EE.UU.-El juez Frederic Block dio 90 días, tres meses, para que la fiscalía estadunidense informe si solicitará la pena de muerte contra Rafael Caro Quintero, es líder del Cártel de Guadalajara y del Cártel de Sinaloa, tras su primera audiencia ante el juzgador en la corte federal de Brooklyn, Nueva York.
El mexicano lució un traje beige carcelario con una playera y pantalón naranjas debajo, además de tenis. Con el cabello completamente cano, apenas echó un vistazo a la sala, que estaba casi repleta con una treintena de agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Prácticamente durante toda la audiencia miró al suelo, con la mirada perdida y confundida.
Caro Quintero es acusado de crimen organizado, tráfico de drogas y posesión de armas de fuego. El primer cargo es el que podría llevarlo a ser ejecutado por las autoridades estadunidenses.
“Quisiera saber si la pena de muerte está en juego o no”, preguntó el juez Block, a lo que la fiscal Sarita Komatireddy respondió que “es una posibilidad, la decisión no se ha tomado.”
Tras esto, también se anunció que a Caro Quintero se le asignó otra abogada de cabecera por parte del gobierno, Elizabeth Macedonio, y que además es necesario que se emita un informe financiero del acusado para determinar, primero, si mantendrá una defensa pagada por el estado y después, si es que la fiscalía estadunidense lo determina, si se asignará a otro abogado para representarlo por un caso de pena capital, o de muerte.
El Narco de Narcos fue presentado en la sala junto a su sobrino, Ismael Quintero Arellanes, cuyo caso criminal se encuentra más avanzado tras su extradición en 2023, además de que la fiscalía sigue en pláticas con sus abogados para llegar a un acuerdo de culpabilidad.
Así se determinó que el próximo 25 de junio, tanto Caro Quintero como Quintero Arellanes vuelvan a la corte para que se determine cómo se avanzará en el procedimiento judicial. “Obviamente es un caso complejo (…) ¿puede que haya más acusados en el futuro?”, preguntó el juez.
“Es posible”, respondió Andrew Wang, fiscal, quien detalló que además de las tres personas incluidas en el caso criminal de Caro Quintero se encuentran varios nombres más bajo sello.
Previo a la audiencia del miércoles, Estados Unidos informó que al considerar a Caro Quintero como un prisionero de alto nivel criminal y riesgo, se le impusieron medidas especiales de confinamiento al narcotraficante mexicano, las cuales van desde restringir al máximo sus comunicaciones hasta limitar los privilegios de contacto con sus abogados.
En un oficio firmado por la fiscal en jefe a cargo del caso, Saritha Komatireddy, enviado, el martes 25 de marzo, al juez federal responsable del caso, Frederic Block, se notificó la decisión de imponerle al capo las llamadas Medidas Especiales Administrativas (SMA´s, por sus siglas en inglés) ya aprobadas por el fiscal general del país.
Cabe mencionar que Frederic Block será el juzgador a cargo de la revisión del caso del capo mexicano.
De esta manera, Caro Quintero llegó a la audiencia sin haber tenido comunicación con otros internos, medios de comunicación y familiares.
También se limitaron sus privilegios de contacto con sus defensores entre ellos la secrecía de lo que dialoguen, es decir, la autoridad estadunidense podrá monitorear y grabar algunas de las conversaciones que sostengan con el mismo fin.
Desde que el capo fue entregado al gobierno de Estados Unidos, se supo que una de las posibilidades era que recibiera pena de muerte, ya que además de los cargos por los que lo persigue la corte de Washington, El Narco de Narcos es investigado en California por el asesinato de Enrique Kiki Camarena, ex agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
«Nunca podrás asesinar a una gente de la DEA y salirte con la tuya. Nunca permitiremos que eso pase y nunca olvidaremos. 40 después del brutal secuestro, tortura y asesinado del agente especial Enrique Kiki Camarena, su asesino está enfrentando la justicia en los Estados Unidos», dijo John Durham, fiscal para el Distrito Este de Nueva York, tras el arraigo de Rafael Caro Quintero el 28 de febrero.
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