México.-Luego de que jueces y magistrados federales pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspender el proceso de Reforma al Poder Judicial, la ministra presidenta Norma Piña consultó al Pleno del máximo tribunal si puede o no dictar una medida de este tipo.

La Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) solicitó que la Corte frene el proceso de la reforma que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y fije una posición a favor de que se respete la independencia del PJF y de que se mantenga su actual integración hasta que se realice un diagnóstico de los problemas que ocasionan la corrupción, la inseguridad y la impunidad en el país.

“Se decrete como medida cautelar la suspensión del procedimiento de reforma constitucional, hasta en tanto el Pleno de este Máximo Tribunal de la Nación, se pronuncie de fondo”, indica el documento de la Jufed enviado al máximo tribunal.

Debido a que se busca frenar un procedimiento legislativo en curso, la dos consultas realizadas por Piña son para determinar si está facultada para emitir dicha suspensión. Los dos expedientes fueron turnados a la ministra Lenia Batres y ésta debe presentar al Pleno dos proyectos de sentencia.

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México (EFE).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que en su gobierno no han habido asesinatos de periodistas ni de políticos “más allá de lo que las circunstancias han ocasionado”, pese a que la organización Artículo 19 ha documentado 47 homicidios de comunicadores en el sexenio.

Cuestionado durante su conferencia de prensa sobre los logros de su gobierno, que concluye el 30 de septiembre, el mandatario señaló que hay tres cosas de las que se siente orgulloso: el combate a la corrupción, la reducción de la pobreza y que no ha habido asesinatos de periodistas y políticos, según su perspectiva.
“Lo tercero que celebro, toco madera porque me faltan 20 días o 25 (días), es que no hemos tenido asesinatos de periodistas más allá de lo que las circunstancias han ocasionado, ni de políticos”, declaró.
Esto pese a que en su más reciente informe, la organización Artículo 19 documentó que desde diciembre de 2018, cuando inició la administración de López Obrador, han asesinado en el país a 47 comunicadores por su labor, mismo número que en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Asimismo, el gobernante festejó que, según él, no hubo asesinatos de políticos como los que ocurrieron en otros sexenios, al recordar el caso del magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994, y del presidente del entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Francisco Ruiz Massieu, en septiembre de ese mismo año.

También dijo que no se asesinó a un cardenal, en referencia al crimen de Juan Jesús Posadas Ocampo en mayo de 1993, aunque en junio de 2022 mataron a dos sacerdotes jesuitas en el estado de Chihuahua, lo que desató la indignación de la Iglesia católica.

Y mencionó que no ha habido accidentes en los que han muerto secretarios de Gobernación como el de Francisco Blake Mora, en 2011, y el de Juan Camilo Mouriño, en noviembre de 2008, ambos ocurridos durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).

Esto a pesar del incidente en avión que mató el 24 de diciembre de 2018 a la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, ambos del opositor Partido Acción Nacional (PAN).

“Eso lo debemos de celebrar, porque eso es un triunfo de todos, la gente que está inconforme se ha portado muy bien, ha actuado con responsabilidad, nadie ha optado por la violencia, y es un cambio profundo el que se ha llevado a cabo no es cualquier cosa”, aseveró.

Las declaraciones de López Obrador ocurren también luego de que el monitoreo de violencia político-criminal Votar Entre Balas registró 130 actos de violencia contra personas candidatas o aspirantes a un cargo durante el periodo electoral 2023-2024, de las que 34 fueron asesinatos, con lo que fueron los comicios más violentos del país.

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México.-Durante su participación en la mañanera de este jueves, Roberto Salcedo, secretario de la función pública informó que el daño patrimonial confirmado por el caso de corrupción en Segalmex asciende a 2 mil 700 millones de pesos de los 9 mil 500 millones que fueron observados en las cuentas públicas de 2019 y 2020.

Asimismo comentó que todavía están en proceso de análisis otros 2 mil 100 millones de pesos, mientras que fueron aclarados y recuperados 4 mil 700 millones de pesos.

«2 mil 700 millones, el 28 por ciento no fueron aclarados durante el proceso, esto constituye el monto de daño patrimonial, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República para que en su caso se judicialicen expedientes y se determinen sanciones a las personas servidoras públicas. Fueron remitidos al tribunal de justicia administrativa los expedientes para que pongan sanciones por tratarse de faltas graves» dijo.

Por su parte el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, explico que por este caso se han presentado 156 denuncias por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones, peculado, enriquecimiento ilícito y captación directa de recursos.

Estas denuncias han resultado en 47 órdenes de aprehensión, 26 personas vinculadas a proceso penal, 9 servidores públicos y 7 particulares y una persona detenida en Argentina con fines de extradición a México, además recordó que los tres principales funcionarios involucrados en el caso están en prisión. Se trata de René ‘N’, ex titular de Administración y Finanzas de Segalmex; Manuel ‘N’, ex titular de la Dirección Comercial de Segalmex y José ‘N’, ex titular del Área de Operaciones de Diconsa.

Cabe agregar que anteriormente el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que este es el único caso de corrupción que se ha presentado en su gobierno y por tanto se está actuando para que no haya impunidad. Y remarcó que se va a actuar de manera escrupulosa para dejar claro a la oposición que «no somos iguales».

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México.-Cientos de jueces y trabajadores del Poder Judicial mexicano trasladaron este jueves, tras más de tres semanas de huelga, sus protestas al Senado para evitar que se apruebe la polémica reforma para elegir por voto popular a los juzgadores, que avaló el miércoles la Cámara de Diputados.

Al lugar llegaron integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), incluyendo contingentes de otras entidades del país, además de la capital mexicana, como Jalisco, Estado de México, Zacatecas y Puebla.

Los manifestantes instalaron casas de campaña junto al Senado, que el domingo votará la iniciativa constitucional en comisiones y el miércoles próximo en el pleno tras la aprobación en la Cámara de Diputados, que sesionó el martes y miércoles en una sede alterna ante las protestas de los jueces en la sede legislativa.

Los jueces bloquearon el Paseo de la Reforma, la principal avenida de Ciudad de México, donde gritaban «¡Por ser imparcial, nos quieren afectar!», «la independencia de poderes significa libertad», «Poder Judicial, contrapeso nacional» y «juez votado, corrupto asegurado».

La jueza Juana Fuentes, presidenta de la Jufed, expuso en un video que a la manifestación se sumarán estudiantes de Derecho, académicos, y asociaciones ciudadanas que se oponen a la reforma del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que pretende que haya elecciones populares de jueces y la Suprema Corte a partir de 2025.

“Es importante informar que no se va a cerrar el Senado, ya que si bien no hemos sido escuchados, y los diputados decidieron sesionar sin tomarnos en cuenta, hoy la acción está con los senadores, por lo que le pedimos a los senadores que honren su palabra y actúen con respecto a la gente que les dio su voto», declaró.

El Senado comenzó un nuevo periodo de sesiones el domingo, con 85 de los 128 escaños en manos de la alianza de tres partidos del oficialismo, por lo que solo requieren un voto más para alcanzar la mayoría calificada, de dos tercios de la Cámara alta, para modificar la Constitución.

Mientras comenzaba la manifestación en el Senado, López Obrador argumentó que hay «mucha desinformación» entre los trabajadores del Poder Judicial y los estudiantes que se oponen a su reforma.

“Ha habido mucha manipulación en este caso, se han dicho muchas mentiras, por ejemplo, el que se van a quedar sin trabajo o van a perder sus prestaciones los trabajadores del Poder Judicial, eso es falso, pero les han dicho eso. Les han dicho que va a depender el Poder Judicial del Ejecutivo, no», aseveró en su conferencia diaria.

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