Un grupo de seis países miembros de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) condenaron la situación ocurrida en Venezuela luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara atribuirse las funciones del Poder Legislativo, suspendiendo las labores de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

En un comunicado, los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay expresaron que «causa alarma el anuncio de que el Tribunal asumirá las competencias del Poder Legislativo, así como la decisión de limitar las facultades de la Asamblea Nacional y restringir la inmunidad parlamentaria de sus miembros».

Así, los países firmantes aseguraron que estos hechos «atentan contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y la separación, independencia y acatamiento de poderes públicos, pilares del Estado de Derecho».

«Los países de la región reiteramos el urgente llamado a que el Gobierno de Venezuela avance efectivamente en la aplicación de medidas concretas acordadas con la oposición, con apego a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para garantizar la efectiva separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos, así como a las instituciones democráticas», agregó el texto.

Asimismo, los seis miembros de Unasur reiteraron su disposición de cooperar tanto con el Gobierno como con el pueblo venezolano «en todo lo que pueda contribuir a una solución pacífica y definitiva de sus conflictos sociales, humanitarios y económicos»

«Hacemos un llamado por el pronto restablecimiento del orden democrático en ese país para bien de todo el pueblo hermano de Venezuela», agregaron.

Así, afirmaron que «seguiremos pendientes de lo que sucede en Venezuela para adoptar otras decisiones político-institucionales colectivas que correspondan».

«(Estas órdenes) mandan un mensaje alto y claro y ponen las bases para la gran revitalización de la industria manufacturera estadounidense», aseguró Trump, en una comparecencia en la Casa Blanca.

La primera orden ejecutiva da 90 días a las agencies federales para revisar prácticas comerciales «abusivas» que perjudican a Estados Unidos, mientras la otra busca obligar a pagar a aquellas empresas que «engañan» con prácticas de precios injustas.

Trump, que estuvo acompañado del vicepresidente, Mike Pence, y de del secretario de Comercio, Wilbur Ross, aseguró que «los trabajadores manufactureros escucharon mi promesa de acción y soluciones» y eso es lo que estos decretos cumplen.

El Presidente estadounidense habló de prosperidad «arrebatada» y miles de fábricas «robadas» a los estadounidenses «década tras década y déficit tras déficit».

Trump encargó a Ross revisar y buscar todo tipo de «abuso» y práctica no recíproca en los intercambios con socios comerciales, con el objetivo de tomar medidas «legales y adecuadas».

Durante la campaña electoral, Trump había asegurado que renegociaría tratados comerciales que considera perjudiciales e impondría impuestos a empresas que externalizaran su producción a otros países.

Además, argumentó que la globalización ha costado millones de trabajos en la manufactura que deberían regresar a Estados Unidos.

La orden ejecutiva pide al Departamento de Comercio que identifique casos en los que el déficit se debe a prácticas que benefician al país exportador, por la falta de cumplimiento de acuerdos bilaterales o reglamentos del la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La segunda orden ejecutiva se dedicará a recaudar todas las «tasas» a aquellos «importadores extranjeros que engañen» con técnicas como el «dumping» o de precios por debajo de coste para someter a la competencia en Estados Unidos a una presión tal, que puede hacer desaparecer sectores enteros.

«Los que incumplan las reglas se enfrentarán a las consecuencias; consecuencias muy severas», advirtió Trump.

La firma se da una semana antes de que el Presidente chino, Xi Jinping, visite Estados Unidos para reunirse con Trump, quien ha dicho que tratará con el mandatario el problema del gran déficit que el país tiene con su principal socio comercial.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que hay ejemplos de prácticas, como «empresas que mantienen el precio del acero artificialmente bajo», para que las compañías estadounidenses no puedan competir en el mercado interno y desaparezcan.