El pleno del Congreso del Estado aprobó el informe del resultado de las cuentas públicas de los entes fiscalizables del Estado, correspondientes al ejercicio fiscal 2016, en el que se precisa un probable daño patrimonial total superior a 12 mil 592 millones 249 mil 805.29 pesos; de los cuales 11 mil 873 millones 752 mil 609.80 pesos, corresponden a diez dependencias estatales, 15 organismos públicos descentralizados y cuatro fideicomisos.

En el documento que elaboró la Comisión Permanente de Vigilancia y que se deriva de la información entregada por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), se observa que 4 mil 989 millones 948 mil 830.67 de ese total pesos corresponden a los entes estatales y 6 mil 883 millones 803 mil 779.13 a la cuenta publica consolidada.

De los entes estatales, es la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), la que suma la mayor cantidad de probable desvío de recursos el año pasado con 2 mil 284 millones 812 mil 744.86 pesos.

Le siguen la Secretaría de Educación (SEV), con 724 millones 469 mil 276.44 pesos; Secretaría de Gobierno (Segob), con 242 millones 512 mil 788 pesos; Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con 214 millones 590 mil 971.01 pesos; Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), 184 millones 692 mil 778.79 pesos y la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), 91 millones 441 mil 144.85 pesos.

Además, se suman a la lista de probable desfalco la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), 42 millones 129 mil 821 pesos; Secretaría de Protección Civil (SPC), 28 millones 499 mil 102.90 peso; Secretaría de Turismo y Cultura (Sectur), 5 millones 500 mil pesos y la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), 284 mil 649.56 pesos.

En cuanto a los Organismo Públicos Descentralizados (OPDs), es el Régimen Estatal en Protección Social en Salud el que registra el monto más grande de probable daño patrimonial, con 281 millones 390 mil 50.38 pesos; seguido por el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), con 193 millones 7 mil 254 pesos; el Instituto Veracruzano de Bioenergéticos (Inverbio), con 94 millones 221 mil 483.79 pesos.

Se mencionan adicionalmente a los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), con 43 millones 666 mil 206.17 pesos; a los Institutos Tecnológicos Superiores de Álamo Temapache, con 7 millones 382 mil 794.24 pesos; de Chicontepec, con 764 mil 438.69 pesos y de Huatulco, con 121 mil 451.51 pesos.

La Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), aparece con un presunto desvío de 9 millones 736 mil 133.06 pesos; mientras que el Instituto de Policía Auxiliar y Protección Patrimonial (IPAX), con 5 millones 622 mil 534.17 pesos; el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, con 2 millones 768 mil 404.73 pesos y el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), con 4 millones 156 mil 528 pesos.

De los Fideicomisos, es el Veracruzano de Fomento Agropecuario (Fiverfap) el que sobresale con la mayor cantidad de posible desfalco en 2016, sumando 488 millones 510 mil 776.11 pesos; seguido por el de Desarrollo Rural del Estado de Veracruz (Fidrever), con 2 millones 426 mil 977.28 pesos; el de Administración y Operación del Parque Temático Takhil- Sukut (donde se desarrolla la Cumbre Tajín), con 2 millones 162 mil 200 pesos y finalmente el Fideicomiso del Futuro, con 662 mil 267.40 pesos.

En el decreto aprobado por los legisladores se instruye realizar una inspección física y documental de la obra de reconstrucción de camino en el municipio de Chinameca, que proviene del 2012, y en el que la extinta Secretaría de Comunicaciones (Secom), ejerció supuestamente un monto 2 millones 498 mil 230 pesos, sin que le proyecto se haya realizado.

Asimismo, se determinó que ni en el Poder Judicial del Estado (PJE), el Congreso Local, la Universidad Veracruzana (UV) y los órganos autónomos, hubo irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos que hicieran pensar que hubo daño patrimonial, al igual que en 125 de los 212 ayuntamientos del estado.

Pero en 102 municipios restantes, el Orfis sí detectó un probable desvío de recursos que sumaría 718 millones 497 mil 195.49 pesos, siendo Cosamalopan la demarcación con la mayor observación: 133 millones 996 mil 478.19 pesos; continuando Coatzacoalcos con 50 millones 985 mil 131.17 pesos; Catemaco, 40 millones 87 mil 14.24 pesos; Coxquihui, 27 millones 270 mil 203.68 pesos.

Destacan también San Andrés Tuxtla, con 35 millones 34 mil 730.62 pesos; Mecayapan, 18 millones 596 mil 509.29 pesos; Chinameca, 17 millones 250 mil 573.32 pesos; Coyutla, 12 millones 240 mil 863 pesos; Tezonapa, 10 millones 806 mil 512.31 pesos y Alvarado, 10 millones 159 mil 70.24 pesos.

Xalapa, Ver.- El Presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Juan Manuel Unanue Abascal, informó que el daño patrimonial del ejercicio fiscal 2016 quedó en 12 mil 490 millones de pesos, de ese total 660 millones de pesos corresponden a 101 municipios.

Detalló que como parte de la dictaminación   se impondrán denuncias penales de inmediato en contra  de ex funcionarios de  11 dependencias como: Sefiplan, SEV, Protección Civil, SIOP, Turismo, Sedarpa, Seguro Popular, Seguridad Publica  entre otras.

Aseguró que la Contraloría y la Sedema, así como 21 municipios salieron de la lista de daño patrimonial porque entregaron documentación que obligó a que las observaciones financieras se catalogaran solo como administrativas.

Añadió que después de ser votada la cuenta pública vendrá la segunda fase de solventación y los entes tendrán 15 días para tener un derecho de audiencia en el Organo de Fiscalización y después 45 días para llevar sus documentos de comprobación o reintegros en su caso.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron la nueva Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz con lo que se sientan las bases de coordinación entre los entes públicos para la integración, organización y funcionamiento de este Sistema, previsto en la Constitución Política estatal, con el fin de que las autoridades competentes prevengan, detecten, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como para que lleven a cabo la fiscalización y el control de recursos públicos.

El Sistema Estatal  Anticorrupción se integrará por el Comité Coordinador, y el Comité de Participación Ciudadana, el primero tendrá como función principal establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre los integrantes del Sistema Estatal y el segundo es el órgano rector del Sistema y el canal de interacción entre la sociedad civil y las instituciones de gobierno.

El Comité de Participación Ciudadana, estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán nombrados mediante una Comisión de selección que designará el Congreso del Estado.

Se prevé la creación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal como un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión; y que será el órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador, a efecto de proveerle la asistencia técnica y los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones.

Para que dicha ley entre en vigor, deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Estado.
La Ley contempla la creación de las bases para que todo órgano del estado establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.