La Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) obtuvieron las primeras 13 sentencias condenatorias por delitos fiscales en contra de socios y representantes legales de una red de empresas fantasma en Veracruz, que recibieron recursos públicos del gobierno de Javier Duarte.
Además, jueces federales giraron 13 órdenes de aprehensión más contra otros involucrados, mientras que el SAT presentó cinco nuevas denuncias contra quien resulte responsable tras confirmar que las operaciones entre las compañías y el gobierno de Veracruz fueron simuladas.
Entre los sentenciados hay personas de bajos recursos, militantes del PRI en Veracruz o gente que aunque no eran empresarios simularon que lo eran en el papel, proporcionando datos fiscales falsos para convertirse en accionistas y representantes legales de las compañías. Todos aceptaron declararse culpables, a cambio de sentencias reducidas que les permitieran no ser encarcelados.
Estos falsos empresarios están vinculados directamente con las compañías fachadas reveladas en mayo de 2016, y las cuales, mediante licitaciones simuladas y adjudicaciones directas irregulares, recibieron contratos de cuatro dependencias del gobierno de Duarte: Desarrollo Social, Protección Civil, Educación y el DIF Estatal (este último bajo la presidencia de Karime Macías, esposa de Duarte).
Los datos oficiales indican que las 13 sentencias fueron dictadas por jueces federales mediante la modalidad de “proceso abreviado”, es decir, en juicios cortos luego de que los involucrados aceptaran declararse culpables a cambio de una condena mínima.
El delito que se les imputó fue el “rendir con falsedad al registro, los datos, informes o avisos a que se encuentran obligados los contribuyentes” estipulado en el artículo 110 del Código Fiscal de la Federación. La pena para los que cometen este ilícito va de los tres meses a los tres años de prisión.
Dado que los acusados comparecieron voluntariamente ante las autoridades y se declararon culpables, el SAT y la PGR aceptaron que cumplieran sus penas en libertad. Esto con la condición de proporcionar toda la información relacionada con la forma en como fueron convencidos para incurrir en este fraude.
Un funcionario ligado con la investigación dijo que estaban conscientes de que estas personas eran el hilo más delgado de la red de corrupción en el gobierno de Duarte (muchas de las cuales aceptaron con engaños involucrarse en estos hechos debido a su situación económica), por lo que el interés de las autoridades era obtener los datos y las sentencias como antecedente legal, pero no que estas personas permanecieran en prisión.
El SAT también informó que hay otros 13 socios y representantes de esta red de empresas consignados ante los jueces y en contra de los cuales ya se giraron las órdenes de aprehensión correspondientes, dado que no han sido localizados ni se han presentado ante las autoridades. De la misma forma hay cuatro procesos penales más en curso también en contra de representantes, y otros dos que concluyeron sin sentencia.
La dependencia dijo que en total esta investigación derivó en la identificación de 30 compañías fantasma que, en definitiva, se confirmó que solo existían en el papel pero no en la realidad. Por ello les fueron cancelados todos sus registros y certificados digitales.
Altos funcionarios impunes
Hasta ahora las indagatorias iniciadas entre Hacienda y la PGR por la operación de compañías fantasma en Veracruz no han traído consecuencias a ninguno de los altos exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte, ni tampoco a su esposa Karime Macías, pese a elementos y señalamientos que existen en su contra.
Los hoy diputados federales Antonio Tarek Abdalá, Adolfo Mota, Noemí Lagunes, Edgar Spinoso y Alberto Silva Ramos encabezaron u ocuparon puestos relevantes en las dependencias que contrataron a las compañías fantasma. La PGR no ha procedido en contra de ninguno de ellos, al menos para solicitar su desafuero.
Otro exfuncionario clave es el hoy diputado local Vicente Benítez, quien fuera tesorero y subsecretario de Desarrollo Social en la administración duartista. La Fiscalía de Veracruz, ya en el sexenio de Miguel Ángel Yunes, asegura que las indagatorias en contra de este funcionario fueron atraídas en su momento por la PGR, sin embargo, la dependencia federal no ha presentado hasta ahora acusación alguna contra el exfuncionario.
Un caso similar es el de Karime Macías, quien también está bajo investigación de la PGR desde 2016. A la exprimera dama de Veracruz y expresidenta del DIF Estatal incluso se le han congelado algunas cuentas bancarias pero hasta ahora no se le ha citado por lo menos a rendir una declaración. La Fiscalía del estado sostiene que tiene una investigación contra Karime por los contratos irregulares del DIF, pero tampoco existen resultados hasta la fecha.
