PUEBLA, Pue. (apro).- Pese al llamado que hicieron organizaciones civiles para advertir que la iniciativa de la llamada ley del ciberasedio podría ser usada para violentar derechos de libre expresión de la ciudadanía, periodistas y medios de comunicación, el Congreso de Puebla aprobó hoy por mayoría esas adhesiones al Código Penal del Estado.
Igual que ocurrió con la reforma a la Ley de Arbolado y Áreas Verdes, el bloque aliado de la 4T votó de manera “fast track” a favor de esta reforma sin que se abriera a discusión de ciudadanos, organizaciones y especialistas en el tema.
Previo a la sesión de este jueves, Artículo 19 y la Red de Periodistas Puebla hicieron un llamado urgente a las y los legisladores poblanos para que rechazaran la aprobación del proyecto de decreto con el cual se adicionan diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Puebla en materia de ciberseguridad.
“Los delitos que buscan incorporar incumplen principios de derechos humanos y libertad de expresión, violentan el principio de taxatividad (certeza) en materia penal, y en su elaboración no han incorporado el expertise técnico de especialistas. Debido a estos factores, los delitos pueden ser utilizados contra la ciudadanía de manera arbitraria, particularmente personas periodistas y medios de comunicación”, advirtieron.
La aprobación de esta reforma ocurre en el marco de una polémica pública en Puebla, generada por una cuenta de X llamada Aldea Poblana que opera de manera anónima y que lanza constantes críticas contra el gobernador Alejandro Armenta y su gabinete.
Diversos columnistas aseguran que el gobierno armentista está empeñado en resolver quién está detrás de esa cuenta para fincarle responsabilidades por violencia de género en contra de Gabriela Sánchez, la boxeadora y secretaria del Deporte y la Juventud del Estado y como parte de esto reactivaron esta iniciativa para aprobarla de manera exprés.
“Ley Censura”
Durante la discusión legislativa, los diputados panistas Susana Riestra y Rafael Micalco, así como la priista Delfina Pozos, aseguraron que esta sería una “Ley Censura” que busca frenar la libre expresión y las críticas al gobierno estatal.
Además del ciberasedio, la iniciativa que fue presentada en noviembre de 2024 por el entonces diputado local, José Luis Parra, hoy coordinador del gabinete del gobernador Alejandro Armenta Mier, tipifica delitos como el espionaje digital, usurpación de identidad, hacking (acceso no autorizado a un equipo o sistema) y grooming (adultos que establecen relación con un menor).
En cuanto al delito de ciberasedio, contempla de once meses a tres años de cárcel, así como sanción de 50 a 250 UMAS, para quien “insulte, ofenda, agravie o veje a otra persona con la insistencia suficiente para causarle un menoscabo importante en su salud”.
Artículo 19 y la Red de Periodistas Puebla recordaron a las y los legisladores que, conforme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho de libre expresión protege tanto a la información que resulta favorable o inofensiva, como la que resulta «chocante, inquietante u ofensiva para el Estado o la sociedad”.
Además, expusieron que otros delitos propuestos en esta iniciativa, contienen definiciones que son amplias y carecen de conocimiento técnico.
Por ejemplo, indicaron que el Artículo 479 en materia de espionaje digital simplemente indica que es quien “se introduzca a un equipo o sistema informático sin la autorización de su legal y legítimo titular”. En tanto que el Artículo 258 Ter establece que comete el delito de usurpación de identidad “[…] quien utilizando tecnologías de información obtiene, transfiere, utiliza o se apropia de manera indebida, de los datos personales de otra sin la autorización de ésta última”.
“No sólo estos delitos fallan en el principio de taxatividad del derecho penal al ser amplios o carentes de definiciones exactas, sino que a su vez utilizan palabras que pueden criminalizar el ejercicio periodístico. El penalizar la obtención de datos, o transferir datos con información de datos personales pone en riesgo las investigaciones periodísticas, particularmente de casos de corrupción o de información provista por personas alertadoras quienes busquen hacer pública información sobre malas prácticas, abusos, o corrupción por parte de las autoridades”, indicaron las organizaciones.
Recordaron que es una tendencia a la alza usar la normatividad mexicana para iniciar proceso legales en contra de periodistas y es el caso que en Puebla, de 2018 a 2024, Articulo 19 documentó 22 procesos judiciales contra trabajadores de la comunicación por sus publicaciones o investigaciones.
Igual, el observatorio ciudadano Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) lamentó que de nueva cuenta el Congreso de Puebla apruebe una iniciativa con un análisis parcial y sin inclusión ciudadana. La organización ciudadana advirtió que era necesaria la participación de expertos en la materia para analizar esa iniciativa.
Apuntó que presentaba “debilidades” que debían mitigarse en cuanto a implementación, recursos y armonización legal, así como riesgos que incluyen probables violaciones a derechos, sobrecarga judicial y desigualdad digital.
Apenas el 5 de junio, el Congreso igual aprobó «fast track» una reforma a la Ley del Arbolado y Áreas Verdes de Puebla para abrir la posibilidad de retomar el encalado en árboles urbanos, luego de que el gobernador Armenta estaba haciéndolo en sus faenas comunitarias pese a que esa ley lo prohibía y que expertos la consideran una práctica dañina.
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