El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, llamó a integrar un Plan Nacional de Justicia, cuyo propósito será modificar el diseño del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Al clausurar el curso de especialización para personas juzgadoras electas, el togado aseveró que el PJ no puede resolver por sí solo todos los asuntos, ya que colapsaría.

“En la Corte se estilaba que el presidente tenía su proyecto, el proyecto del Presidente, en esta idea de la nación que el que es presidente también lo sabe todo; pero creo que la reforma judicial, si algo plantea con mucho acierto, es que no lo podemos resolver solos. Necesitamos de la sociedad; yo me imagino que si todas las comunidades, toda la sociedad planteara todos sus conflictos a la Corte o al Poder Judicial, colapsaríamos. Debemos de reconocer que lo que hacemos es apenas un porcentaje mínimo de la conflictividad y de la necesidad de justicia que tiene nuestra sociedad”.

Ante ello, Aguilar Ortiz pidió a los juzgadores a no realizar despidos para aprovechar la experiencia del personal judicial, debido a que nadie va a construir solo a México.

“Yo aquí les pido que hagan esta convocatoria también a los juzgados, a los tribunales que van a llegar, yo les pido que no desechen, no tomen decisiones de despedir a los compañeros que ya tienen una formación, que tienen experiencia, hay que aprovechar esa experiencia creada, yo creo que lo que debemos de hacer es inyectar esta nueva visión, esta nueva perspectiva, este nuevo compromiso, porque yo creo que, en gran medida, quien alcanza un nivel de vida que le da comodidad, se olvida del compromiso, se olvida de la pasión que debemos de tener para ejercer justicia en este país”.

Hugo Aguilar exhortó a los impartidores de justicia a actuar con congruencia personal como regla y a trabajar fuerte para que realmente en México se cuente con una justicia cercana, real y verdadera.

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La Secretaría de Salud federal reportó 16 fallecimientos a causa de dengue en tan solo una semana, las cuales se suman a los 32 registrados anteriormente, por lo que ya suman 48 defunciones en total en lo que va del año en el país por dicha enfermedad viral.

Según el reporte epidemiológico de la dependencia, con corte al 8 de septiembre, las 48 muertes por dengue se han distribuido en 18 estados del país, siendo Sinaloa el más afectado con seis decesos.

Le sigue Guerrero con cinco; Michoacán, Tamaulipas y Morelos, registran con cuatro fallecimientos por cada entidad.

Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo acumulan cada uno tres defunciones.

Las entidades de Veracruz, Puebla y Estado de México notificaron dos decesos cada uno.

Guanajuato, Jalisco , Nuevo León y Tamaulipas, Nayarit, Querétaro y Nuevo León reportaron una muerte por estado.

Asimismo, en la última semana, se confirmaron 611 nuevos casos de dengue, sumando así 8 mil 867 contagios en lo que va del actual año, distribuidos en 29 diferentes estados.

Cabe mencionar que el 53 por ciento de los contagios de dengue se concentró en solo cinco estados, de los cuales Veracruz reportó el mayor número de contagios con mil 514.

Le siguen Jalisco con mil 385 casos, Michoacán con 691, Sonora con 652 y Chiapas con 498

En el informe de la semana epidemiológica número 36, se detalla que, de los 8 mil 867 contagios confirmados, 4 mil 278 fueron reportados como dengue con signos de alarma y dengue grave.

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Latinus.-Un popular mercado de Villahermosa se convirtió en un “elefante blanco” tras la millonaria inversión que hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para remodelarlo.

El mercado Florentino Hernández, ubicado en la colonia Gaviotas de la capital de Tabasco, está semivacío y con locatarios inconformes que denuncian la imposición de un proyecto de remodelación que no los tomó en cuenta y que no respetó el tamaño de sus espacios de venta ni la ubicación que tenían. Una tarde de jueves fue posible constatar que dos de tres negocios no funcionaban en el área de servicios.

“Toda obra que hace el gobierno federal de la Cuarta Transformación en vez de beneficiarnos, la verdad, nos está perjudicado a la gente trabajadora”, acusa Alfredo Flores, locatario del mercado Florentino Hernández.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) encargó el proyecto a dos constructoras que entregaron la obra con fallas y 17 meses después de la fecha prometida, de acuerdo con los comerciantes.

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La emisión de una ficha roja por parte de Interpol ha colocado al contralmirante Fernando Farías Laguna en el centro de una búsqueda internacional que abarca 192 países.

Farías Laguna es señalado como presunto líder de una red de huachicol fiscal y enfrenta acusaciones de delincuencia organizada y otros delitos relacionados con el tráfico ilegal de combustibles, en un caso que ha sacudido tanto a las fuerzas armadas como a la administración pública mexicana.

La ficha roja, activada recientemente, instruye a las autoridades de todos los países miembros de Interpol a localizar y detener a Farías Laguna para su extradición a México.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el contralmirante encabezó una operación que utilizó buques para descargar hidrocarburos de manera ilegal en los puertos de Altamira y Tampico, en Tamaulipas.

Según la investigación, la red operaba mediante la manipulación de aduanas y la simulación de importaciones, lo que permitía evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y facilitaba la entrada de combustibles al país bajo la apariencia de otros productos, como lubricantes o aditivos.

El alcance de la investigación es amplio. Además de Farías Laguna, la FGR ha obtenido 13 órdenes de aprehensión contra marinos y funcionarios aduaneros presuntamente implicados en la red.

Detención de 11 personas por huachicol fiscal, líneas de investigación sobre corrupción de exfuncionarios

Hasta el momento realizaron 11 detenciones, entre ellas la del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, hermano del contralmirante prófugo, quien permanece en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

También figura entre los buscados el capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, alias El Capitán Sol, quien continúa prófugo. Durante la detención del vicealmirante, las autoridades aseguraron a cinco hombres y dos mujeres, trasladados a penales federales bajo cargos de participar en maniobras para evadir el IEPS y facilitar la introducción ilegal de combustibles.

La operación de la red de huachicol fiscal involucra a altos mandos militares, empresarios y exfuncionarios aduaneros, lo que permitió el desvío de millones de pesos mediante esquemas administrativos fraudulentos. El caso ha cobrado especial relevancia por la cercanía de los implicados con figuras del poder en la administración federal anterior, ya que Fernando Farías Laguna es sobrino político de José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina.

Los antecedentes de la investigación revelan que la FGR giró una orden de aprehensión contra Farías Laguna el 19 de agosto, tras vincularlo al desembarque ilegal de 31 buques en los puertos mencionados.

Desde agosto, el contralmirante promovió un amparo para frenar su captura, alegando haber sido detenido de manera irregular el 26 de ese mes en la Ciudad de México.

En su demanda, Farías Laguna relató que supuestos agentes de la Fiscalía capitalina y de la Policía Federal Ministerial lo interceptaron al llegar a su domicilio, lo golpearon y lo intimidaron con exigencias de dinero, antes de trasladarlo a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde permaneció retenido varias horas antes de ser liberado sin cargos formales. Desde entonces, su paradero es desconocido.

En el ámbito judicial, el contralmirante obtuvo una suspensión provisional contra la orden de aprehensión, condicionada al pago de una garantía y a su comparecencia ante el juez. El juzgado que analiza el amparo ha solicitado a la autoridad un informe detallado sobre los hechos, advirtiendo sobre la posibilidad de actos de molestia sin justificación legal en contra del quejoso. Por su parte, el Ministerio Público sostiene que no ha citado formalmente al acusado para una entrevista.

La activación de la ficha roja por Interpol representa un giro en una investigación que puso bajo la lupa la relación entre el poder militar, la corrupción y el crimen organizado en México.

El caso, que involucra a familiares de altos funcionarios y a mandos navales en activo, ha generado un debate sobre la integridad de las instituciones encargadas de la seguridad y el control aduanero.

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El Senado analiza una iniciativa que pretende garantizar seguridad social a las trabajadoras que venden productos por catálogo. Conocida como Ley Tupperware, la reforma propone cambios en el artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) para reconocer formalmente esta forma de empleo y obligar a las empresas a otorgar prestaciones correspondientes.

El pasado miércoles, la senadora morenista Cynthia López Castro afirmó en tribuna que esta medida busca dar un estatus legal a este sector y aseguró que “vender por catálogo es un trabajo, y debe ser un trabajo digno en nuestro país”, mientras mostraba varios catálogos como ejemplo del comercio directo.

La legisladora recordó que la Ciudad de México ya ha implementado cobertura de seguridad social para trabajadores de aplicación, y esta iniciativa busca extenderla a las vendedoras por catálogo.

De acuerdo con López Castro, la mayoría de las personas que se dedican a este tipo de ventas son mujeres cercanas a los 50 años, y muchas son jefas de familia que dependen del ingreso mensual generado por esta actividad. Los ingresos reportados varían entre mil y 4 mil 500 pesos al mes, lo que refleja la informalidad y la precariedad económica que caracteriza al sector.

En la capital del país, se estima que más de 300 mil personas participan en este esquema de ventas, mientras que a nivel nacional, el número de familias que dependen de esta actividad supera los tres millones. La reforma plantea otorgarles acceso a prestaciones como seguridad social, atención médica y pensión, buscando formalizar un empleo que actualmente opera fuera del marco legal.

La legisladora también recordó que durante su paso por la Cámara de Diputados se logró frenar un impuesto que habría gravado a quienes trabajan en ventas por catálogo, lo que contribuyó a mantener la viabilidad económica de este modelo laboral.

La iniciativa fue turnada a comisiones del Senado para su análisis y dictamen, donde se evaluará la viabilidad de la medida y su impacto en empresas y trabajadoras. La propuesta forma parte de un esfuerzo más amplio para extender derechos laborales a sectores informales, similar a las acciones recientes para trabajadores de aplicación, quienes ya cuentan con cobertura de seguridad social en la Ciudad de México.

Expertos destacan que formalizar este tipo de empleo puede tener un efecto directo en la calidad de vida de las familias involucradas, al asegurar prestaciones básicas y estabilidad económica. La medida también busca reconocer que la venta por catálogo constituye una fuente de empleo significativa, especialmente en un sector compuesto mayoritariamente por mujeres que combinan esta actividad con responsabilidades familiares.

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Cómo sociedad e individuos, hemos perdido la capacidad de asombro, de sorprendernos ante la realidad que nos rebasa y golpea sin piedad.

Así como nos acostumbramos a ver personas muertas en la calle, como si fueran mascotas, ahora normalizamos los engaños sistemáticos de la 4T; pero qué más da, el PRIAN robó más.

A diario en mañaneras y círculos conversatorios, hasta en los debates botaneros, nos indican que la corrupción y los homicidios si van a la baja, que es muy cierto, con los valores por delante de la 4T, no mentir, no robar, no traicionar, aunque la realidad nos situé en un escenario peor. ¿Pero cuando en la historia del país ha sido distinto?, te reviran.

Mientras las cifras de los delitos de alto impacto nos aseguran, bajaron 75 por ciento, gracias a omisiones y la reclasificación del delito, convertidos prácticamente en políticas públicas, los homicidios dolosos, levantones, secuestros y cobro por derecho de piso suben de manera exponencial, entre otros. Ahí está Chetumal, con un levantón múltiple de más de 13 personas del que pocos hablan.

Aunque la verdad, como dicen algunos periodistas, morena no ha destruido a México sola. La tolerancia social ha sido su herramienta más eficaz.

Lejos de presionar e incidir al cambio, debatir con toda seriedad y patriotismo, de proponer, se ponen de alfombra roja y caravana, aduciendo que la mentira es el ADN de nuestro sistema político y que no va a cambiar, aunque los valores actuales sean no mentir, no robar, y no traicionar; ¡pero el PRIAN robó más hombre!!

Lo vemos en el delito insignia de la 4T, el huachicol, que el gobierno de AMLO por cierto se estrenó combatiendo, ahora hasta su hermano adoptivo y sus hijos están más que involucrados.

La detención de Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora, detenido en Paraguay, tras prófugo de la justicia por 7 Meses, se convierte en la oportunidad real que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum para desmarcarse de AMLO, con certeza, credibilidad a su mandato, algo que poco o nada tiene, no confundir con popularidad.

Podría ser el antes y el después de nuestra presidenta, dejar atrás eso de que: mi verdad es la única de crédito; que aproveche a Omar García Harfuch que, está en plan de filigrana, haciendo lo que un buen mexicano debe hacer, poner orden.

El reto es fuerte, evidenciar y exponer la corrupción de Adán Augusto, con los “Lopitos” atrás, con todo lo que implicaría en el país, sería excelente punto de partida, o protegerlo y seguir el vericueto y la alta corrupción que inauguró AMLO, superando la historia que lo antecedió.

¿Usted qué cree? Lo leo.

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Xalapa, Ver.-La Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) exigió la destitución de varios directores y subdirectores de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), a quienes acusan de incapacidad en el desempeño de sus funciones, de violentar derechos laborales y humanos y de afectar el interés de los estudiantes.

Lisbeth Lidia de Jesús Morales Castro, secretaria de Finanzas del comité seccional, durante la protesta que inició con la toma de las oficinas de la Subdirección de Escuelas Secundarias Técnicas el jueves 11 de septiembre y que se extendió hasta el viernes a las instalaciones de Secundarias Generales.

Entre los funcionarios señalados se encuentran: Alberto Martínez Ordaz, director general de Educación Secundaria; Nidia Carilú Nava Palomec, titular de Educación Indígena; Andy Jair Ventura Ramírez, subdirector de Escuelas Secundarias Técnicas. También Elizabeth López Zúñiga, responsable de Escuelas Secundarias Generales; y Julia Esther Palacios Villalobos, directora de Telesecundarias.

Demandan la salida de Marisela Flores Lezahua, encargada de Trámites y Control de Telesecundarias, y de Concepción Tovar García, enlace administrativo de Secundarias Generales.

En el pliego petitorio entregado a la titular de la SEV, Claudia Tello Espinoza, se pide sancionar los abusos de autoridad, designar nuevos responsables en las áreas administrativas y garantizar el abasto de personal docente, directivo y de apoyo en todos los planteles escolares. El sindicato también reclama el pago puntual y completo de salarios y prestaciones, respeto a la libertad sindical, atención a la infraestructura escolar y medidas contra el hostigamiento laboral hacia jefes de sector, subdirectores y directores.

Otro de los puntos centrales es la creación de un mecanismo de mediación bipartita SEV-SNTE para resolver conflictos laborales, con el fin de evitar procesos administrativos excesivos en contra de los trabajadores. Asimismo, exigen la publicación transparente de vacantes en la plataforma SATAV y la formalización de acuerdos ante fedatario público. En materia de prestaciones, solicitaron la regularización del Seguro de Vida Institucional, con el pago de siniestros pendientes a los deudos, y demandaron que ninguna plaza de los agremiados sea asignada a miembros de otras organizaciones sindicales. El pliego incluye también la investigación sobre la disposición irregular de claves de personal de apoyo en el nivel preescolar, presuntamente entregadas a personas ajenas a la Sección 32.

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