Las instituciones de seguridad social y los organismos federales que entregan créditos a la vivienda, deberían estar obligados a verificar las condiciones estructurales e incluso sanitarias de dichas construcciones, antes de otorgar financiamiento, planteó la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Laura Plascencia.
La congresista expuso que se requieren cambios legales para obligar a las constructoras, a contratar seguros que cubran las deficiencias estructurales y otros elementos, ya que existen casos de vivienda social que se desarrolla en zonas como basureros o sin instalaciones para descarga de aguas residuales.
Plascencia Pacheco subrayó que los ciudadanos con acceso a ese tipo de financiamiento, no solo arriesgan su patrimonio y su salud al adquirir créditos a pagar durante décadas, en sitios que no tienen las condiciones de seguridad estructural, ambiental y sanitarias necesarias.
“Hay diversos casos en que esos inmuebles se levantan en antiguos basureros, zonas donde el tránsito está condicionado al pago de peaje o donde se carece de infraestructura básica para reducir el impacto ambiental por descargas de aguas residuales”, reiteró, al proponer cambios a la Ley de Vivienda.
La muestra de que la construcción de vivienda financiada por Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, Infonavit; y el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Fovissste, no siempre se lleva a cabo con los estándares de calidad requeridos, dijo, radica en que miles de conjuntos habitacionales y fraccionamientos están vacíos, al haber sido abandonados por carecer de las condiciones mínimas de habitabilidad.
Esto, debido a la mala calidad de las construcciones, a la ubicación en áreas y terrenos inadecuados lejanos, sin servicios y en las que el propietario incluso debe pagar peaje para acceder, refirió.
Por lo anterior, agregó la integrante de la Comisión Especial de seguimiento a los Programas Sustentables para Mujeres y también presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en San Lázaro, el Infonavit y Fovissste deberían estar obligados, jurídicamente, a garantizar que la vivienda de interés social sea digna y decorosa.
Recordó que para este 2017, el Fovissste entregará 37 mil 560 millones de pesos en créditos a la vivienda, a más de 112 mil familias; mientras que el Infonavit prevé otorgar 460 mil créditos para compra, remodelación o construcción de departamentos; esto, sin contar los créditos de la Sociedad Hipotecaria Federal.
En cuanto a las constructoras, refrendó, es necesario establecer en la ley que estarán obligadas a contratar seguros de riesgos o daños a consecuencia de deficiencias en la seguridad estructural, habitabilidad, eficiencia y sustentabilidad de la vivienda, a fin de que respondan por los perjuicios causados a quienes acceden a esos créditos. Lo anterior, tras puntualizar que esa modalidad ya aplica en el caso del Infonavit.
La propuesta de reforma establece, dijo, que los institutos en cuestión deberán informar a los interesados, cuando las casas a adquirir implican el tránsito con cobro de peaje, y cuando se hayan construido en suelos contaminados o presenten otro tipo de riesgos sanitarios.
También tendrán la obligación de notificar cuando la construcción no tenga la calidad establecida en la ley, y en los lugares donde se construyeron, no existan medidas necesarias para proteger el medio ambiente.
Asimismo, se impondrá como requisito a verificar por las autoridades municipales y para otorgar la licencia de construcción, que las empresas presenten las pólizas vigentes de contratación del seguro, dijo.
La ley tiene que marcar que toda acción de suelo y vivienda financiada con recursos federales y las de vivienda de interés social deben cumplir los lineamientos de equipamiento, infraestructura y vinculación con el entorno que establezca la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
