Veracruz.-Prisión de 1 a 6 años y multa de 32 mil 571 a 54 mil 285 pesos es la sanción que se impondrá, a partir de este jueves, a quien o quienes alteren el ciclo hidrológico en perjuicio de la seguridad agroalimentaria, usando tecnologías sin contar con los permisos, licencias o autorizaciones correspondientes o sin aplicar las medidas de previsión o de seguridad adecuadas.
Hoy entró en vigor una serie de reformas y adiciones a diversas disposiciones de las Leyes de Mitigación y Adaptación Ante los Efectos del Cambio Climático, y a la de Protección Ambiental; así como al Código Penal de Veracruz.
Se pretende que el uso de estas tecnologías no sea en perjuicio de la seguridad agroalimentaria, ya que se busca evitar daños al medio ambiente y a los ciclos hidrológicos que ponen en riesgo la producción del campo.
El espíritu de las reformas es garantizar la seguridad agroalimentaria que se ve amenazada por ciertas conductas, como el uso de tecnologías sin permiso o sin medidas de seguridad que alteran el ciclo hidrológico, práctica que cada día se hace más recurrente práctica sin que se advierta el daño que se genera.
Las reformas y adiciones señalan que en materia de seguridad agroalimentaria se impulsará la investigación de posibles escenarios climáticos, para ubicar cultivos prioritarios o señalar la oportunidad de cambio de cultivos o del método para beneficiarlos, privilegiando el rescate de cultivo de temporal y medio ambiente idóneo.
Lo anterior está vinculado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que integran la Agenda 2030, concretamente con el objetivo de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Si bien es cierto que se ha buscado la implementación de la tecnología en la agricultura con la finalidad de mejorar la calidad de los productos, también se ha visto invadida por la tecnología agroindustrial.
Esa tecnología no sólo ha expropiado, con fines comerciales, los suelos y las plantas, sino también los cielos, el agua subterránea, plantas y animales. Ejemplo de ellos son los llamados cañones antigranizo, que son usados para evitar que estos se precipiten sobre los almacenes de vehículos en su mayoría. Por todo ello fue necesario hacer una revisión de la legislación con el fin de poder responder a los retos para la mitigación del cambio climático y conservar el medio ambiente.
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