Xalapa, Ver.- Mediante reformas y adiciones a diversas disposiciones del Código Penal de Veracruz, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, busca que se tipifique como delito el espionaje contra la procuración y administración de justicia, conocido coloquialmente como “halconeo”.

Por lo que de aprobarse su iniciativa en el Congreso Local, a quien incurra en esta conducta se le impondrán de siete a 15 años de prisión y multa de 400 a 800 unidades de medidas y actualización (de 30 mil 196 pesos a 60 mil 392 pesos).

El artículo 371 de dicho ordenamiento, de ser modificado, definiría que comete “halconeo”, quien utilice instrumentos punzo cortantes, punzo contundentes, contuso cortantes, contuso contundentes o de cualquier material, que por su resistencia o su fuerza, dañe o impida el paso de vehículos de seguridad pública municipal, estatal, federal o de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Además, la persona que posea, porte o utilice para el espionaje, en su persona, domicilio o en el lugar donde se le aprehenda, equipos de comunicación de cualquier tipo o que utilice equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos para prácticas de espionaje, con respecto a canales de comisiones oficiales o privadas.

Sería un “halcón”, quien permita o consienta la instalación de antenas o cualquier instrumentos de comunicación en bienes de su propiedad o posesión, con los cuales se intercepte o transmita la señal o las comunicaciones; también quien tenga en su poder al momento de la detención, uniformes, prendas de vestir, insignia, distintivos o equipos correspondientes o similares utilizados por cualquiera de las instituciones o corporaciones de los tres órdenes de gobierno o militares.

En la redacción adicionalmente quedaría estipulado que incurriría en el ilícito, la persona que tenga en su poder, al momento de ser aprehendida, escritos o mensajes producidos por cualquier medio, que tenga relación con alguna pandilla o miembros de la delincuencia organizada, de algún grupo o actividades delictivas; así como de actividades de las corporaciones de seguridad pública y armadas del país.

Otros de los supuestos de “halconeo”, serían cuando una persona tenga consigo accesorios u objetos que se utilizan en las patrullas; detente, posea, conduzca o custodie un vehículo que simule ser de las corporaciones policiacas; aceche, vigile o realice las funciones de obtener o comunicar información a una agrupación delictiva sobres las acciones y, en general, las labores de los elementos de seguridad pública de cualquier índole.

Y finalmente, quien participe, dañe, altere o impida el funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia en la vía pública, establecimientos o edificios públicos, instaladas para ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública o de las fuerzas armadas mexicanas.

Las penas, se lee en la propuesta del mandatario, se incrementará hasta la mitad cuando sin su consentimiento, se empleen menores de edad, personas con discapacidad o de la tercera edad, para la comisión de este delito; además a quien instale, ordene o mande a instalar sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores sin la autorización de la Secretaría de Seguridad Pública.

En el planteamiento del titular del Ejecutivo, se plantea que las sanciones se incrementen hasta una cuarta parte cuando se utilice algún vehículo de transporte público de pasajeros o sea similar en apariencia a éste; y hasta el doble cuando siendo un elemento policiaco o militar, incurra en las conductas descritas en los párrafos anteriores o haya sido servidores públicos de los tres niveles de gobierno.

Xalapa, Ver.- Con gafas de sol y revestido con un atuendo casual, Gabriel Deantes Ramos, exfuncionario duartista investigado por enriquecimiento ilícito, fue visto en las inmediaciones del Palacio de Gobierno de Veracruz. Tras una pausa para atender a la prensa, se refirió a su situación legal. «No hay absolutamente nada. Todo tranquilo».

Sin embargo, Deantes Ramos fue informado que  ya tiene fecha de audiencia de enjuiciamiento por el delito de enriquecimiento ilícito por 50 millones de pesos, después de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, le negara el amparo que había presentado.

Gabriel Deantes fue el primero del gabinete de Javier Duarte, hoy preso en el reclusorio Norte, en ser vinculado a proceso por enriquecimiento ilícito.  La Fiscalía General del Estado (FGE) señaló un incremento en sus bienes de manera proporcionada, valuado en los 50 millones de pesos, entre 2011 y 2016, cuando fungió como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz; Subsecretario de Administración y Finanzas; y Secretario del Trabajo y Previsión Social, respectivamente.

El 17 de noviembre de 2016, a Deantes Ramos le fueron embargadas cuatro propiedades de las ocho que reconoció en su declaración patrimonial, además de pagar un millón de pesos, al comprometerse a no salir del país y pasar lista cada 15 días en el Penal de Pacho Viejo. Con ello libró la prisión preventiva como medida cautelar.

Con un semblante sonriente, refirió que las averiguaciones en su contra se van atendiendo de manera puntual, «tal como lo marca el Juez de Control». Luego compartió que recién terminaba de atender unas diligencias en el ayuntamiento de Xalapa.

Al preguntarle si existe alguna orden de aprehensión por otros delitos del fuero común, contestó: «Claro que no»; «no hay absolutamente nada, aquí andamos».

Finalmente aseguró desconoce las declaraciones del Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz, quien ha asegurado que no habrá impunidad para los colaboradores de Javier Duarte implicados en delitos de corrupción. «No sé ni qué diga y es un tema que no me interesa», concluyó el exfuncionario.

Xalapa, Ver.- El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares anunció que con la reestructuración de la deuda pública de 46 mil millones de pesos se logró disminuir la tasa de interés interbancaria en dos puntos porcentuales, al pasar de 10.738 por ciento a 8.458 anualmente.

El mandatario detalló que 13 entidades bancarias ofrecieron el refinanciamiento hasta por 60 mil millones de pesos, pero que solo accedió a los 38 mil millones de pesos, y que la reestructuración está planteada para los próximos 23 años.

«Liberaremos recursos para acciones sustantivas y dejaremos de pagar recursos de una deuda que fue contratada a tasas altas (…) A largo plazo ahorraremos 40 mil millones de pesos, ese es el resultado del refinanciamiento».

En su mensaje desde Palacio de Gobierno, explicó que el ahorro significa dejar de pagar 2 mil millones de pesos anualmente, y acotó que este «ahorro» de debe utilizar para sanear las finanzas del estado y lograr su equilibrio financiero.

«En lugar de pagar 6 mil 600 millones de pesos, se pagarán 4 mil 600 millones de pesos; es decir un ahorro de 2 mil millones de pesos».

Dijo que está cifra equivale a un ahorro de 5.4 millones de pesos diarios durante el próximo año y que es comparable con el 50 por ciento del presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), o al 120 por ciento del presupuesto de la Fiscalía General del Estado (FGE).

«Es tres veces el presupuesto del Congreso local, o el 100 por ciento nómina de pensionados. Equivalen a casi el 100 por ciento del presupuesto de la UV en este año, o al 50 por ciento del presupuesto del Seguro Popular y es el doble del presupuesto del Ayuntamiento de Xalapa, o el 36 por ciento más que el presupuesto del municipio de Veracruz».