Un juez de la Ciudad de México concedió un amparo a la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) para que se le haga entrega de las versiones públicas de los contratos celebrados en 2018 y 2019 con Comercializadora Antsua S.A. de C.V., relacionados con Pegasus, el software de espionaje ilegal utilizado para espiar a defensores de derechos humanos y periodistas en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
El amparo fue interpuesto debido a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lleva más de un año negándose a entregar dichos documentos pese a una resolución definitiva del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“Este precedente demuestra la importancia de instituciones como el INAI y el Poder Judicial Federal. Aunque siempre perfectibles, permiten a la ciudadanía combatir el ejercicio autoritario del poder público, como es el espionaje ilegal perpetrado por las fuerzas armadas, el hostigamiento gubernamental hacia las víctimas y el encubrimiento y obstrucción de la justicia”, dio a conocer R3D mediante un comunicado.
La organización denunció que tanto la Sedena como el gobierno de López Obrador han pretendido mantener en la impunidad la corrupción y el espionaje ilegal con Pegasus.
“Desde R3D deseamos que el desacato militar a las resoluciones definitivas del INAI no se extienda a las resoluciones judiciales, lo cual reiteraría el peligro que representa la militarización de la vida pública para el gobierno civil y la democracia en México”.
R3D también hizo un llamado para que los intentos de reforma administrativa y judicial que han sido anunciados no sean utilizados como instrumento para garantizar la impunidad, la opacidad y el autoritarismo.
“Esperamos que, a través del diálogo y con base en evidencia, se fortalezcan las herramientas que permiten a la ciudadanía fiscalizar y resistir el abuso del poder; especialmente, de las instituciones de seguridad e inteligencia que vulneran sistemáticamente ─como ha sido plenamente demostrado─ los derechos de la ciudadanía con total impunidad”.
Pegasus fue desarrollado por la empresa israelí NSO Group y ha sido operado por el Centro Militar de Inteligencia (CMI) durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, e incluso funcionarios públicos.
Aunque Sedena ha intentado negar el espionaje, en la investigación Ejército Espía se ha podido documentar tanto la existencia del CIM como el uso del software en contra de los ciudadanos.
Hasta el momento, Sedena no ha entregado la información ni siquiera a la Fiscalía General de la República (FGR) que se la requirió como parte de la investigación judicial iniciada en 2017; e incluso está en desacato ante la resolución del INAI que le obligó a entregar información que fue solicitada vía transparencia desde abril de 2023.
La negativa de la dependencia encabezada por Luis Cresencio Sandoval ha pasado por encima del compromiso público que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho durante sus conferencias matutinas en las que instruyó la entrega.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Citizen Lab, Artículo 19, R3D, Social TIC publicaron la investigación Gobierno Espía, que daba cuenta del espionaje cometido en contra de periodistas, activistas contra la corrupción y defensores de derechos humanos, utilizando el software Pegasus.
A partir de la investigación, las organizaciones interpusieron una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República. Como parte de la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017, la autoridad ministerial requirió a la Sedena información sobre contratos con diversas empresas de la red KBH, que comercializó Pegasus durante el sexenio de Peña Nieto.
Aunque sí entregó un listado, en él no incluyó ningún contrato con Comercializadora Antsua o Air Cap, parte de la red de compañías autorizadas para vender el software de espionaje.
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