los cuales se le notificó el ejercicio de la facultad de atracción por conexidad que ejerció la PGR respecto de las investigaciones iniciadas en contra de Vicente Guillermo Benítez González y Javier Duarte de Ochoa y otros».

Detalló que las dos carpetas de investigación son: la número FESP/OI3/2016/1 -04, por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal, constante de 10 tomos y 12 anexos relacionada con la similar que se integra en esta Subprocuraduría, y la número FESP/216/2016/1407, por los mismos delitos, constante de 4 tomos y 69 anexos relacionada con la similar que se integra en esta Subprocuraduría, en total, las dos carpetas cuentan con 14 tomos y 81 anexos, contenidos en 18 cajas.

En su momento, el gobernador electo de esa entidad Miguel Ángel Yunes Linares, manifestó que el entonces precandidato del PRI a la diputación local por el distrito de los Tuxtlas, Vicente Benítez González, «tiene una empresa radicada en Miami, Capital Investment Property Services Inc, con la cual ha desviado miles de millones de pesos de los veracruzanos, lavando dinero en Estados Unidos y Costa Rica».

Recordó que Vicente Benítez ha tenido cargos en la administración de Javier Duarte como Tesorero y oficial mayor de la SEV «probablemente le sea girada una orden de aprehensión a Benítez por lavado de dinero, por lo que urgentemente necesita el fuero constitucional. Tengo a la mano las declaraciones patrimoniales de Vicente Benítez, esta es de cuando tomó posesión como tesorero, es del 28 de enero del 2012 y tengo las demás también, este señor lo que nos dice en esta declaración es que está casado con la señora Mariela Núñez Rodríguez, que tienen 4 hijos, y que tienen automóvil Ibiza, tienen una sola casa-habitación en José Díaz número 25 en Xalapa, Veracruz y abrió unas cuentas bancarias por un total de un millón 928 mil 375 pesos».

Subrayó, «pero lo que no le ha dicho a los veracruzanos, es que tiene una empresa en Miami que se llama Capital Investment Property Services Inc, esta empresa en Miami está en el 8004 de la calle 154 en Miami Lakes Florida, y el representante de la empresa se llama Jhon Sánchez y que los dueños de la empresa según aparece aquí, son los señores Vicente G. Benítez y Mariela Núñez Rodríguez».

Por otra parte, el titular de la SEIDF informó que a raíz de la nota publicada el pasado 27 de julio un medio de comunicación impreso editado en la Ciudad de México -el periódico Reforma- en la que revela información relacionada con una carpeta de investigación abierta por la PGR, «donde se asienta que … »La Procuraduría General de la República requirió a la Dirección de Catastro y Valuación del Estado de Veracruz, información relacionada con 35 empresas y 34 personas, las cuales pudieran estar vinculadas con el gobernador Javier Duarte, en el desvió de recursos públicos, lo anterior con motivo de la integración de la carpeta de investigación FED/SEIDF/U El DFF-VER/000069112016″.

«Esta información motivó que ese mismo día la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia iniciara una carpeta de investigación (FED/SEIDF/UNAI/ VER/0000862/2016) a fin de establecer cómo fue que información de carácter ministerial se filtró, lo que es constitutivo de delito, como lo establece el artículo 214, fracción cuarta del Código Penal Federal»

Informó que como parte de la investigación, el 29 de julio de 2016 se trasladaron agentes del Ministerio Público de la Federación y elementos de Policía Federal Ministerial a Xalapa, Veracruz, en donde se entrevistó ministerialmente al director de Catastro y Valuación de esa entidad, quien dio a conocer la ruta que siguió en dicha dependencia el oficio emitido por esta autoridad investigadora.

«Posteriormente, el 2 de agosto se realizaron entrevistas ministeriales a un analista administrativo, un subdirector de Valuación y Operación Catastral, así como a un Administrativo Especializado, todos adscritos a la Dirección General de Catastro y Valuación de Veracruz, los cuales tuvieron injerencia en la búsqueda de las personas tanto físicas como morales de la solicitud enviada por la representación Social de la Federación».

Un día después, el 3 de agosto se practicó la pericial en materia de Informática, dentro de la cual se apreció el sistema con el que cuenta la Dirección en comento a efecto de verificar datos dentro del mismo. También se realizó una revisión a las bitácoras del servidor que se encuentran bajo resguardo de la Dirección de Tecnologías de la Información en la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz.

El 23 de agosto de 2016, Ministerios Públicos de la Federación y elementos de la Agencia de Investigación Criminal, se trasladaron a Xalapa, Veracruz, a efecto de entrevistar al director del Registro Civil, al director de Catastro y a dos empleados más, en razón de la nota periodística publicada en el sitio de Internet noreste.net, el día 22 de agosto del año en curso, en la que refiere, «a la renuncia del Director del Registro Civil, por no prestarse a dar información falsa a la PGR».

Dijo que el pasado 19 de septiembre se conformó un grupo de trabajo integrado por un Fiscal, un Ministerio Público de la Federación, policías federales Ministeriales del Grupo Especial de Operaciones y Policía Federal de Investigación, quienes se trasladaron a las instalaciones de la Dirección General de Catastro y Valuación, con la finalidad de recabar las entrevistas al Director y Subdirector de dicha Dependencia, y solicitar la documentación relacionada con la fuga de información, de esto, se obtuvo la custodia de dos oficios originales, a los que se les realizarán los dictámenes periciales correspondientes.

Posteriormente, se conformó un segundo grupo conformado por el titular de esta Subprocuraduría, un titular de la Unidad Especializada en Investigación, un fiscal, el Director General de Asuntos Especiales, agentes del Ministerio Público de la Federación, Policías Federales Ministeriales del Grupo Especial de Operaciones y Policía Federal de Investigación, el cual se dirigió a las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, en donde se recabó la comparecencia en calidad de testigo de Flavino Ríos Alvarado, titular de la misma, en relación con la fuga de información que se investiga.

De acuerdo con lo anterior, pareciera que finalmente, se ha tomado una decisión de intervenir en el escandaloso saqueo -sin precedentes en la historia de Veracruz- por parte de funcionarios estatales, la pregunta es si se hará en los próximos 70 días, antes de que concluya la administración de Javier Duarte, para no dar la oportunidad de hacerlo al gobernador electo Miguel Angel Yunes Linares.