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Radioformula/David Fulladosa.-La Casa de Bolsa Vector, que anteriormente pertenecía a Alfonso Romo, está siendo investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable vinculación en el lavado de dinero del huachicol fiscal.

Arturo Ángel, periodista de investigación de Entorno.mx, indicó en el programa con Azucena Uresti que la FGR identificó que Vector era de las empresas que movían dinero de operaciones vinculadas con el tráfico ilegal de hidrocarburos, de acuerdo a la carpeta de investigación.

“Son datos del centro federal de inteligencia criminal de la Fiscalía General de la República, la carpeta de investigación contiene un reporte de inteligencia de este centro y lo que identificaron es que Vector ha sido utilizada por empresas directamente implicadas en las operaciones de huachicol fiscal”, explicó Ángel, quien tuvo acceso a la carpeta de investigación.

Una de las empresas, Grupo Potesta, fue señalada de mover más de 1,700 millones de pesos producto del huachicol fiscal, de los que 220 millones fueron transferidos mediante Vector.

“Hay una empresa que se llama Grupo Potesta SA de CV, que los fiscales concluyen que está involucrada en muchísimas actividades delictivas, entre ellas contrabando, evasión fiscal, operaciones simuladas, lavado de dinero, comercialización de hidrocarburos robados, corrupción aduanera, colaboración con cárteles del crimen organizado, como el Cártel de Sinaloa o Los Cuinis”, indicó el periodista.

Esta investigación ya fue presentada ante un juez y está relacionada con la trama del huachicol fiscal, donde un grupo de marinos y personal de aduanas están enfrentando un proceso.

Sheinbaum dice que se investigan a empresarios de EU por huachicol fiscal
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó el jueves pasado que se están investigando a empresarios de Estados Unidos por su probable participación en el contrabando y evasión fiscal de combustibles, que se conoce como “huachicol fiscal”.

«Sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación, porque no se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México y que entre de manera ilegal”, dijo la presidenta el jueves pasado en su conferencia matutina.

La mandataria mexicana indicó que hay varias carpetas de investigación en la FGR relacionadas con este tema, algunas de las cuales ya fueron presentadas ante un juez para que se obtengan las órdenes de aprehensión.

Casa de Bolsa Vector fue señalada por supuesto lavado de dinero al narco
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló en junio pasado a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como entidades de preocupación principal por posible lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides.

Según la investigación de la dependencia estadounidense, entre el 2013 y el 2021, un intermediario del Cártel de Sinaloa usó varios métodos para lavar dos millones de dólares desde Estados Unidos a México mediante Vector.

“Además, la orden describe cómo, entre 2018 y 2023, se descubrió que Vector realizó pagos por más de 1 millón de dólares en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China que, según se sabe, enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos”, indicó el Tesoro en un comunicado.

De acuerdo con Arturo Ángel, la FGR dijo que Vector también fue usada para lavar dinero, pero ahora proveniente del huachicol fiscal.

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Ciudad de México. Al rechazar la decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar 13 vuelos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia ese país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió respeto para las decisiones mexicanas. “México no es piñata de nadie, a México se le respeta”, aseguró.

Advirtió que detrás de estas acciones “que están tomando de manera unilateral”, podría “haber un interés de otro tipo”, ya sea político o de apoyar a algunas empresas”, por lo cual instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente a una reunión con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y el secretario de Transporte para revisar si la decisión tiene fundamento.
Confió que haya entendimiento, al advertir que quieren cancelar más vuelos.

“Hasta ahora hemos logrado un respeto muy grande de distintas instituciones del gobierno de los Estados Unidos, incluida la máxima institución, que es la presidencia de los Estados Unidos, con el presidente (Donald) Trump y nosotros hemos logrado un buen entendimiento”.

Señaló que la llamada que sostuvieron el sábado “fue muy buena. Ayer él afirmó lo que yo ya había comentado, de que en efecto no se van a poner los aranceles que se habían dicho para el 1 de noviembre y que seguimos trabajando de manera coordinada”.

Pero “no estamos de acuerdo con esta decisión del Departamento de Transporte. Ayer pedí al canciller (Juan Ramón de la Fuente) que se comunicara con el secretario Marco Rubio, para pedirle una reunión en Estados Unidos, en donde participe el secretario de transporte, para revisar si tienen fundamento, que desde nuestra perspectiva no tiene ninguno estas acciones que están tomando de manera unilateral.

“No vaya a ser que haya un interés de otro tipo, ¿verdad?.. Puede ser un interés político, puede ser un interés de apoyar algunas empresas frente a otras, incluso estadunidenses, por eso digo no vaya a ser que haya una situación de este tipo”.

También le pidió a Andrea Marván, integrante de la Comisión Nacional Antimonopolio un análisis de esto para ver si se está afectando la competencia de las aerolíneas estadunidenses que, de nuestra perspectiva, no hay ninguna”.

Y lo decimos, “con toda certeza: México no es piñata de nadie; a México se le respeta”.

Resaltó que si se ha logrado trabajar de manera coordinada con la administración Trump en todos los temas, “lo que queremos es respeto y que en todo caso se analice conjuntamente si es que lo que ellos dicen tiene algún fundamento, que es que se está violentando la competencia, que desde nuestra perspectiva no es ninguna”.

La mandataria subrayó que el AIFA “está funcionando bien y no hay razón para que se limiten los vuelos hacia los Estados Unidos”.

Anunció que este viernes se reunirá con Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris para conocer también su punto de vista y esperamos, dijo, que la próxima semana, se pueda dar la reunión con las autoridades estadunidenses, dado que la mayor parte del equipo de Trump está con él en Asia.

“Entendemos que regresan la próxima semana y estamos buscando una reunión para poder, como siempre lo hemos hecho, a través del diálogo y el entendimiento evitar que prosigan estas sanciones que desde nuestro punto de vista no tienen fundamento”.

La mandataria sostuvo que “hasta ahora son los nuevos vuelos” los afectados. “Por ejemplo, hoy entraba en cooperación uno; hay varios vuelos que venían ya en los acuerdos del AIFA a ciudades de los Estados Unidos. Lo que están planteando es que los nuevos vuelos, y quienes poner otras sanciones más adelante”.

Pero creemos, sostuvo, “que vamos a llegar a un buen entendimiento y tiene que haber respeto, a las decisiones de México, que tienen que ver con la seguridad de los pasajeros, de los pilotos y de todos los que utilizan las aerolíneas de Estados Unidos, y de México”.

Recordó que la decisión estadunidense se basa en dos argumentos que fueron contestados con prontitud. Uno, sobre el decreto que hizo el ex presidente Andrés López Obrador para que la carga dedicada se moviera del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) al AIFA, y dos, sobre la distribución de los slots.

Señaló que la decisión de llevar la carga al AIFA “fue una decisión soberana y que tiene que ver con protección civil”, ante la saturación en el AICM y “ahora, todas las empresas de carga dedicada que se fueron al AIFA están felices; tienen más espacio, hay más seguridad a la salida de los contenedores.

“Es decir, no hay un solo reclamo de ninguna empresa. Había uno pequeño, de una empresa, que tenía que ver con aduanas y se está atendiendo para que puedan tener adecuadamente todo su acceso a las aduanas”.

Por tanto, subrayó, “no estamos de acuerdo con esta decisión del Departamento de Transporte”.

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MÉXICO.-La Fiscalía de la Ciudad de México y la presidenta Claudia Sheinbaum informaron este miércoles que Simón Levy Debbah, ex funcionario del gobierno federal y de la Ciudad de México, había sido detenido en Portugal debido a una alerta migratoria por la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra.

Sin embargo, en su cuenta de X y en una entrevista radiofónica el ex servidor público rechazó esta información y aseguró estar libre:
«Eso es completamente falso. Al contrario, recibí un atentado hace casi diez horas. Estoy vivo. Por seguridad no puedo decir exactamente dónde estoy en este momento, pero estoy libre, estoy perfecto. Y estoy bien de salud, que es lo más importante».

De acuerdo con el organismo capitalino, Levy Debbah cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra: una por delitos contra el ambiente y otra por daño a la propiedad y amenazas.

La aprehensión se realizó «en cumplimiento de los mecanismos de cooperación interinstitucional e internacional, debido a la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, relacionadas con procesos penales distintos», informó Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

No obstante, la institución encabezada por Bertha Alcalde no precisó el lugar donde fue detenido Simón Levy.

La presidenta Claudia Sheinbaum, durante la conferencia de prensa de este miércoles 29 de octubre, fue cuestionada al respecto y respondió:
«Parece que sí (fue detenido) en Portugal, creo, y es de una ficha que había de una denuncia que puso un particular contra él, hace tiempo, en la Ciudad de México», dijo la mandataria.

A pesar de haber sido informada su detención, en la cuenta de X, antes Twitter, de Simón Levy se publicó un mensaje a las 09:24 horas este miércoles, tiempo de la Ciudad de México.

«Mexicanos: Estoy perfectamente bien. Me quisieron matar y además inventarme mil cosas más. Estoy bien y bien de salud. Los quiero, voy a descansar hoy», escribió.

Además, ayer, ante los primeros reportes sobre su detención, el ex secretario de Turismo publicó en Telegram un audio para comentar lo siguiente:
«¿Qué tal, cómo están todos? Les mando un saludo muy afectuoso. Les mando esto que está saliendo (sobre su detención) nada más para que vean el nivel de desesperación. (…) Todo está perfecto», se le escucha decir».

La fiscalía capitalina detalló que el primer caso fue iniciado en diciembre de 2021 por «delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra por la construcción de un inmueble que violaba la normatividad».

Levy no acudió a las audiencias de imputación convocadas en agosto de 2022 y nuevamente en agosto de 2025, lo que derivó en una orden de aprehensión vigente por el caso.

«Si bien fue beneficiario de un amparo en 2022, éste quedó sin efectos al no haber comparecido por segunda ocasión a la audiencia de imputación».

Sobre este caso, la indagatoria señala que se construirían cuatro departamentos en un piso extra, de los cuales dos serían para Simón Levy, quien debía pagar poco más de 14 millones de pesos.

En el expediente CI-FEDAPUR/A/UI-2 C/D/00346/03-2018, el ex funcionario aceptó ser el responsable de la construcción.

En el segundo caso, iniciado en noviembre de 2021, por amenazas y daño en propiedad ajena doloso, el imputado acumuló cinco inasistencias a audiencias judiciales entre diciembre de 2021 y octubre de 2022.

Por lo anterior, el 4 de agosto de 2022 se libró orden de aprehensión, la cual permanece vigente.

La fiscalía capitalina detalló que esta acción forma parte de los procedimientos rutinarios que se aplican cuando una persona con orden de aprehensión vigente realiza viajes fuera del país, con el fin de garantizar su comparecencia ante la autoridad judicial.

La Fiscalía de la Ciudad de México «mantiene estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República y con la Oficina Central Nacional de Interpol México para concretar los trámites judiciales y migratorios necesarios que permitan la conducción a proceso del imputado y el derecho de las víctimas a acceder a la justicia».

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México.-El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, informó este miércoles que el gobierno de Claudia Sheinbaum llegó a un acuerdo con agricultores en la zona del Bajío, por lo que se espera que los bloqueos carreteros se retiren a lo largo de la mañana.

El funcionario explicó que todavía no se ha fijado el precio por tonelada de maíz y se continuará analizando en mesas de diálogo, pero se pactaron otros puntos para poder avanzar en la atención de la problemática.

Berdegué señaló que se otorgará un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz a los agricultores del Bajío, de los que 800 los dará la federación y 150 los gobiernos estatales.

También se determinó ampliar el programa federal de «Cosechando soberanía», que incluye créditos y seguros a los productores en caso de afectación a sus cosechas por sequías, inundaciones o plagas.

Y además se creará el Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz, con el que el secretario aseguró que se tendrán mecanismos para definir los precios de referencia de este producto, se harán acuerdos de comercialización entre productores y compradores, industria y molinos.

«Se lograron avances muy importantes y tenemos la seguridad de que la industria saldrá a comprar a precios muy superiores a los que hubiera sido sin esta negociación y esta conversación», añadió.
Desde este lunes, agricultores convocados por el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) bloquearon carreteras en todo el país en rechazo a la reducción del precio del maíz.

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México.-Diputados de Morena, aliados y Movimiento Ciudadano (MC) aprobaron con 339 votos en pro en lo particular el dictamen para crear una nueva Ley contra la Extorsión, a la que añadieron la reducción de 20 a 12 años de prisión a funcionarios que no denuncien este delito.

Las bancadas del PAN y PRI sufragaron en contra con el argumento de que tiene dedicatoria para beneficiar al ex titular de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, y el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández.
El PT dividió su votación: Juliana Elizondo, Aracely Cruz, Ramón Flores, Patricia Galindo, Jesús García, Luis Martínez, Javier Vázquez, Wblester Santiago, José Luis Téllez, lo hicieron en contra.

También Natali Barrera, de Morena, votó en contra, además de que hubo y cuatro abstenciones, como del morenista Héctor Cabada lo mismo que la petista Lilia Aguilar.

Con el respaldo de la coordinadora de MC, Ivonne Ortega, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, subió a tribuna para proponer ocho cambios, entre el que incluyó la reducción de penas a servidores públicos de 20 a 12 años.

“Esto es lo que en materia penal se llama proporcionalidad afectada, no es proporcional la pena al presunto delincuente porque al delincuente se le aplica de seis a 15 años y al funcionario cómplice, dejémoslo en esta expresión que me parece correcta, de 10 a 20 años”, explicó.

Monreal Ávila subrayó que “la desproporción es evidente y por eso el planteamiento es en el artículo 21 que al funcionario cómplice quede de cinco a 12 años porque al presunto delincuente se le aplicará de seis a 15 años”.

Además, enfatizó que “es desproporcionado y es irracional punitivamente, contrario a las teorías modernas del derecho penal”.
Desde su curul, el coordinador del PAN, José Elías Lixa Abimerhi exigió que en vez de bajar las sanciones a los funcionarios, “modificáramos el artículo 15 para elevar la pena de los extorsionadores”.

“Y es importante que no se discuta o no se vote bajarle primero la de los funcionarios, porque entonces sí habría un régimen especial para funcionarios corruptos que no denuncien a los extorsionadores o sean cómplices”, aseveró.

El líder del PAN enfatizó que “nosotros proponemos es que el cómplice que está dentro del gobierno tenga la misma sanción que el extorsionador”,

Lixa Abimerhi reviró: “y si a eso le llaman irracionalidad, que le pregunten a los 120 millones de irracionales que, como yo, estamos hartos de un régimen que solapa a los extorsionadores desde el gobierno”.

En su intervención, la diputada del PT, Lilia Aguilar, aclaró que “no es un tema menor como ha dicho el diputado Monreal y yo en esto coincido con el diputado Lixa”,

“Lo que deberíamos de estar hoy planteando también es subir las penas de 10 a 20 años, que parece una salida sensata, lo hemos tratado con el doctor Monreal. Él ha sido abierto a esta petición, pero no hemos logrado transitar en un acuerdo”, reconoció. El único voto en contra de MC fue de Jorge Lozoya.

En tribuna, el diputado David Azuara Zúñiga aseguró que “de un lado queremos proteger a las víctimas, del otro lado están quienes quieren proteger a los extorsionadores”.

“Sí, así de absurdo, pasar de castigar con severidad a quien usa el miedo, la violencia, la amenaza, para lucrar con el dolor de otros, a premiarlo con una rebaja de hasta la mitad de su condena”, expresó.

Azuara Zúñiga consideró que “esta no es una reforma técnica, esta es una reforma política, que tiene nombre, tiene apellido y este es un beneficiario y una reserva que viene dedicada, ¿para quién creen? Sí, para Hernán Bermúdez. O ¿no?”

El diputado del PAN preguntó al priista Erubiel Alonso, quien respondió desde su curul: “¡Fuera máscaras! Es increíble que se estén haciendo leyes a modo, que la finalidad sea proteger a los extorsionadores, a los delincuentes de este narco-gobierno, que no protege a las familias, protege a los delincuentes”.

“Ahora será mejor ser servidor público y extorsionar desde el poder para gozar de impunidad”, indicó.

El diputado de Morena, Leonel Godoy, comentó que “politizar esto siempre le va a salir mal a la oposición”.

“Decían que es una modificación hecha para Hernán Bermúdez, y resulta que no leen, no leen. Él está sujeto a proceso por asociación delictuosa, por extorsión, por secuestro agravado, por secuestro agravado, que es un delito mayor al de la extorsión. Fíjense bien lo que están confundiendo”, apuntó.

Su compañero de bancada, Hugo Eric Flores, lo secundó cuando enfatizó que no entendía “por qué sostener que estamos disminuyendo las penas, cuando hay 34 agravantes que no existían en ninguna ley”.

“Por cierto, esta ley es absolutamente novedosa, no tiene parangón en la historia legal de nuestro sistema jurídico y esta ley la propuso la presidenta Claudia Sheinbaum y si le vamos a poner un nombre, no le pongamos ese nombre, pongámosle la ley Sheinbaum-Harfuch”, planteó.

Flores Cervantes reiteró que “esta ley está proponiendo 34 agravantes para aumentar los delitos de extorsión, al contrario de lo que aquí se ha venido manifestando. Otra vez a confundir a la opinión pública”.

Monreal se refirió también a la posibilidad de que el dictamen genere retroactividad en entidades como Chihuahua, como lo advirtió el priista Alejandro Domínguez en el inicio de la discusión.
“Si un Código Penal, en Chihuahua, tiene de 10 a 30 años la pena para un extorsionador y uno de ellos está purgando una condena y lleva 20 de los 30 años, esta ley sí puede generar un conflicto de retroactividad, lo afirmo con toda honestidad”, admitió.

El priista Domínguez preguntó a Morena y aliados: “¿qué les van a decir a los habitantes del estado de Nayarit, de Morelos, de Quintana Roo, de Michoacán, de Baja California, ¿qué les van a decir cuando 600 delincuentes salgan a la calle?”.

“Y estén secuestrando a los mexicanos y estén extorsionando a empresarios, en tienditas, a la sociedad en general? ¿Qué les van a decir? ¿Con qué cara los van a ver?”, remachó tras caerse las coincidencias con el PT para subir las penas a funcionarios de 10 a 20 años, a extorsionadores

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MÉXICO.-El Departamento de Transporte de Estados Unidos informó este martes de la revocación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia territorio estadounidense.

La medida, efectiva de inmediato, cancela rutas específicas de Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus:

Aeroméxico perdió sus rutas Felipe Ángeles-Houston y Felipe Ángeles-McAllen, además de la nueva ruta Ciudad de México-San Juan programada para el 29 de octubre.

Volaris no podrá operar a partir de noviembre su vuelo Ciudad de México-Newark.
VivaAerobus vio bloqueadas nueve rutas desde el Felipe Ángeles hacia Austin, Nueva York, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami y Orlando, las cuales comenzarían a operar entre noviembre y diciembre de este año.

Además, se congeló cualquier nuevo servicio o aumento de frecuencia entre Ciudad de México o Felipe Ángeles y cualquier punto estadounidense hasta nuevo aviso.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, acusó a México de cancelar y congelar “ilegalmente vuelos de transportistas estadounidenses durante tres años sin consecuencias“.

Adicionalmente, se anunció una propuesta tentativa que prohibiría el transporte de carga en compartimentos de equipaje (belly cargo) en todos los vuelos combinados de pasajeros entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y EE.UU.; además de cancelar todos los vuelos combinados desde el Felipe Ángeles. Esta última propuesta afectaría a Aeroméxico, Aeroméxico Connect, VivaAerobus, Aerus, Volaris y TAR Aerolíneas.

El Departamento de Transporte dio 14 días para comentarios y siete días adicionales para réplicas. De aprobarse, la medida entraría en vigor 108 días hábiles después de la orden definitiva.

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