Sinaloa.-El cuarto minero atrapado en la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, Sinaloa, fue encontrado sin vida tras 33 días desde el derrumbe del lugar, informaron las autoridades mexicanas en un comunicado conjunto.

“El hallazgo se logró tras 33 días (783 horas) de trabajos ininterrumpidos de 389 elementos de la Defensa, Marina, CNPC, CFE y el gobierno local, así como trabajadores de la mina”, se lee en el documento.

El cuarto minero era Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años, originario de Zimapán, Hidalgo, y fue encontrado este lunes 27 de abril a las 3:15 horas.

El Gobierno de México y las autoridades locales mantienen el compromiso de brindar acompañamiento y apoyo a la familia del minero Leandro Isidro Beltrán.

Por tanto, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para iniciar los protocolos de recuperación.

“Estas tareas de localización han sido posibles al esfuerzo conjunto y estratégico de 389 elementos de diversas instituciones”, refieren en el comunicado.

¿Qué pasó en la mina de Santa Fe?
El siniestro ocurrió el 25 de marzo de 2026, cuando 25 trabajadores se encontraban al interior de la mina Santa Fe.

De ellos, 21 lograron salir por sus propios medios, mientras que cuatro quedaron atrapados. El saldo final del operativo, que se extendió por 33 días y acumuló 783 horas de labores ininterrumpidas con la participación de 389 rescatistas, fue de dos mineros rescatados con vida: José Alejandro Cástulo Colín y Francisco Zapata Nájera y dos localizados sin signos vitales: Abraham Aguilera y Leandro Isidro Beltrán Reséndiz.

Reportes recientes indican que el accidente fue provocado por el colapso de una presa de jales, una estructura destinada a la acumulación de residuos de extracción, lo que generó una inundación de agua y lodo en las galerías subterráneas.

La tragedia en la mina Santa Fe pone nuevamente sobre la mesa el debate de la seguridad laboral en México, un país donde el sector minero aporta poco más del 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Sinaloa destaca como uno de los principales estados productores de minerales; sin embargo, incidentes relacionados con derrames o fallas en presas de jales han sido una constante preocupación ambiental y de protección civil en diversas regiones del país durante las últimas décadas, exigiendo una supervisión más estricta por parte de las autoridades federales.

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México.-Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, ha señalado que la Administración Trump pondrá en marcha una campaña anticorrupción dirigida contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al crimen organizado.

La ofensiva podría ir más allá de la revocación de visados e incluir acusaciones federales contra políticos mexicanos.

Estados Unidos ya ha revocado los visados de algunos dirigentes mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha negado en repetidas ocasiones cualquier vínculo con los cárteles.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, viajó la semana pasada al noroeste del estado de Sinaloa para lo que parecía una ceremonia rutinaria: la inauguración de las obras de una fábrica cerca de la ciudad de Los Mochis.

Pero sus comentarios forman parte de una agenda más amplia y provocadora, según fuentes familiarizadas con la relación bilateral. Marcan el inicio, según las fuentes, de una amplia campaña anticorrupción de la administración Trump dirigida contra funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado.

Una ofensiva de este tipo podría sacudir las relaciones bilaterales en un momento crucial, ya que los negociadores de Estados Unidos, México y Canadá se están reuniendo para revisar el tratado de libre comercio de América del Norte —un pilar fundamental de la economía mexicana, dependiente de las exportaciones—.

El evento del jueves tenía como objetivo celebrar la construcción de una fábrica de metanol de mil millones de dólares, una de las mayores inversiones privadas estadounidenses en México de la historia reciente.

Dirigiéndose a una reunión de ejecutivos de la empresa, inversores y funcionarios estatales en la ciudad de Los Mochis, en la costa del Pacífico, Johnson comenzó su intervención elogiando el proyecto y destacando la importancia de las relaciones entre Estados Unidos y México.

“El proyecto Pacifico Mexinol representa una inversión de 3.300 millones de dólares durante su construcción y desarrollo”, dijo Johnson. “Se convertirá en la mayor planta de metanol con emisiones ultrabajas del mundo”.

Pero a continuación Johnson pasó a hablar de la corrupción, un tema delicado en México.

“La corrupción no solo frena el progreso, sino que lo distorsiona. Aumenta los costes, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados. No es un problema sin víctimas”, dijo Johnson. “Y es un obstáculo directo para el crecimiento, la equidad, las oportunidades y el éxito a largo plazo de proyectos como este”.

A continuación, el embajador lanzó un mensaje nada sutil: México debe hacer algo al respecto de su epidemia de gobernanza corrupta —desde los policías de calle hasta los alcaldes y gobernadores locales, pasando por los legisladores federales, todos en nómina de los cárteles— si los líderes quieren garantizar la estabilidad financiera de este país de 133 millones de habitantes. Dejó claro que Estados Unidos iba a perseguir a los políticos mexicanos presuntamente corruptos.

“La inversión es como el agua”, dijo Johnson. “Fluye cuando las condiciones son adecuadas y se seca cuando no lo son”.

El pacto comercial entre Estados Unidos y México “exige a nuestros gobiernos que tipifiquen como delito el soborno y la corrupción y que hagan cumplir los códigos de conducta para los funcionarios públicos”, señaló el embajador al concluir sus comentarios. “Es posible que pronto veamos medidas significativas en este frente. Así que, permanezcan atentos”.

Las contundentes declaraciones reflejaban la magnitud de la iniciativa anticorrupción. Se espera que la campaña vaya mucho más allá de la sanción tradicional: la cancelación de visados para quienes se sospeche que están en connivencia con los cárteles.

Esta vez, la ofensiva podría incluir acusaciones contra políticos mexicanos en tribunales federales de EE. UU., incluidos miembros del partido gobernante Morena, un movimiento político fundado sobre una plataforma de “no corrupción”. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos internos.

Las respuestas oficiales a las declaraciones de Johnson fueron discretas.

Cuando se le preguntó sobre las declaraciones de Johnson el viernes en su rueda de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum se rió. “Eso es exactamente en lo que estamos trabajando”, dijo, refiriéndose a las directrices anticorrupción del embajador. “Estados Unidos debería hacer lo mismo”.
Los fiscales estadounidenses que lleven a cabo una iniciativa de este tipo podrían recurrir a una amplia reserva de posibles informantes.

Decenas de antiguos miembros de los cárteles —incluidos los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el legendario fundador de la mafia de Sinaloa— languidecen bajo custodia estadounidense. Se cree que muchos están deseosos de convertirse en “soplones” contra antiguos cómplices, entre ellos políticos y policías corruptos.

Para transmitir su mensaje, Johnson eligió el estado de Sinaloa —la base del cártel de Sinaloa, uno de los conglomerados de narcotraficantes más notorios del mundo—.

Al igual que otras organizaciones criminales, el cártel lleva mucho tiempo engrasando los engranajes de la corrupción con sobornos. Cientos, quizá miles, de políticos y agentes de la ley están en la nómina del cártel, según los expertos.

El mensaje de que Washington ya no aceptará que todo siga igual fue una severa advertencia para Sheinbaum, una académica de larga trayectoria y científica formada en Estados Unidos que, según todas las fuentes, está libre de la mancha de la corrupción. Pero no se puede decir lo mismo de su dominante bloque de Morena, aquí en Sinaloa y en todo el país.

Sheinbaum, conocida por su hábil manejo de Trump, debe caminar por la cuerda floja entre apaciguar a Trump y resistir la presión de su base política de Morena —especialmente si políticos prominentes se ven arrastrados por un torbellino anticorrupción impulsado por Estados Unidos.

El Departamento de Estado ya ha revocado los visados de varios legisladores de Morena, incluido el gobernador de Baja California.

Entre aquellos a quienes se les ha revocado el visado estadounidense, según las fuentes, se encuentra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, un incondicional de Morena que ha negado repetidamente tener vínculos con los cárteles. Se le canceló el año pasado.

El gobernador septuagenario ha logrado sobrevivir a diversos escándalos políticos, según observadores mexicanos, gracias a un hecho clave: su larga amistad con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, predecesor y mentor de Sheinbaum.

Rocha Moya es uno de los numerosos políticos de alto rango considerados protegidos por su relación con López Obrador.

Entre las principales amenazas para la supervivencia política de Rocha Moya se encontraba la indignación por el asesinato a tiros en 2024 de su antiguo rival político principal, Héctor Melesio Cuén Ojeda, exdiputado y rector universitario.

El crimen sigue sin resolverse. Los fiscales federales mexicanos concluyeron que la investigación estatal sobre el tiroteo fue una farsa. Entre las inconsistencias, según los fiscales: los investigadores estatales montaron un vídeo falso destinado a ocultar dónde, cuándo y cómo fue asesinada la víctima.

El revuelo resultante obligó a la dimisión de la fiscal general de Sinaloa. Pero Rocha Moya, su jefe, permaneció en el cargo a pesar de los llamamientos para que dimitiera. Él negó cualquier vínculo con la muerte de Cuén Ojeda.

El jueves, Rocha Moya tenía previsto pronunciar unas palabras junto al embajador de EE. UU. en el acto de inauguración.
Pero antes de que Johnson pudiera llegar, los manifestantes se congregaron en el lugar del evento denunciando al gobernador, que ya había llegado, como “corrupto”. “Estoy de su lado”, aseguró Rocha Moya a los manifestantes, añadiendo que se quedaría para hablar con ellos en lugar de asistir a la ceremonia, que se trasladó debido a la protesta.

Para la ceremonia se utilizó una sala de conferencias de un hotel en Los Mochis, preparada a toda prisa. Allí fue donde Johnson, hablando tanto en español como en inglés, pronunció sus breves palabras.

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XALAPA, VER. – Un toro fue sacrificado en Atzacan durante una corrida realizada la tarde de este domingo 26 de abril como parte de una fiesta patronal. A través de redes sociales, el alcalde Israel Raymundo Solano Jiménez acusó el incumplimiento del contrato de la empresa de tauromaquia a cargo de la corrida de toros a quien habrían pedido que no se mataran a los animales.

Con motivo de la fiesta patronal en honor de la Señora de Santa Ana y el Señor San Joaquín, se realizó una corrida de toros en la Plaza de Toros “La Española”. Los hechos ocurrieron pasadas las 4 de la tarde cuando el rejoneador Emilio Gameros, dedicado a utilizar rejones y banderillas de castigo, mató a su toro frente a los asistentes. Autoridades ingresaron a la zona del ruedo para intentar detenerlo, pero pobladores impidieron que fuera puesto a disposición.

Fue así que el rejoneador mencionó que él había asistido a matar toros y que las autoridades se lo estaban impidiendo, causando la molestia de los asistentes que respaldaron al torero. “Yo soy un matador de toros y vine a matar 2 toros hoy”, dijo Gameros.

El alcalde de Atzacan condenó el sacrificio del toro frente a familias que asistían a la corrida, por lo que acusó el incumplimiento de contrato de la empresa de tauromaquia a quien le habían pedido no matar animales.

“Emiliano Gameros, una persona autoritaria y de manera unilateral no cumple con el acuerdo que se hizo con la empresa que contratamos para que se llevara a cabo este festejo taurino y desobedeciendo la orden. La indicación que se le dio que era no matar a ningún animal, no matar al toro, desobedeció y dijo que lo iba a hacer”, mencionó el alcalde Israel Raymundo.

También aseguró que respetan las tradiciones y están a favor de la tauromaquia, pero sin el sacrificio de animales, esto después de que el torero los señalara de no permitir la muerte de más toros. “El pueblo tiene que defender nuestras tradiciones”, dijo Gameros.

“Eso lastima al pueblo de Atzacan porque no puede venir un extraño a querer imponer su voluntad, pasando por las indicaciones que se le hayas dado, además había un contrato. De manera irresponsable incitó a la violencia queriendo hacer sentir culpable ante los presentes, queriendo decir que nosotros estábamos en contra de los festejos taurinos, estamos a favor de la tauromaquia, pero no podemos permitir que en este caso se prive de la vida a un toro, creo que un buen espectáculo no necesita que maten a un toro”, declaró el alcalde.

De igual forma, Luis Carbonell, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC) en Veracruz, condenó el sacrificio del toro. “Estamos a favor de la identidad cultural de Veracruz, pero en contra del maltrato animal. Estamos en contra de que los animales sean lastimados y pues incluso muertos en un acto de barbarie”.

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