Xalapa, Ver.– La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de informar sobre el caso de la Iglesia La Luz del Mundo y la orden internacional de aprehensión que pesa en Estados Unidos contra Silem García Peña, exregidor del Partido Verde en Xalapa.

Durante su conferencia matutina, la mandataria recordó que en días recientes fueron detenidas más de 30 personas presuntamente vinculadas con dicha organización religiosa en un campamento de entrenamiento, lo que abrió nuevas investigaciones en torno a sus actividades en México.

“Lo demás tendrá que informarlo la Fiscalía”, declaró al subrayar que su gobierno dará seguimiento puntual a los procesos judiciales.

Sheinbaum agregó que la Secretaría de Gobernación revisará el estatus legal de la Iglesia La Luz del Mundo en el país, aunque aclaró que no se trata de perseguir a los fieles, sino de sancionar conductas delictivas.

“Hay miles de personas que pertenecen a esta iglesia y muchas son de buena voluntad. Lo importante es que se investiguen los hechos delictivos y se castigue a quienes resulten responsables”, puntualizó.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Silem García Peña de conspiración de crimen organizado, trata sexual mediante coacción o fraude, inducción a participar en actos sexuales ilegales y explotación de menores.

Según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, García Peña habría obstruido investigaciones y presionado a víctimas para que firmaran declaraciones falsas con el fin de encubrir a Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, sentenciado en California a casi 17 años de prisión por abuso sexual de menores.
Te puede interesar:
El 25 de septiembre, un tribunal federal de Nueva York emitió una orden internacional de aprehensión bajo el expediente S1 25 Cr. 370, lo que llevó a la Interpol a activar una ficha roja para su detención y eventual extradición.

En la misma acusación también figuran otros allegados a Naasón Joaquín: su madre, Eva García de Joaquín; su sobrino, Joram Núñez; y dos colaboradoras, Rosa Sosa y Azalea Rangel Meléndez.

La investigación contra García Peña forma parte de la ofensiva de las autoridades estadounidenses contra la red de protección que, de acuerdo con el Departamento de Justicia, permitió al líder religioso mantener un esquema de explotación sexual y manipulación de menores durante varios años.

Con esta orden de captura, el exregidor xalapeño se convierte en uno de los principales objetivos internacionales relacionados con La Luz del Mundo, cuyo dirigente ya purga una condena en California.

https://whatsapp.com/channel/0029VaBNLZD96H4IpWaXm11P
👆Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe toda la información ¡Es gratis!

MÉXICO.-El próximo año habrá recortes en el presupuesto destinado a organismos electorales y al Poder Judicial, informó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, quien consideró que las condiciones de 2026 no justifican aumentos.

El también coordinador de Morena señaló que el gasto público debe alinearse con la realidad del país. Mencionó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ejerce 27 mil millones de pesos este año, y para 2026 tiene planteados 22 mil millones de pesos. Sin embargo, adelantó que podría recibir menos de lo solicitado.

En cuanto al Poder Judicial, el legislador explicó que la petición de 15 mil millones de pesos adicionales provino de la administración anterior de la Suprema Corte. Por ello, consideró que dicho monto se ajustará a la baja y su presupuesto se mantendrá en niveles similares a los de 2025.

El Tribunal Electoral también figura en la lista de organismos con posibles reducciones.

No puede ser que planteé una cantidad de 260 millones de pesos más, no hay justificación (…) yo creo que el tribunal también va ir a la baja, incluso menos de los 3 mil 749 millones de pesos que tuvo asignados en 2025”, adelantó.

Monreal precisó que sus declaraciones constituyen una primera proyección, pues serán las comisiones de Hacienda y de Presupuesto las que finalmente determinen el monto que quedará aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026.

El próximo año habrá recortes en el presupuesto destinado a organismos electorales y al Poder Judicial, así lo informó el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, quien consideró que las condiciones de 2026 no justifican aumentos.

En la conferencia semanal Legislativa del Pueblo, Ricardo Monreal, el también coordinador de Morena sostuvo que el gasto público debe responder a la realidad política y administrativa del país.
Uno de los casos que mencionó fue el del Instituto Nacional Electoral (INE) que este año ejerce 27 mil millones de pesos y que ahora la propuesta es de 22 mil millones para 2026. Sin embargo, adelantó que, aun así, podría recibir menos recursos.

Y el INE que no tiene elecciones, vamos a revisarlo porque yo estimo que va irse a la baja (…) creo que vamos a reajustarlo a la baja”, enfatizó.

En cuanto al Poder Judicial, explicó que la solicitud de 15 mil millones de pesos adicionales no provino del Ejecutivo, sino de la administración anterior de la Suprema Corte.

Esta cantidad fue solicitada por el Poder Judicial por la pasada Corte (…) yo no creo que quede en estos montos, también se va a ajustar a la baja, cuando menos esos 15 mil millones de pesos”, expuso.

De acuerdo con el planteamiento de Monreal Ávila, el presupuesto del Poder Judicial se mantendría en niveles similares a los de este año, alrededor de 70 mil 983 millones de pesos.

El Tribunal Electoral también figura en la lista de organismos con posibles reducciones, ya que no enfrentará procesos comiciales relevantes.

No puede ser que planteé una cantidad de 260 millones de pesos más, no hay justificación (…) yo creo que el tribunal también va ir a la baja, incluso menos de los 3 mil 749 millones de pesos que tuvo asignados en 2025”, adelantó.

Monreal Ávila precisó que sus declaraciones constituyen una primera proyección, pues serán las comisiones de Hacienda y de Presupuesto las que finalmente determinen el monto que quedará aprobado en el Paquete Económico del próximo año.

Sobre el número de asesores que tiene la Corte, Monreal pidió tener paciencia frente a lo que calificó como un proceso de formación y adaptación del Poder Judicial a las nuevas exigencias del país.

Yo cambiaría sus términos duros, porque están en un proceso de aprendizaje. Se supone que ya habían llegado con esa formación. Pero es un proceso, es un proceso, tengamos paciencia”, expresó.

https://whatsapp.com/channel/0029VaBNLZD96H4IpWaXm11P
👆Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe toda la información ¡Es gratis!

MÉXICO.-La industria farmacéutica exige al gobierno federal saldar un adeudo acumulado desde 2019 por 40,000 millones de pesos. Pide a la administración de Claudia Sheinbaum Pardo que resolver los problemas logísticos y administrativos que asegura que han dificultado la entrega puntual de medicamentos en los distintos centros de distribución del país.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial, Patrick Devlyn, en entrevista con El Economista, advirtió que ante dicho adeudo no pueden ser omisos.
Refirió que la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica ha reportado que la deuda rezagada actualmente asciende a más de 20,000 millones de pesos, tan solo entre 50 laboratorios, por lo cual podría superar los 40,000 millones de pesos si se consideran los 80 laboratorios involucrados.

Detalló que si se abordan los adeudos acumulados, podrá resolverse entre el 67 y el 70% el problema de desabasto de medicamentos que enfrentan los mexicanos en clínicas y hospitales públicos.

Y consideró que el gobierno requiere de una buena planeación en la compra, contratación y distribución de medicamentos para el abasto de instituciones públicas como el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

https://whatsapp.com/channel/0029VaBNLZD96H4IpWaXm11P
👆Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe toda la información ¡Es gratis!

MÉXICO.-La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este viernes que el senador Adán Augusto López Hernández debe aclarar las supuestas omisiones fiscales que tiene por 79 millones de pesos, esto luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitiera alertas a las transacciones millonarias que tuvo López Hernández, una de ellas cuando fue gobernador de Tabasco.

Según documentos oficiales, hubo una red de transferencias millonarias que incluye a empresas beneficiadas con recursos públicos: Operadora Turística Rabatte y GH Servicios Empresariales, esta última señalada como empresa fantasma por el SAT.

Las cifras millonarias fueron obtenidas por Adán Augusto López entre 2023 y 2024, cuando dejó la Secretaría de Gobernación para ser aspirante a la candidatura presidencial, de acuerdo con una investigación de NMás. En esos años, el ahora senador recibió los pagos bajo concepto de “Servicios profesionales”.

https://whatsapp.com/channel/0029VaBNLZD96H4IpWaXm11P
👆Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe toda la información ¡Es gratis!

EU.-La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos emitió una ficha de búsqueda a Ismael Zambada Sicairos, también conocido como “Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada. La ficha de búsqueda especifica que Zambada mide 1.79, tiene ojos y cabello de color café y nació en 1982.

El documento detalla que se le busca por el delito de conspiración para distribuir una sustancia controlada, aunque no abona más detalles al respecto. De acuerdo con el artículo 21 del Código de Estados Unidos 846 indicado en la misma ficha de búsqueda, el intento o conspiración para cometer delitos relacionados con la ley de sustancias controladas también es considerado un delito. Es decir, que no sólo la ejecución del tráfico de los narcóticos se penaliza, también la planificación y la preparación de una operación de este tipo están contempladas.

El pasado mes de agosto, su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, se declaró culpable de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas en un tribunal de Nueva York. Durante su intervención, pidió por el cese de la violencia en Sinaloa.

«El derramamiento de sangre no sirve para nada, sólo profundiza las heridas y prolonga el sufrimiento», afirmó Zambada.

Desde que “El Mayo” fue entregado a las autoridades estadounidenses, Sinaloa ha vivido una ola de violencia que se manifiesta en constantes enfrentamientos armados.

Los enfrentamientos los protagonizan la facción de Los Mayitos —liderada por «Mayito Flaco»— y la de Los Chapitos —comandada por Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán, hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, también preso.

A finales del pasado mes de agosto, el Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) recordó este jueves que se ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a la detención de Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

https://whatsapp.com/channel/0029VaBNLZD96H4IpWaXm11P
👆Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe toda la información ¡Es gratis!

MÉXICO.-Si la propuesta de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Ley de Amparo no se corrige, las y los ciudadanos serán los más perjudicados, mientras que las autoridades podrían ser las más beneficiadas, coinciden abogados y organizaciones.

Además, dentro de toda la gama de derechos que existen, los derechos individuales —que tienen que ver con la vida, la libertad, el patrimonio y la seguridad jurídica, entre otros— y los derechos colectivos, como los de los pueblos originarios, los grupos de la comunidad LGBTQ+ y a un medio ambiente sano, podrían ser lo más afectados.

En su proyecto de reforma, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso adiciones al término “interés legítimo” —una figura bajo la cual comunidades han detenido proyectos que arrasan con el medio ambiente—, limitaciones a la figura de la “suspensión” en materia de prisión preventiva oficiosa —que tiene que ver con frenar que una persona inocente vaya a la cárcel— o la justicia en línea —que no está pensada para que personas en comunidades rurales o indígenas, sin acceso a Internet o computadoras, puedan promover un amparo.

Por este motivo colegios y organizaciones, como la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, la Academia Mexicana de Ciencias Penales y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, han criticado la propuesta de reforma de la Ley de Amparo, solicitando a la presidenta Claudia Sheinbaum ser consultados sobre las modificaciones y poniéndose en disposición de colaborar.

El 15 de septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República un proyecto de reforma a la Ley de Amparo con el que principalmente busca limitar las suspensiones y acelerar los juicios de amparo, que son una especie de “escudo legal” que las y los ciudadanos tienen para defenderse de los actos de las autoridades que puedan violar sus derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la libertad y el patrimonio.

“Por eso si la ley de amparo no es suficientemente clara, si estas reformas y adiciones se aprueban, no van a generar una certeza. ¿Quién es el que sale perdiendo? Usted. ¿Quién sale ganando? Aunque esa no sea la intención, pues la autoridad”, señaló el exmagistrado Miguel Bonilla López, investigador de la Escuela Libre de Derecho.

Así lo dijo al participar en una sesión en la que se analizó la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, sobre todo en lo que tiene que ver con las modificaciones propuestas y sus efectos, convocada por la Comisión de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo de la Barra Mexicana de Abogados.

“No quiero decir con esto que haya una intención o propósito de beneficiar a la autoridad. Lo único que digo es que cuando se redacta mal una norma que tiene que ver con la Ley de Amparo, el perjudicado es el ciudadano y la ciudadana”, agregó.

Señaló que entre los principales problemas de la propuesta de reforma no solo está que no se vayan a permitir suspensiones en casos de prisión preventiva oficiosa —que tienen que ver con los derechos a la libertad y a la presunción de inocencia— o que éstas se vayan a conceder con efectos limitados, sino que además se contrapone con las jurisprudencias existentes que permiten que se conceda la medida para evitar la detención de la persona o incluso ordenar su libertad.

Ana María Kudisch, presidenta de la BMA, indicó que la reforma es regresiva y abre la puerta a que los ciudadanos estén en incertidumbre jurídica, pues “los jueces interpretarán de una manera, los abogados de otra y los justiciables quedarán sin saber qué derechos les asisten y cuáles no”.

“Además, los derechos que están involucrados no solo son de una persona que pide pensión alimenticia y que la persona que la otorga se ampara para no pagarla a sus hijos [sino también] cuando hay, por ejemplo, una situación ambiental, una situación colectiva y cuando hay una situación más compleja que los derechos humanos simples del día a día, es cuando va a estar más complicado para los justiciables”.

Ley de amparo también pondría en riesgo a los jueces
Durante la sesión, el exmagistrado Miguel Bonilla —que especificó que él renunció a su puesto en protesta a la reforma judicial— también señaló que la reforma pone en riesgo a los propios jueces de amparo que deberán aplicarla, pues por la forma en la que está redactada se pueden crear problemas para interpretar qué principios o criterios aplicar en temas como la prisión preventiva oficiosa, la concesión de suspensiones y las recusaciones.

“No hace falta ser un juez de los de antes, un juez de los de ahora, un juez como yo que renunció. Lo que estoy diciendo es que, desde mi punto de vista, la redacción de los artículos que se proponen en la iniciativa presentan serios problemas para su aplicación práctica en un futuro”, dijo.

Lo anterior, agregó, tomando en consideración las facultades que se otorgaron al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), lo que implica un riesgo para los juzgadores, tanto los de carrera judicial como los recién llegados por voto popular, de ser sometidos a procesos de investigación y sanción por el sentido de sus decisiones, por lo que tendrán que ser mucho más cautelosos al momento de interpretar la ley y aplicarla.

“Yo esperaría que eventualmente la Suprema Corte se ocupe de esos problemas y defina cómo la deberemos entender si es que se llega a aprobar. Siempre que lo define un tribunal de máximo nivel, de máxima jerarquía, se brinda seguridad política, porque estemos o no estemos de acuerdo, ya lo dijo esa autoridad máxima, pero para que eso ocurra, va a faltar tiempo”.

Según la iniciativa de reforma presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el amparo ha empezado a mostrar ciertas debilidades que se deben reparar, entre las que están retrasos excesivos, tácticas dilatorias, mal uso de la suspensión —que según la iniciativa a veces termina protegiendo actividades ilícitas— y procesos anticuados, dependiendo del papel en un mundo que ya es digital.

Días después de su presentación el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México expresó su preocupación al considerar que podría constituir un “retroceso histórico en el acceso a la justicia, el litigio estratégico y la defensa de los derechos humanos en el Estado mexicano”.

De acuerdo con el Colegio, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 y la incorporación abierta del concepto de “interés legítimo”, el juicio de amparo se consolidó como una herramienta ejemplar en manos de la ciudadanía para defenderse del actuar arbitrario de la autoridad.

“(Sin embargo), la iniciativa confunde de manera catastrófica la naturaleza del interés legítimo, el cual fue diseñado para permitir el acceso al amparo a quienes, por su especial situación frente al orden jurídico, resienten una afectación real que puede proyectarse hacia el futuro, pero que sigue siendo cierta, pretendiendo equiparar dicha naturaleza a la del interés jurídico”, señaló el Colegio mediante un comunicado.

Además, resaltó el debilitamiento a la figura de la suspensión al pretender eliminar su otorgamiento en casos de enorme relevancia para las y los ciudadanos argumentando un supuesto “interés social” para blindar al Estado frente a los derechos de las personas.
“Por ello, el Colegio rechaza de manera contundente esta iniciativa y formula un enérgico llamado al Congreso para frenar esta reforma regresiva, con el firme propósito de preservar al juicio de amparo como el medio de defensa más efectivo de la ciudadanía frente al poder y asegurar que siga cumpliendo su misión histórica de salvaguardar los derechos humanos y la democracia en México”.

https://whatsapp.com/channel/0029VaBNLZD96H4IpWaXm11P
👆Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe toda la información ¡Es gratis!