Xalapa, Ver.- La queja contra Morena por el video que fue utilizado por medios nacionales para exhibir a Eva Cadena recibiendo fajos de dinero para ser entregados al dirigente nacional de Morena Andrés Manuel López Obrador fue desechada por la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) al determinar que fue obtenido de manera ilegal.
En una reunión que duró más de cuatro horas, ayer martes, la Comisión de Fiscalización del INE, determinó que el video presentado como prueba, donde vinculan a la empresaria choapense se obtuvo de manera ilegal, por lo que presentarlo en contra de Morena, y por ende de la diputada misma, es infundado e ilegal.
El consejero Enrique Andrade González, presidente de la Comisión de Fiscalización, señaló que la queja se declaró improcedente.
“Se determinó por lo pronto como una queja infundada, y además aquí hubo una reflexión interesante de que la prueba que se había presentado en esta queja se considera prácticamente una prueba de carácter ilícito”, precisó.
Asimismo indicó: “Entonces por eso es que la queja se determina como improcedente”.
En la sesión que se realizó este martes, también se resolvieron 74 quejas, de las que 25 se resolvieron como infundadas.
La defensa de Eva
Cabe señalar que, aunado a lo anterior, la diputada que fue desaforada por el Congreso del Estado de Veracruz y que enfrenta procesos en su contra por las fiscalías de Veracruz y de la federación, demostró en su defensa, por medio de un perito especializado, que dicho video se encuentra editado, manipulado y que, incluso, su origen fue borrado digitalmente.
En un polémico juicio por el pleno del Congreso de Veracruz, la empresaria choapense fue desaforada el pasado 26 de junio, pues Con 41 votos a favor, 4 abstenciones y un voto en contra de la diputada Regina Vázquez. La mayoría del pleno validó el juicio de desafuero de Eva Cadena Sandoval.
A Eva Cadena se le acusa de la comisión de delitos contra la función electoral, que de acuerdo a la ley implica una multa de mil a cinco mil días de salario mínimo y sanción de cinco y hasta 15 años de cárcel.
Esto se dio porque el pasado 4 de mayo la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, presentó la solicitud de desafuero tras iniciar una investigación ministerial de manera oficiosa –sin más pruebas que la de unos videos que fueron entregados anónimamente al periódico El Universal de la ciudad de México- en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en la Atención a Denuncias Contra Periodistas y/o Comunicadores.
En medio del escándalo desatado por su desafuero, la legisladora aseguró que ella no escaparía del Estado y siempre estaría a disposición de las autoridades para esclarecer los delitos que se le imputa, «fue un show político y mediático», acusó.
La ex legisladora en todo momento ha dicho que es de su interés que se le dé seguimiento a las investigaciones que se desarrollan, y que no es con el único objetivo de castigar a los responsables de haberla involucrado en problemas, sino de que se llegue a la verdad absoluta de los hechos.
“Yo fui la primera que denunció para que se esclarezca y se sepa quiénes son los autores de esta trampa, y son muchas las cosas que no se dicen, se ocultan y una de ellas es qué hay retratos hablados que han sido proporcionados para determinar la identidad de los responsables”, reveló.
La empresa, conocida en Las Choapas por su trabajo en la industria del hule, recientemente fue reconocida por líderes ganaderos, huleros, profesionistas y representantes sociales quienes lamentaron la resolución del Congreso del Estado a favor del desafuero de la empresaria por “conveniencias políticas”, pese a que hay asuntos graves que han afectado al país, el estado y el municipio y a los que les han dado “carpetazo”, mientras que a ella la juzgaron en un proceso que no ha quedado claro para quienes la han visto alcanzar sus logros basados en el trabajo y la constancia, privilegiando la ayuda a la sociedad vulnerable.
La decisión del INE dan un brusco viraje a las denuncias en contra de la hoy ex diputada, tanto en el proceso legal en su contra como en el juicio político que la llevó a ser desaforada.
