MÉXICO.-Si la propuesta de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Ley de Amparo no se corrige, las y los ciudadanos serán los más perjudicados, mientras que las autoridades podrían ser las más beneficiadas, coinciden abogados y organizaciones.
Además, dentro de toda la gama de derechos que existen, los derechos individuales —que tienen que ver con la vida, la libertad, el patrimonio y la seguridad jurídica, entre otros— y los derechos colectivos, como los de los pueblos originarios, los grupos de la comunidad LGBTQ+ y a un medio ambiente sano, podrían ser lo más afectados.
En su proyecto de reforma, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso adiciones al término “interés legítimo” —una figura bajo la cual comunidades han detenido proyectos que arrasan con el medio ambiente—, limitaciones a la figura de la “suspensión” en materia de prisión preventiva oficiosa —que tiene que ver con frenar que una persona inocente vaya a la cárcel— o la justicia en línea —que no está pensada para que personas en comunidades rurales o indígenas, sin acceso a Internet o computadoras, puedan promover un amparo.
Por este motivo colegios y organizaciones, como la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, la Academia Mexicana de Ciencias Penales y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, han criticado la propuesta de reforma de la Ley de Amparo, solicitando a la presidenta Claudia Sheinbaum ser consultados sobre las modificaciones y poniéndose en disposición de colaborar.
El 15 de septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República un proyecto de reforma a la Ley de Amparo con el que principalmente busca limitar las suspensiones y acelerar los juicios de amparo, que son una especie de “escudo legal” que las y los ciudadanos tienen para defenderse de los actos de las autoridades que puedan violar sus derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la libertad y el patrimonio.
“Por eso si la ley de amparo no es suficientemente clara, si estas reformas y adiciones se aprueban, no van a generar una certeza. ¿Quién es el que sale perdiendo? Usted. ¿Quién sale ganando? Aunque esa no sea la intención, pues la autoridad”, señaló el exmagistrado Miguel Bonilla López, investigador de la Escuela Libre de Derecho.
Así lo dijo al participar en una sesión en la que se analizó la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, sobre todo en lo que tiene que ver con las modificaciones propuestas y sus efectos, convocada por la Comisión de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo de la Barra Mexicana de Abogados.
“No quiero decir con esto que haya una intención o propósito de beneficiar a la autoridad. Lo único que digo es que cuando se redacta mal una norma que tiene que ver con la Ley de Amparo, el perjudicado es el ciudadano y la ciudadana”, agregó.
Señaló que entre los principales problemas de la propuesta de reforma no solo está que no se vayan a permitir suspensiones en casos de prisión preventiva oficiosa —que tienen que ver con los derechos a la libertad y a la presunción de inocencia— o que éstas se vayan a conceder con efectos limitados, sino que además se contrapone con las jurisprudencias existentes que permiten que se conceda la medida para evitar la detención de la persona o incluso ordenar su libertad.
Ana María Kudisch, presidenta de la BMA, indicó que la reforma es regresiva y abre la puerta a que los ciudadanos estén en incertidumbre jurídica, pues “los jueces interpretarán de una manera, los abogados de otra y los justiciables quedarán sin saber qué derechos les asisten y cuáles no”.
“Además, los derechos que están involucrados no solo son de una persona que pide pensión alimenticia y que la persona que la otorga se ampara para no pagarla a sus hijos [sino también] cuando hay, por ejemplo, una situación ambiental, una situación colectiva y cuando hay una situación más compleja que los derechos humanos simples del día a día, es cuando va a estar más complicado para los justiciables”.
Ley de amparo también pondría en riesgo a los jueces
Durante la sesión, el exmagistrado Miguel Bonilla —que especificó que él renunció a su puesto en protesta a la reforma judicial— también señaló que la reforma pone en riesgo a los propios jueces de amparo que deberán aplicarla, pues por la forma en la que está redactada se pueden crear problemas para interpretar qué principios o criterios aplicar en temas como la prisión preventiva oficiosa, la concesión de suspensiones y las recusaciones.
“No hace falta ser un juez de los de antes, un juez de los de ahora, un juez como yo que renunció. Lo que estoy diciendo es que, desde mi punto de vista, la redacción de los artículos que se proponen en la iniciativa presentan serios problemas para su aplicación práctica en un futuro”, dijo.
Lo anterior, agregó, tomando en consideración las facultades que se otorgaron al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), lo que implica un riesgo para los juzgadores, tanto los de carrera judicial como los recién llegados por voto popular, de ser sometidos a procesos de investigación y sanción por el sentido de sus decisiones, por lo que tendrán que ser mucho más cautelosos al momento de interpretar la ley y aplicarla.
“Yo esperaría que eventualmente la Suprema Corte se ocupe de esos problemas y defina cómo la deberemos entender si es que se llega a aprobar. Siempre que lo define un tribunal de máximo nivel, de máxima jerarquía, se brinda seguridad política, porque estemos o no estemos de acuerdo, ya lo dijo esa autoridad máxima, pero para que eso ocurra, va a faltar tiempo”.
Según la iniciativa de reforma presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el amparo ha empezado a mostrar ciertas debilidades que se deben reparar, entre las que están retrasos excesivos, tácticas dilatorias, mal uso de la suspensión —que según la iniciativa a veces termina protegiendo actividades ilícitas— y procesos anticuados, dependiendo del papel en un mundo que ya es digital.
Días después de su presentación el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México expresó su preocupación al considerar que podría constituir un “retroceso histórico en el acceso a la justicia, el litigio estratégico y la defensa de los derechos humanos en el Estado mexicano”.
De acuerdo con el Colegio, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 y la incorporación abierta del concepto de “interés legítimo”, el juicio de amparo se consolidó como una herramienta ejemplar en manos de la ciudadanía para defenderse del actuar arbitrario de la autoridad.
“(Sin embargo), la iniciativa confunde de manera catastrófica la naturaleza del interés legítimo, el cual fue diseñado para permitir el acceso al amparo a quienes, por su especial situación frente al orden jurídico, resienten una afectación real que puede proyectarse hacia el futuro, pero que sigue siendo cierta, pretendiendo equiparar dicha naturaleza a la del interés jurídico”, señaló el Colegio mediante un comunicado.
Además, resaltó el debilitamiento a la figura de la suspensión al pretender eliminar su otorgamiento en casos de enorme relevancia para las y los ciudadanos argumentando un supuesto “interés social” para blindar al Estado frente a los derechos de las personas.
“Por ello, el Colegio rechaza de manera contundente esta iniciativa y formula un enérgico llamado al Congreso para frenar esta reforma regresiva, con el firme propósito de preservar al juicio de amparo como el medio de defensa más efectivo de la ciudadanía frente al poder y asegurar que siga cumpliendo su misión histórica de salvaguardar los derechos humanos y la democracia en México”.
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