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Los caminos del dinero: la reconstrucción que puede hundir a Veracruz
Por Miguel Ángel Cristiani G.
Dicen que las peores tormentas no son las que caen del cielo, sino las que se desatan cuando el dinero público se reparte sin vigilancia. Y en Veracruz, esa advertencia vuelve a tener sentido. El anuncio de la gobernadora Rocío Nahle García de destinar entre ocho y diez mil millones de pesos para la reconstrucción de infraestructura carretera, tras la devastación por lluvias en la zona norte, no solo revela la magnitud del desastre natural, sino también la magnitud de la tentación política y económica que se avecina.
No hay duda: la tragedia fue real. Más de 35 personas perdieron la vida y comunidades enteras quedaron incomunicadas. Los ríos desbordados arrasaron caminos, puentes y esperanzas. La gobernadora lo ha dicho con razón: fue la contingencia más grave en los últimos cincuenta años. Pero la historia reciente de Veracruz nos obliga a preguntarnos, con toda seriedad y sin ingenuidad: ¿será esta reconstrucción una oportunidad para levantar al estado… o un nuevo negocio para los de siempre?
Porque si algo nos enseñó la experiencia de los gobiernos pasados —y no hay que ir muy lejos, basta recordar los años del Duartismo — es que las emergencias han sido el terreno fértil de los contratos opacos, las empresas fantasmas y los prestanombres de funcionarios. La desgracia ajena se convirtió, demasiadas veces, en fuente de riqueza para unos cuantos. Los nombres cambian, los partidos también; lo que no cambia es el modus operandi del saqueo cuando el dinero fluye sin contrapesos.
Por eso, cuando escuchamos que se invertirán hasta 10 mil millones de pesos exclusivamente en carreteras, uno no puede sino pensar en lo que ese dinero representa: una mina de oro para constructoras, proveedores y contratistas con vínculos políticos. Y más aún cuando la propia gobernadora aclara que esos recursos no contemplan la rehabilitación de escuelas ni hospitales —rubros que, dicho sea de paso, también quedaron en ruinas. ¿Qué prioridad es esa, que pone primero el asfalto antes que las aulas y las clínicas?
En teoría, la reconstrucción carretera es indispensable. Veracruz tiene más de 22 mil kilómetros de vías, muchas de ellas en condiciones deplorables aun antes de la tormenta. Pero el problema no es la obra pública, sino su administración. ¿Quiénes serán los beneficiarios de esos contratos? ¿Bajo qué criterios se asignarán? ¿Habrá licitaciones transparentes o adjudicaciones directas “por emergencia”? La línea entre la urgencia legítima y el abuso de poder es, en este país, peligrosamente delgada.
Ya lo vimos con los fondos federales de desastres —el extinto FONDEN—, donde las reglas de operación se flexibilizaban tanto que se abrían las puertas al dispendio. Hoy, con un esquema estatal más discrecional, el riesgo es mayor. Y lo cierto es que el gobierno de Nahle, recién estrenado y aún en proceso de consolidación política, no puede darse el lujo de repetir los errores que hundieron a sus antecesores.
El discurso de “reconstrucción” puede sonar noble, pero la historia muestra que muchas veces fue la antesala del reparto de contratos entre amigos del poder. Veracruz ha sido, por décadas, un laboratorio de la corrupción en obra pública: carreteras que se terminan en papel, puentes inaugurados dos veces, caminos que se desmoronan al primer aguacero. La memoria del veracruzano no olvida los nombres de empresas fantasmas que cobraron millones sin mover una piedra.
Por eso, la sociedad civil y los medios deben mantener los ojos abiertos. Mucho ojo —como decía un viejo lema de campaña— con las empresas contratadas, con los prestanombres que aparecen de pronto como “emprendedores”, con los consorcios que cambian de razón social para borrar su pasado. No se trata de sospechar por deporte, sino de ejercer la vigilancia ciudadana que la democracia exige.
El Congreso local, por su parte, tiene la obligación moral y política de exigir rendición de cuentas desde el primer peso invertido. La Ley de Obras Públicas del Estado establece mecanismos de transparencia que rara vez se cumplen. No bastan los informes trimestrales: hacen falta auditorías independientes, padrones públicos de contratistas y supervisión social real. Y eso debería de aplicar a todas las dependencias. Si la gobernadora quiere demostrar que su administración es distinta, ese es el camino: no el del cemento, sino el de la confianza.
El desastre natural pasará. Las lluvias cesarán, los caminos se abrirán de nuevo. Pero si el dinero se desvía, si la reconstrucción se convierte en botín político, entonces el verdadero desastre será moral y duradero. Veracruz no necesita más carreteras con nombre de políticos, sino instituciones con nombre limpio.
Al final, la pregunta es simple pero crucial: ¿quién reconstruirá a Veracruz, si el dinero para reconstruirlo vuelve a perderse entre sombras? La respuesta dependerá de la vigilancia, la ética y la memoria colectiva. Porque solo un pueblo que no olvida puede impedir que lo vuelvan a inundar —no de agua, sino de corrupción.
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