Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen de decreto que reforma la Ley de Tránsito y Transporte, así como al Código de Derechos, que prevé el reordenamiento del transporte público en la entidad, con un padrón actualizado de conductores y diversas disposiciones encaminadas a mejorar las vías y sistemas de transporte en el Estado.

Durante la cuarta sesión extraordinaria, del primer año de ejercicio constitucional, el Pleno avaló con 34 votos a favor de diputados del PAN, PRD, PRI, Juntos por Veracruz e independientes; 12 en contra (del grupo de MORENA y del legislador del PRD, Sergio Rodríguez Cortés) este Dictamen, resultado del análisis de las iniciativas presentadas por el grupo legislativo del PRI y del gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares.

De esta manera habrá de crearse el Registro Estatal de Conductores (REC) en el que los concesionarios deberán inscribir a los operarios del o los vehículos que tengan autorizados para la prestación del servicio de transporte público con la periodicidad que indique el reglamento.

Para inscribirse en el REC -entre otros requisitos- deberá presentarse un certificado médico y antidoping expedido por una institución pública de salud o privada debidamente certificada, por el que se acredite que el conductor u operador a inscribirse no es adicto a estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares y que no padece enfermedades que le impidan utilizar unidades de motor y ello ponga en riesgo la seguridad de los usuarios.

El decreto dispone que el pago del servicio por abastecimiento de combustible de las unidades destinadas al transporte público, en cualquiera de sus modalidades y submodalidades, será preferentemente mediante tarjeta de prepago, vales, convenios o cualquier otro medio reconocido por la ley, para cuyo efecto el titular de la concesión adoptará las medidas pertinentes a fin de cumplir con esta disposición.

A fin de mejorar la seguridad de los usuarios, los vehículos destinados al servicio de transporte público en las submodalidades de urbano, suburbano y foráneo, deberán contar con un botón de pánico que permita al usuario emitir una alerta de agresión.

Se prohíbe la instalación de propaganda política en las unidades del servicio de transporte público en todas las modalidades y submodalidades.

Enfatiza que las personas físicas podrán obtener hasta cinco concesiones en la modalidad de pasajeros. En las demás modalidades podrán obtener hasta tres concesiones. Las personas morales podrán obtener las concesiones ya existentes para la modalidad de pasajeros y  de carga especializada, sin que ello implique el otorgamiento de nuevas concesiones.

Refiere que las concesiones que se otorguen para prestar el servicio de transporte público, en la modalidad de pasajeros, submodalidad de taxi, se equipararán al patrimonio familiar, y por lo mismo son inalienables e inembargables.

Los derechos que ampara una concesión para prestar el servicio de transporte público podrán ser transferidos a terceros, previa autorización de la Dirección de Transporte, siempre que se cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en la Ley y Reglamento de la materia, además de que el titular de la concesión haya ejercido el derecho que de ella emana, cuando menos dos años antes de la presentación de la solicitud de transferencia.

Los vehículos que se utilicen para prestar el servicio de transporte público reunirán las características, condiciones técnicas, engomados respectivos, uniformidad de color por municipio y demás requisitos que para tal efecto fijen esta Ley y su Reglamento.

Para el caso de fallecimiento del titular de la concesión, se amplia de 60 días a los 3 años el plazo para dar de baja o dar por terminada la concesión; con ello los familiares en derecho a heredar tendrán más tiempo para realizar los trámites necesarios.

La expedición de licencia de automovilista, tipo C para conducir únicamente automóviles de servicio particular, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Tránsito y Transporte, previo examen médico y pericial, será de 12.7232 Unidades de Medida y Actualización (UMA). El canje será cada tres años y será por 5.3013 UMA.

Por la inscripción al Padrón de Concesiones o de prestadores del servicio de transporte público en cualquiera de sus modalidades: 13.2534 UMA.

A través del artículo tercero transitorio se establece que el Ejecutivo del Estado contará con un plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, a efecto de realizar las modificaciones reglamentarias correspondientes.

Debate

Al anunciar el voto a favor del grupo legislativo del PRI, el diputado Armando López Contreras dijo que este Dictamen refleja el consenso de las fuerzas políticas, dado que se logró una reforma que responderá a las exigencias, tanto de concesionarios como de usuarios del transporte público.

Expuso que estarán atentos para un correcto ejercicio de estas reformas aprobadas para que sea de beneficio social.

Por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) el legislador José Kirsch Sánchez subrayó que esta reforma prevé el orden del sistema de transporte público, dado que en anteriores administraciones se otorgaron demasiadas concesiones. Destacó la importancia del uso del Botón de Pánico y –agregó- se espera modernizar este servicio.

El legislador de MORENA, Rogelio Arturo Rodríguez García habló sobre la importancia de establecer una tarifa preferencial para estudiantes e incluir sanciones para concesionarios en caso de no respetar esta disposición, pero –indicó- esta reforma no ha sido aprobada. Abundó que MORENA comprende el aumento al precio del combustible, pero que debe buscarse los mecanismos para hacerlos posibles. Dijo estar en contra del canje trianual de la licencia tipo C, a la que calificó como una medida recaudatoria.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura aprobaron la nueva Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, lo que permitirá proteger y tutelar los derechos humanos de las víctimas.

El dictamen remitido por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales fue aprobado por el Pleno en la cuarta sesión extraordinaria de este jueves y contó con 45 votos a favor por parte de diputados del PAN, MORENA, PRD, PRI y del grupo legislativo mixto Juntos por Veracruz y un voto en contra del diputado independiente Sebastián Reyes Arellano.

Este nuevo ordenamiento crea una nueva Comisión que contará con un mando unipersonal, que tendrá a su cargo designar a las personas responsables del Fondo de Ayuda, la Asesoría jurídica y el Registro Estatal de Víctimas. Destaca la actuación del Asesor Jurídico Estatal, como mecanismo para hacer valer los derechos de las víctimas y la cobertura de todos los procedimientos derivados de un hecho victimizante.

Reconoce como grupo vulnerable a los migrantes, personas en situación de desplazamiento interno, personas con discapacidad, periodistas y defensores de derechos humanos y establece que las víctimas, en casos urgentes  o en aquellos en que las instituciones públicas no puedan brindarles la atención, podrán acudir a la ayuda de instituciones privadas, con cargo al fondo de ayuda correspondiente.

Integra el interés superior de la niñez, como  principio rector de los similares que guían los mecanismos, medidas y procedimientos de ley.

La Comisión Ejecutiva será la encargada de otorgar, con cargo al Fondo Estatal que corresponda, los Recursos de Ayuda que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación con el hecho victimizante, además de fortalecer el derecho de las víctimas a contar con un asesor jurídico en los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado o abogada, lo que incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal, situación que en muchas ocasiones le es negado a la víctima.

Previo a su votación y durante la discusión en lo general del dictamen los grupos legislativos que integran la LXIV Legislatura del Congreso Local –en tribuna- se pronunciaron al respecto.

A nombre del PAN, el diputado Bingen Rementería Molina, señaló que con esta Ley se dará voz a las víctimas a través de la salvaguarda de sus derechos humanos y expresó que la Asamblea Consultiva estará constituida por nueve integrantes, tres representantes de colectivos de víctimas, tres de organizaciones de la sociedad civil y tres académicos, quienes serán electos por el Congreso del Estado.

Por su parte, la diputada de MORENA, Daniela Guadalupe Griego Ceballos reconoció la voluntad de sus compañeros legisladores para aceptar algunas propuestas y modificar la Iniciativa original, lo que permitió tener un dictamen más completo y dotar de mayor participación a la sociedad civil, dijo la legisladora.

Agregó que las víctimas se han organizado en colectivos para crear frentes comunes con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y demandar con mayor fuerza el cumplimiento real de los derechos reconocidos por el Estado mexicano. Ya que las personas que se convierten en víctimas suelen tener una capacidad importante para idear soluciones a sus problemas, que crece cuando logran articularse con quienes se encuentran en una condición similar, pues su objetivo es poner fin a la causa de su problema.

Por ello, se propone que la sociedad participe de manera más activa, ya no solo para encontrar a las personas desaparecidas, sino para prevenir y evitar que esto no vuelva a ocurrir, añadió.

Del PRD, la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot señaló que la armonización a las disposiciones normativas de carácter federal en materia de derechos humanos y en particular a la de atención, protección, defensa y reparación de víctimas, ya no es el reto; pues ahora el  reto es velar y exigir el cabal cumplimiento de tales diseños protectores desde el Congreso Local.

Además convocó a los integrantes de la LXIV Legislatura a estar conscientes que no deben escatimar en la presupuestación de recursos económicos para el cabal cumplimento de la asesoría jurídica, del registro estatal de víctimas; para cubrir montos económicos, en casos urgentes en donde las instituciones públicas no puedan brindar la atención, entre otras prestaciones por parte del estado; bondades tales como la garantía de un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso que deberá ser eficiente.

Finalmente el diputado Sebastián Reyes Arellano expuso su desacuerdo al aprobar – en su opinión- esta ley de manera fast track (vía rápida) y sin un análisis profundo del tema.

Este ordenamiento contempla  en su capítulo IV, Artículo 122 que corresponde a la Fiscalía informar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que le otorga las Constituciones Federal y Local, y los tratados internacionales, y código penal y procesal penal respectivo, y las demás disposiciones aplicables, así como el alcance de esos derechos, debiendo dejar constancia escrita de la lectura y explicación realizada.

Mientras que en su Titulo octavo refiere lo relacionado con el Fondo de ayuda, Asistencia y Reparación Integral en su Artículo 130 y el cual señala que el  Fondo tiene por objeto brindar los Recursos de Ayuda y la reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.

Cabe destacar que esta ley obligaría a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno –en sus respectivas competencias- a velar por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.

En un plazo de 150 días contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley las secretarías, dependencias, organismos del sector salud, educación y las demás obligadas; así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán adecuar su normatividad conforme al Programa y el Modelo de atención a víctimas.