El gobierno de Estados Unidos ha solicitado formalmente a México la revisión de las condiciones laborales en dos instalaciones distintas, sumando así dos nuevos procedimientos activados bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Las empresas señaladas son Mondelēz México y la operación marítima de Bernhard Schulte Shipmanagement México (BSM) y PMI Norteamérica (PMI NASA), ubicada en Campeche.

Estas dos denuncias elevan a 45 las veces que se ha invocado el MLRR, un mecanismo diseñado para asegurar el cumplimiento de los derechos laborales por parte de las empresas.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) informó sobre la solicitud de revisión para la planta de Mondelēz México en Puebla, dedicada a la producción de confitería y otros alimentos. “La acción se deriva de una petición presentada el 12 de noviembre por el sindicato independiente Unión General de México (UGM), dichas denuncias, consideradas por el Comité Laboral Interinstitucional para el Monitoreo y la Aplicación (ILC) como «pruebas suficientes y creíbles», señalan una posible denegación de los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva.

Las presuntas violaciones incluyen interferencia sindical, represalias contra trabajadores que buscan organizarse de manera independiente, amenazas, restricciones de acceso a la planta, reasignaciones discriminatorias, despidos y ceses laborales vinculados a la actividad sindical. Como parte del procedimiento, EE. UU. ordenó la suspensión de la liquidación de las entradas no liquidadas de mercancías provenientes de esta instalación.

Caso BSM y PMI Norteamérica (Campeche)

De manera paralela, EE. UU. solicitó una revisión bajo el MLRR en contra de una instalación hotelera flotante operada por Bernhard Schulte Shipmanagement México (BSM) y PMI Norteamérica (PMI NASA) en Campeche; esta solicitud surge de una denuncia presentada también el 12 de noviembre de 2025 por la Orden Mexicana de Profesionales Marítimos y Portuarios (ORDEN), otro sindicato independiente.

Este caso particular es relevante por involucrar al sector marítimo, un ámbito menos frecuente en las controversias laborales del T-MEC. Las acusaciones contra las empresas incluyen intervención en la actividad sindical, impedimento del estallamiento de una huelga, intimidación a trabajadores durante un desembarque forzoso y despido irregular de empleados en paro.

Para ambos casos, el gobierno mexicano cuenta con un plazo de 10 días para aceptar la revisión. En caso afirmativo, tendrá hasta 45 días para llevar a cabo la investigación y determinar si efectivamente se han vulnerado los derechos laborales protegidos por el T-MEC.

La resolución de estos procedimientos podría derivar en medidas comerciales adicionales si se confirman las violaciones y no se implementan acciones correctivas, y el caso de Campeche será observado de cerca por especialistas, ya que podría influir en futuros criterios de cumplimiento laboral dentro de la industria energética y de servicios marítimos.

Gabriel Tamariz, durante la sesión previa donde se discutió el Capítulo Laboral entre México, Estados Unidos y Canadá, aseguró que el gobierno mexicano ha cumplido consistentemente y a tiempo con las denuncias laborales presentadas bajo el Mecanismo de Respuesta Rápida Laboral (MLRR), y reafirmó el compromiso de continuar con esta postura.

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La nueva marcha de la Generación Z ya comenzó en la Ciudad de México este domingo 14 de diciembre, y durante horas hubo bloqueos en principales vialidades del Centro Histórico.

El C5 de la Ciudad de México informó que la marcha partió del Ángel de la Independencia cerca de las 11:25 horas de este domingo, con dirección a Hidalgo y Ángela Peralta y con cierres sobre el Paseo de la Reforma y Génova.

De manera pacífica, el contingente caminó tranquilamente por Reforma, con el objetivo de llegar al Zócalo. Por ahora, se descarta la presencia del bloque negro de la Generación Z.

“Marcha a favor de México. ¡Reúnanse! No más represión”, gritaba una persona desde un parlante mientras un grupo de personas se alistaba para salir al inicio de la manifestación.

“Carlos Manzo vive, la lucha sigue y sigue”, se escuchaba entre las consignas de los asistentes.

Tras marchar desde el Ángel de la Independencia, en la céntrica avenida Paseo de la Reforma, los manifestantes llegaron al Zócalo sin incidentes, a diferencia de la primera protesta del 15 de noviembre que terminó con disturbios frente al Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo.

Entre sus pancartas, se leían frases como: “Los jóvenes somos el presente. Muera el mal gobierno” y “Mr. Trump. Thanks a lot for kicking Morenas’ ass. (Trump, gracias por patearle el trasero a Morena -partido gobernante en México-)”.

Antes de arribar al Zócalo, los manifestantes hicieron una parada a la altura de Bellas Artes, donde leyeron un pronunciamiento colectivo.

“Estamos en contra de la falta de respuesta por parte de las autoridades para dar una solución contundente a la crisis que seguimos viviendo”, expuso uno de los voceros.

El joven agregó que los temas que más les “duelen” son la violencia persistente y la crisis de personas desaparecidas en el país, que ya supera los 130 mil casos.

Asimismo, reconoció que aunque esta marcha no convocó a tantas personas como hace un mes, “en redes sociales somos miles”.

La protesta de la ‘Generación Z’ en México no estuvo marcada por la edad, como ha ocurrido en otras partes del mundo, sino por el llamado a “no olvidar” a las víctimas de la violencia, un problema que persiste a pesar del cambio de gobierno que vivió México en 2018 con la llegada al poder del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), a quien sucede Claudia Sheinbaum.

Así fue la marcha de la Generación Z

La marcha de la Generación Z de este domingo no se caracterizó por tener la misma asistencia que las anteriores; sin embargo, esto fue parte de lo más relevante:

Generación Z llega al Zócalo

Luego de un paso discreto en el Centro Histórico, los cientos de manifestantes terminaron en el Zócalo de la Ciudad de México, donde tras una serie de reclamos y de gritar consignas, comenzaron a retirarse.

12:55: Manifestantes bloquean Eje Central

Entre Bellas Artes y la esquina de Madero, donde está la Torre Latinoamericana, manifestantes de la Generación Z bloquearon las calles para que escuchen sus consignas en contra del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Una vez que termine su paso en la zona, se integrarán a 5 de Mayo, con la finalidad de entrar al Zócalo de la Ciudad de México.

11:52: Manifestantes llegan a Juárez

Ni media hora después del inicio de la marcha de la Generación Z, antes apoyada por figuras de oposición, el contingente llegó a la Avenida Juárez, con la intención de llegar posteriormente a 5 de Mayo y desde ahí integrarse al Zócalo de la Ciudad de México.

La marcha es silenciosa, con el objetivo de que este sea su modo de protesta ante la inseguridad y violencia que se vive en el país.

Por el momento no se reportan hechos violentos ni afectaciones a comercios o al espacio público.

Calles cerradas por la marcha de la Generación Z

Toma en cuenta que a lo largo de la tarde de este domingo se mantendrán cerradas algunas calles cercanas al Centro Histórico mientras avanza la marcha de la Generación Z, que tiene como emblema la bandera del ánime One Piece.

Algunas de las calles cerradas este domingo son:

Paseo de la Reforma.

Génova.

Juárez.

Eje Central, al menos durante el paso de la marcha.

5 de mayo, hasta llegar al Zócalo.

Mantente atento a las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Orientación Vial para obtener información actualizada sobre la reapertura de calles.

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La Fiscalía General de la Republica precisó que la investigación penal contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) fue judicializada desde septiembre pasado, siendo fiscal Alejandro Gertz Manero.

«Sobre la información que trascendió sobre una investigación en contra de la presidenta de una asociación civil, la FGR, precisó que el Ministerio Público Federal (MPF) analiza detalladamente la indagatoria, a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho, una vez que fue judicializada en el mes de septiembre y no recientemente, como algunas versiones lo han señalado erróneamente.

La FGR trabaja para realizar investigaciones en el marco de la ley, sin sesgos de ningún otro tipo que no sea el marco jurídico, con la finalidad de respetar los derechos de todas las personas.

Es absolutamente falso que esta institución trabaje por consigna, como dolosamente se ha señalado en algunas publicaciones en redes sociales».

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La Fiscalía General de la República (FGR) intentará imputar a María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por uso ilícito de atribuciones y facultades por recibir la pensión vitalicia que Petróleos Mexicanos (Pemex) le otorgó por la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla.

El pasado 13 de mayo de 2024, la FGR dio a conocer que la carpeta de investigación fue iniciada desde el 5 de abril del mismo año luego de que Petróleos Mexicanos denunció a María Amparo Casar y sus hijos por considerar que la pensión post-mortem que consiguieron fue ilícita.

Está citada para el próximo 16 de diciembre en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente para comparecer en una audiencia inicial ante la jueza Diana Selene Medina Hernández.

La FGR judicializó la carpeta de investigación que inició contra la presidenta de María Amparo Casar, en la que afirma que cometió dicho delito al obtener una pensión vitalicia otorgada por Pemex luego de que su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, se suicidó el 7 de octubre de 2004.

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María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco, Estado de México (Edomex) fue declarada culpable del delito de homicidio calificado por la muerte de M.A.L.C., síndico municipal, y su chofer G.J.R., ocurrida el 25 de enero de 2023, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

De acuerdo con la investigación, las víctimas fueron enviadas a una zona de alto riesgo controlada por grupos delincuenciales, como parte de sus funciones dentro del gobierno municipal, y nunca regresaron con vida.

La Fiscalía determinó que María Elena Martínez Robles dio instrucciones directas a integrantes de un grupo criminal con origen en Michoacán para asesinar al síndico, con el objetivo de mantener el control de las decisiones internas de la administración municipal.

Martínez Robles fue detenida como resultado del Operativo Enjambre, coordinado por la Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad estatal.

Con las pruebas recabadas por la Fiscalía, la Autoridad Judicial determinó su culpabilidad en el homicidio calificado y programó para el próximo martes la audiencia de individualización de sanciones, en la que se definirá la pena que enfrentará.

El Operativo Enjambre es un esfuerzo conjunto entre los gobiernos federal y estatal, que ha logrado hasta ahora la condena de 10 de los 16 objetivos detenidos, fortaleciendo la estrategia de combate a la violencia y corrupción en la región.

La dependencia destacó que este caso refleja la importancia de las investigaciones coordinadas para garantizar justicia en delitos cometidos por servidores públicos y grupos criminales, y reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de las víctimas.

A finales de noviembre, se obtuvo fallo condenatorio por el delito de extorsión contra Eulises González Hernández, excomisario de Seguridad Pública de Acambay, quien también es investigado por el delito de desaparición forzada.

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La Secretaría de Salud rechazó que exista riesgo de desabasto de medicamentos e insumos médicos para el próximo año. Lo anterior, ante los reportes de que la empresa pública Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) solamente logró adquirir la mitad de claves que se propuso para la compra consolidada 2025-2026.

Mediante un comunicado, la dependencia aclaró que el proceso de adquisición al que hicieron referencia diversos medios de comunicación corresponde a la compra de cantidades adicionales de medicamentos específicos, como parte de un plan para reforzar el abasto en la segunda mitad de 2025.

La Secretaría de Salud aclara que el procedimiento mencionado no sustituye ni pone en riesgo el abasto actual, sino que corresponde a una compra complementaria y preventiva.

Contratos garantizan abasto para lo que resta de 2025 y el próximo año

La institución agregó que hay contratos vigentes por 4 mil 652 millones de piezas de 3 mil 140 tipos de medicamentos, con lo cual está garantizado el suministro para los días restantes del año y el 2026.

“Gracias a los contratos vigentes, el sistema de salud mantiene un abasto superior al 96%, por lo que este proceso no implica ni anticipa un desabasto”, informó.

Del mismo modo, precisó que no se tiene previsto ningún cambio en la distribución, sino que se llevará a cabo de forma regular.

Secretaría de Salud lista para reforzar distribución de medicamentos en 2026

La dependencia indicó que se integrará un volumen de medicamentos equivalentes al 4% de los ya adquiridos. Se trata de 223 millones de piezas adicionales, con las que se busca reforzar el abasto en 2026.

Respecto al proceso de adquisición de este lote adicional, la Secretaría de Salud detalló que en la primera fase adjudicó el 64.2% de las piezas previstas, un resultado que aseguró es habitual en compras de gran magnitud. Del mismo modo, aclaró que no hay un retraso en el proceso, sino que hay tiempo suficiente para completar el proceso en las rondas adicionales.

Actualmente, la institución está en proceso de negociación con los proveedores que hicieron ofertas con precios por encima del límite establecido. Además, está sustituyendo las ofertas realizadas con documentación incompleta.

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EMEEQUIS.– Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, uno de los 61 funcionarios acusados de participar en una trama para desviar millones de pesos destinados a los penales federales del país, fue detenido por autoridades federales.

En la trama también están implicados Genaro García Luna y Víctor Manuel Álvarez Puga, el primero purgando condena por narcotráfico en Estados Unidos, y el segundo detenido por motivos migratorios en el mismo país y en espera de ser extraditado a México.

Pérez Rodríguez está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Se le dictó prisión preventiva oficiosa y su siguiente audiencia se realizará el 16 de diciembre de 2025. Su detención ocurrió a las 08:02 horas del 11 de diciembre, sin que la ficha del Registro Nacional de Detenciones señale la autoridad responsable ni el lugar del arresto.

Jesús Gabriel Pérez Rodríguez fue un exfuncionario público durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, específicamente exdirector general de Desarrollo Tecnológico en el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), dependiente de la Secretaría de Gobernación.

En relación con el desfalco atribuido a Víctor Manuel Álvarez Puga (esposo de Inés Gómez Mont), quien es acusado de liderar una red de empresas fantasma que desviaron aproximadamente 2,950 millones de pesos públicos mediante contratos simulados para servicios de seguridad en penales federales (en 2016-2017), Pérez Rodríguez aparece como uno de los implicados.

En septiembre de 2021, un juez federal giró órdenes de aprehensión contra 10 exfuncionarios del OADPRS, incluyendo a Pérez Rodríguez, por su presunta participación en la triangulación de recursos hacia empresas vinculadas a Álvarez Puga.

Los delitos investigados incluyen desvío de recursos públicos, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), delincuencia organizada y peculado.

Estas órdenes se emitieron en el contexto de la misma investigación que llevó a órdenes de captura contra Álvarez Puga, su hermano Alejandro y Gómez Mont (causa penal relacionada con 314/2021 y otras vinculadas). Pérez Rodríguez es señalado por facilitar o participar en la adjudicación de contratos irregulares que permitieron el desfalco.

El 22 de mayo de 2023 la Fiscalía General de la República (FGR) dijo que un juez había concedido órdenes de aprehensión contra García Luna y 60 aliados más, entre ellos, Pérez Rodríguez.

Entre los nombres destacan Alexis “N” y Mauricio Samuel “N”; las 61 personas son señaladas de haber participado en el saqueo de recursos públicos de las cárceles federales, dependientes de la Secretaría de Seguridad.

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