México.-Junto Tres de sus Socios, Los Involucran el Caso de Huachicol Fiscal
Un juez de control libró orden de aprehensión contra Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques” o “Roberto Brown”, y tres de sus socios, por su presunta implicación en el aseguramiento de 8 millones de litros de huachicol fiscal en marzo pasado en Ensenada, Baja California.

A solicitud de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FGR), el juez Sergio Adolfo Peniche Quintal, del Centro de Justicia Penal Federal en Baja California, giró la orden de captura contra Blanco Cantú y contra José Isabel Murguía Santiago, hermano del exalcalde de Teuchitlán, Jalisco, preso por vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación; José René Tijerina Mendoza y el exjuez Anuar González Hemadi, este último ya detenido.

El mandamiento también incluye a Jesús Tadeo Amaya Olvera, hermano de Cristian Jesús Amaya Olvera, ligados a la empresa AMOL, relacionada con el caso Ensenada. Se les acusa de posesión y almacenamiento ilícito de hidrocarburos, delito que contempla penas de 12 a 17 años de prisión.

En el operativo de marzo, en un inmueble sobre la autopista Rosarito-Ensenada, fueron asegurados tractocamiones y pipas con logotipos de “Auto Líneas Roca”, “Mefra Fletes S.A. de C.V.” y “AMOL”, que transportaban el combustible presuntamente ilegal.

Las investigaciones apuntan a que Mefra Fletes y AMOL no tenían registros de comercio exterior ni permisos para operaciones de hidrocarburos, aunque sí se les relaciona con el traslado de diésel y gasolina ingresados de forma ilícita al país a través de los puertos de Ensenada, Altamira y Tampico, administrados por la Secretaría de Marina.

La FGR documentó que Mefra Fletes desocupó sus oficinas en San Pedro Garza García, Nuevo León, desde abril de este año tras el inicio de las pesquisas, y que incluso se habría utilizado la identidad robada de terceros para crear la empresa.

De acuerdo con escuchas telefónicas, los implicados contaban con recursos de hasta 30 millones de pesos para ofrecer sobornos o evadir la justicia, mientras que Tijerina Mendoza registró 29 salidas al extranjero en los últimos años.

Hasta ahora, Blanco Cantú y el resto de los señalados permanecen prófugos, pese a los operativos desplegados por la Fiscalía.

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México.-Las investigaciones que derivaron en la detención de 14 personas por un esquema de “huachicol fiscal” encabezado por dos mandos de la Marina revelaron una dimensión aún más grave: el tráfico de armamento destinado a organizaciones criminales en México.

De acuerdo con la vinculación a proceso contra los empresarios de MEFRA Fletes S.A. de C.V. —Manuel Portales Ávila, José Ramírez Guajardo y Anuar González Hemadi—, acusados por posesión ilícita de hidrocarburos, el aseguramiento del buque «Challenge Procyon» el pasado 31 de marzo no sólo permitió decomisar combustible de contrabando, sino también armas de alto poder.

“La fiscalía investiga a por lo menos ocho personas, mismas que adujo se encuentran vinculadas a una organización criminal que incluso presenta vínculos con grupos criminales bien establecidos como es el Cártel del Golfo y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, así como empresas fachadas con documentación aduanal manipulada y en rutas marítimas internacionales”, dice la versión del auto de vinculación a proceso a la que Latinus tuvo acceso.
Además del delito en materia de hidrocarburos, los empresarios enfrentan cargos por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La trama se destapó gracias a una denuncia anónima que advirtió que un grupo delictivo vinculado al Cártel del Golfo operaba “con total impunidad para el ingreso de armamento bélico de alto calibre que dota a todas las organizaciones criminales del país”. Según la investigación, las armas ingresaban desde Estados Unidos en los mismos buques que transportaban combustible ilegal.

En el caso del buque cisterna «Challenge Procyon», atracado en el Puerto de Altamira, Tamaulipas, tanto el combustible como las armas fueron descargados en unidades de la empresa. Los agentes ministeriales detallaron que las armas estaban ocultas en cajas de madera y metal, y fueron trasladadas a un domicilio custodiado por hombres armados.

Un testigo relató que el inmueble, conocido como Mefra Patio Altamira, pertenece al Cártel del Golfo:

“Es común observar en la noche cómo llegan los autotanques escoltados por camiones lujosos de color negro con personas armadas que vienen de la aduana de Tampico. Lo que traen es para venderlo en las gasolineras porque es más barato y da más ganancias. En ese lugar también ingresan cajas de madera, y es sabido por todos los habitantes que son armas de fuego que traen del puerto de Tampico”.

Otro testimonio reforzó el nivel de complicidad institucional:
“Todos sabían que el ‘bisne’ estaba bien amarrado con el jefe de la Aduana y el Cártel del Golfo, ya que recibe su ‘mochada’ cada vez que descargan el hidrocarburo y las armas. Nadie hacía nada porque era una buena ‘lana’ la que se llevaban y todo lo tenían bien cuadrado con los de arriba”.

Los tres empresarios fueron vinculados a proceso en el penal federal de alta seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, junto con otros integrantes de la red que acusados de contrabando de combustibles y tráfico de armas para fortalecer a los principales cárteles del país.

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Latinus.-Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora, forma parte de una red de empresas en las que se encuentra Fernando Farías Laguna, contraalmirante prófugo por participar en la red criminal de «huachicol» fiscal más grande en la historia reciente de México y sobrino político del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda.

Farías y Durazo junior comparten socio, ambos son originarios de Sonora y hasta aparecen juntos en fotografías en eventos.

Documentos en poder de Latinus muestran que el contralmirante Fernando Farías Laguna, contra quien se giró orden de aprehensión por la red de «huachicol» fiscal, es socio de un empresario ganadero de Sonora, de nombre Ramón Ángel Castillo Vásquez, quien es abiertamente cercano al gobernador Alfonso Durazo Montaño y también es socio de su hijo Alfonso Durazo Chávez a través de dos empresas.

Fernando Farías Laguna es hermano del funcionario del más alto nivel aprehendido en la actual administración por formar parte de una red de corrupción.

La detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías se llevó a cabo el martes 2 de septiembre, al día siguiente del Primer Informe de gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, y en la víspera de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

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