Xalapa, Ver.-El Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) iniciará del 20 al 23 de mayo la cuarta campaña nacional del Programa Especial de Certificación (PEC), en toda la entidad, la cual reconoce los conocimientos y saberes adquiridos de manera autodidacta o por experiencia laboral de las personas mayores de 15 años que requieran avalar sus estudios de primaria y secundaria.

Para su aplicación en Veracruz,  se cuenta con una sólida red de alianzas interinstitucionales con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), los DIF municipales, los colegios de bachilleres, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) e institutos tecnológicos, entre otros.

En esta jornada, los participantes deben presentar y aprobar un examen en línea o en papel de conocimientos básicos en los niveles escolares que desean acreditar, junto con la presentación de un portafolio de evidencias.

Las pruebas evalúan los conocimientos básicos en el lenguaje escrito y hablado, matemáticas y ciencias; mientras que el portafolio de evidencias verifica saberes adquiridos a lo largo de su vida y está integrado por una autoevaluación, una evaluación de terceros, la recopilación de certificados, reconocimientos y diplomas de capacitación.

Los participantes tendrán que presentar al momento de realizar su examen una identificación oficial con fotografía, su portafolio de evidencias, dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro y, para quienes presentarán el examen para acreditar la secundaria, el certificado de primaria.

Legisladores del estado aprobaron la modificación al artículo 67 de la Constitución Política estatal para indicar que el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción será nombrado por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado, previa convocatoria pública emitida para tal efecto; dicha propuesta será presentada al pleno del Congreso del Estado para su votación. En caso que la persona no obtenga el voto aprobatorio, el Congreso del Estado realizará una segunda convocatoria pública, y así sucesivamente hasta que se alcance la mayoría requerida.

El titular de ésta Fiscalía durará en su encargo cinco años, sin perjuicio de que pueda ser removido libremente por el Fiscal General del Estado, siempre y cuando se actualice alguna de las causales que se establezcan en la ley.

De igual forma se aprobó que el Congreso local tendrá la facultad de realizar la designación del Contralor General; en caso de que la persona propuesta para ocupar el cargo no obtenga el voto aprobatorio requerido para ser designado, el Ejecutivo Estatal podrá enviar tantas propuestas como sean necesarias, hasta lograrse la mayoría de votos requeridos.

Con esto se modificarán diversas disposiciones de los artículos 33 y 49 de la Constitución Política estatal, con el que el Congreso podrá legislar en materia local anticorrupción. El objeto, la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

Con 40 votos a favor, uno en contra y una abstención, el Congreso local aprobó la expedición de las licencias permanentes tipo C y tipo D.

Así, los diputados locales aprobaron la reforma al artículo 15 del Código de Derechos, reformando el artículo 15, apartado D, fracciones III y IV.

El congreso de Veracruz aprobó la tarde de este jueves una reforma constitucional para eliminar el fuero al gobernador del Estado y a los ediles municipales, informó la administración estatal actual.

Xalapa, Ver.- A través de una carta dirigida a la opinión pública, una persona se queja de la actuación de la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la que han acudido para pedir apoyo en casos de bullying en escuelas y demás, sin que obtengan respuesta, por lo que piden su destitución del cargo.

La carta se reproduce íntegra:

Cuando Namiko Matzumoto Benítez, fue designada como presidenta de la CEDH, mucho defendió que dentro de sus actividades estaría un programa de construcción de indicadores de impacto para la promoción de los Derechos Humanos.

Pues bien, al tomar protesta estatutaria, Namiko Matzumoto Benítez, designó como secretario ejecutivo a su hijo predilecto Coronel Gamboa, área que de acuerdo a la normatividad interna tenía la encomienda de la capacitación y difusión de derechos humanos, pues bien, con el nuevo funcionario, dichas actividades fueron transferidas al área de secretaría técnica del consejo consultivo, en franca violación al reglamento interno de la CEDH.

Independientemente de los despidos injustificados que se dieron al interior, y para salvar el pelo, tuvo que salir una directora de área a desmentir tales acciones, Namiko Matzumoto Benítez, en total violación al artículo 21 fracción III de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que establece que el Consejo Consultivo de la Comisión tiene entre otras facultades las de Designar, a propuesta del Presidente de la Comisión, al secretario técnico del Consejo; en esa tesitura, nombraron a una funcionaria inexperta en materia de Derechos Humanos.

Pero más aún, la ilegalidad se dio en virtud que el Congreso del Estado, a más de tres meses de haber puesto a Namiko Matzumoto, no ha designado al consejo consultivo. De ahí que carezca de validez el nombramiento de Fernanda Casas Berthier, quien ni acredita ser abogada, o experta en materia de derechos humanos.

Al respecto, y para ahondar en el tema, derivado de una conciliación, la suscrita Guillermina Prieto Díaz, en representación de mi menor hija, solicité pláticas para la escuela primaria Luis Jiménez de esta ciudad de Xalapa, a efecto de difundir y capacitar en materia de bullying, solicitud realizada por oficio, misma que jamás fue atendida por quien ostenta el cargo de secretaria técnica del consejo consultivo, y toda vez que al darse cuenta del error, Fernanda Casas Berthier firma toda documentación como encargada de difusión y capacitación, no obstante que en el organigrama de la CEDH aparece como secretaria Técnica.

Cabe señalar que Fernanda Casas Berthier, nunca dio atención a la solicitud de difusión toda vez que se enfoca en el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil, tiene trato déspota, incluso al interior de la propia comisión, dicha pseudo servidora crea un ambiente tenso y hostil con el personal, pues es de todos conocidos que se conduce con groserías, gritos, y amenazas de que si ella quiere levanta actas administrativas y en su caso que por decisión propia solicita a administración para que se finiquiten a los trabajadores, aun y cuando no hayan incurrido en faltas al trabajo, todo por sufrir un complejo de personalidad.

De igual manera, muchas escuelas han solicitado pláticas, así como diversas asociaciones públicas, recibiendo nula atención, faltando al compromiso contraído por Namiko Matzumoto, quien permite la ilegalidad de Fernanda Casas Berthier.

De lo anterior, resulta claro que la difusión y capacitación son primordiales para que la sociedad conozca de sus derechos y en caso de una presunta violación interpongan su queja, al respecto, Fernanda Casas Berthier, por decisión propia, y sin atender al programa operativo anual, decidió suspender toda clase de difusión en materia de derechos humanos.

Por lo cual no debemos permitir que se sigan cometiendo más arbitrariedades por parte de esta sesuda servidora pública, quien en el tiempo de Nohemí Quirasco Hernández fue destituida por faltas graves y por los mismos problemas de personalidad. Fernanda Casas Berthier es socióloga, inexperta en materia de derechos humanos.

Es por tal razón que solicito la destitución de Fernanda Casas Berthier como secretaria técnica de la CEDH, que el Congreso del Estado tome cartas en el asuntos y que se inicien procedimientos internos por usurpación de funciones, pues en total violación al reglamento interno de la comisión, la secretaría técnica no tiene atribuciones para actividades de capacitación y difusión, las cuales son propias de la secretaría ejecutiva, cargo que ostenta Luis Eduardo Coronel Gamboa, quien se preocupa más por asistir a cursos personales que en ejercer las facultades que le fueron conferidas, de conformidad con lo que dispone el artículo 68 del reglamento interno de la CEDH, aunado a que no cumple con la edad mínima de 25 años.

Por lo que solicito que se difunda y de conocer la ilegalidad en que incurre Namiko Matzumoto así como Fernanda Casas Berthier y Luis Eduardo Coronel Gamboa

  Atentamente.

C. Guillermina Prieto Díaz

Poza Rica, Ver.- Los municipios de toda la entidad enfrentan una de las más severas crisis económicas derivado de la retención de los recursos por parte del gobierno del estado. Municipalidades como las de Coatzintla y Tihuatlán continúan sin recibir recursos etiquetados desde el 2014, además de que no han recibido las pensiones para adultos mayores de la Ley 223 y otros apoyos alimentarios a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

«Ese dinero se lo chingaron», fue la expresión utilizada por el alcalde de Coatzintla, César Ulises García Vázquez, al referirse al recurso correspondiente a las pensiones para adultos mayores Ley 223 que hasta la fecha sigue sin entregar a los municipios de toda la entidad la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Lamentó que pese a lo delicado de esta situación que afecta a los adultos mayores, ningún legislador haya levantado la voz en el Congreso hasta el momento para señalar que esos recursos estaban etiquetados desde el 2014.

También se han afectado los programas alimentarios del DIF, sistemas a los que se les debe todo el año; en 2015 sólo se apoyó con lo correspondiente a dos meses. «No hay siquiera tarjetas del Inapam (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores), pero si tú les ofreces apoyarlos, lo rechazan, que no, porque estas cometiendo un delito, pero no ayudan en nada».

De igual forma, el alcalde de Tihuatlán, Gregorio Gómez Martínez, informó que tan solo del ejercicio 2016 se le debían al municipio más de 22 millones de pesos, además de los recursos que no se han entregado correspondientes al 2015.

A pesar de que no se cuenta con estos recursos, en el municipio se han iniciado los trabajos de las obras autorizadas para este año, aprovechando las buenas condiciones meteorológicas; sin embargo, se teme que ante la retención de los recursos por parte de Sefiplan, a la conclusión de las mismas no se cuenten con el dinero para liquidar los trabajos.

Ambos munícipes señalaron que se teme que el estado, a través de Sefiplan, se quede con los recursos federales que se han obtenido por medio del Congreso de la Unión y otras dependencias, por lo que abogan a que las autoridades estatales cumplan con los convenios firmados, lo que permitirá solventar los gastos en sus respectivos municipios.